El médico oncólogo Álvaro Pérez Pérez rechazó la versión emitida por las autoridades de la Isla de la Juventud respecto a una multa de 4.000 pesos impuesta durante una venta de garaje, un hecho que ha generado una profunda ola de solidaridad dentro y fuera de Cuba. El especialista aseguró que el régimen de La Habana omitió detalles clave de los acontecimientos y actuó de forma coercitiva frente a su intento de subsistir en medio de la profunda crisis económica que atraviesa la isla.
En una transmisión realizada a través de redes sociales, el galeno refutó el comunicado de la Dirección Estatal de Comercio, el cual aseguraba que la sanción había recaído sobre el propietario del inmueble y no sobre él. Pérez detalló que la actividad se realizó en el portal de la casa de un familiar y denunció que ningún funcionario se acercó para escuchar su versión antes de publicar la nota oficial. Además, reveló que la firma de su pareja en el acta de infracción fue obtenida bajo coacción, calificándola no como un acto de conformidad, sino como el resultado de una amenaza directa por parte de los inspectores.
La sanción original surgió por la venta de libretas escolares y ropa usada, artículos que el gobierno cubano argumenta tienen su comercialización restringida. Sin embargo, el médico exhibió evidencia fotográfica que demuestra cómo el propio Estado ofrece estos mismos productos a precios considerablemente más altos. Pérez también cuestionó la actuación de los inspectores, a quienes acusó de desconocer la normativa aplicable en el momento del incidente y de modificar los argumentos para justificar la multa, pasando de hablar de supuestos \»precios especulativos\» a otras disposiciones legales.
El colapso salarial y el control institucional
El caso del oncólogo expone la dramática situación de los profesionales en la isla, forzados a buscar alternativas de subsistencia ante el nulo poder adquisitivo de sus salarios. Pérez lamentó que los médicos tengan que vender bienes donados por sus propios pacientes para poder acceder a alimentos básicos, como una cabeza de ajo. La dictadura cubana, lejos de abordar la crisis estructural que genera inflación, desabastecimiento y empobrecimiento generalizado, opta por penalizar la iniciativa ciudadana y maquillar los hechos a través de sus medios de prensa afines para evitar el descontento social.
Finalmente, el especialista desmintió la cifra de 100.000 pesos que las autoridades reportaron como monto de las donaciones solidarias recibidas tras hacerse pública su situación, asegurando que la recaudación real fue notablemente superior. Reveló que la única institución que contactó con él fue la Dirección Municipal de Salud Pública, solicitándole una declaración para acallar la controversia, petición que rechazó para evitar validar la narrativa estatal. Este incidente evidencia no solo el abismo entre la realidad cotidiana y la propaganda oficial, sino también la creciente capacidad de la sociedad civil cubana para organizarse y respaldar a quienes sufren la arbitrariedad del poder.
