El Consejo de Estado, máximo órgano de poder en la isla, ha aprobado cuatro decretos-leyes que modifican la operatividad de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), las cooperativas no agropecuarias, el trabajo por cuenta propia y las importaciones no comerciales. Las medidas, presentadas como una \»flexibilización\», forman parte del cronograma de 138 normas jurídicas diseñadas por el gobierno cubano para instrumentar las 176 transformaciones económicas anunciadas a mediados de año, en un intento tardío por maquillar una economía en colapso y sin control democrático.
La sesión ordinaria del Consejo de Estado, encabezada por su presidente, Esteban Lazo Hernández, y con la participación del mandatario Miguel Díaz-Canel, dio luz verde a un paquete normativo que, según la retórica oficial, busca \»eliminar restricciones, favorecer el desarrollo y diversidad del sistema empresarial del país\». Sin embargo, el anuncio carece de los detalles jurídicos y económicos necesarios para evaluar su impacto real, una práctica habitual de las autoridades de la isla que suelen generar expectativas sin precisar los mecanismos de implementación.
El primer decreto-ley modifica las normativas sobre mipymes, cooperativas no agropecuarias y el trabajo por cuenta propia. Presentado por Lázara Mercedes López-Acea, presidenta del Instituto Nacional de Actores Económicos no Estatales, el texto propone cambios en la aprobación, clasificación y autonomía de estos actores. Aunque el comunicado oficial no detalla el alcance concreto, el documento de las \»176 Transformaciones Económicas y Sociales\» permite inferir las medidas: autorización de empresas pendientes, reducción de trámites burocráticos, permiso para contratar a más de 100 trabajadores y la posibilidad de que una persona natural sea titular o accionista de múltiples empresas.
El régimen de La Habana también contempla, dentro de este marco, permitir a los actores no estatales depositar divisas en efectivo en cuentas bancarias, siempre que declaren el origen lícito de los fondos, y concede derechos de usufructo para inversiones. No obstante, la experiencia reciente demuestra que la banca cubana sufre de una severa falta de liquidez, lo que ha impedido a los empresarios privados retirar sus propios fondos en efectivo. La brecha entre la teoría legal y la práctica cotidiana sigue siendo el mayor obstáculo para el desarrollo del sector privado en Cuba.
Importaciones y el control de la divisa
El segundo decreto aprobado modifica el Decreto-Ley 22 sobre el Arancel de Aduanas. La medida autoriza a las personas naturales a importar mercancías con carácter comercial utilizando la vía aduanera no comercial, es decir, como pasajeros o mediante envíos, pero con el cobro de aranceles y servicios en divisas. Esta disposición, que ya figuraba como el punto 158 del programa económico del ejecutivo cubano, busca formalizar una actividad que hasta ahora operaba en la ilegalidad o en un limbo jurídico, conocida popularmente como \»mulas\».
El anuncio no precisa cuáles serán los límites aplicables, las tarifas arancelarias, los productos admitidos ni los procedimientos que deberá seguir la Aduana. Esta opacidad genera desconfianza en un sector que ha sido históricamente criminalizado. Lo que el gobierno cubano realmente persigue con esta medida es captar una porción de la moneda extranjera que fluye hacia la isla a través del mercado informal y las remesas, en un momento en que las reservas internacionales del país están mermadas y el peso cubano sufre una devaluación acelerada frente al dólar.
Seguros obligatorios y licitaciones estatales
En el ámbito de la circulación vial, el Consejo de Estado aprobó el decreto-ley \»Del seguro obligatorio de responsabilidad civil para vehículos de transporte terrestre de motor\», presentado por el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale. La norma unifica los regímenes de responsabilidad civil y obliga a todo titular de un vehículo, ya sea persona natural o jurídica, cubana o extranjera, a suscribir un contrato de seguro para circular por las vías públicas y férreas del país. Hasta el momento, no se han divulgado las coberturas mínimas, las primas, ni las entidades que ofrecerán el servicio, lo que deja en el aire el impacto financiero que esto tendrá sobre una ciudadanía con salarios deprimidos.
El cuarto decreto-ley, presentado por el ministro de Economía y Planificación, Joaquín Alonso Vázquez, regula las licitaciones para el empleo de recursos estatales. La norma establece la licitación como método general para seleccionar contrapartes en la contratación de bienes, servicios y obras, alcanzando tanto a actores estatales como no estatales. El plan oficial contempla licitar a empresas privadas y cooperativas la gestión de parques recreativos, zoológicos, acuarios y unidades de alojamiento, así como crear una plataforma digital con inteligencia artificial para las compras públicas. Sin embargo, la falta de transparencia histórica en los procesos de contratación del Estado cubano pone en duda la equidad real de estos supuestos mecanismos abiertos.
Contexto: Parches legales ante una crisis sistémica
Estas normativas no son más que instrumentos jurídicos de un paquete más amplio de 176 medidas que el régimen intenta implementar para lidiar con una crisis estructural sin precedentes. A finales de julio, el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, informó ante la Asamblea Nacional sobre un cronograma de 138 normas jurídicas que el gobierno pretendía concluir entre agosto y septiembre. La rapidez en la aprobación de estos decretos-leyes evidencia la urgencia del poder por mostrar gestión ante una población cansada de las promesas incumplidas, la hiperinflación, el desabastecimiento crónico de alimentos y medicinas, y el colapso total del sistema electroenergético.
El contexto en el que se aprueban estas \»flexibilizaciones\» es el de una dictadura que durante más de seis décadas mantuvo un control absoluto sobre la economía, asfixiando cualquier intento de prosperidad individual. La emergencia de las mipymes en 2021 no fue una concesión ideológica, sino una necesidad de supervivencia del régimen tras el fracaso del modelo centralizado. Hoy, el sector privado genera la mayor parte del empleo y mueve gran parte de la economía real, pero opera con las manos atadas por la imposibilidad de importar a gran escala, la falta de acceso a crédito y un sistema bancario en quiebra técnica.
Además, estas medidas económicas ocurren en un escenario de creciente represión social y persecución política. Mientras el gobierno cubano anuncia tímidas aperturas económicas, la maquinaria estatal continúa hostigando, deteniendo y silenciando a cualquier voz crítica que exija libertades democráticas reales. La desconexión entre las reformas económicas y la falta de libertades civiles y políticas es la principal garantía de que estos parches legales no resolverán la crisis de fondo. La ciudadanía sigue enfrentando un sistema donde la propiedad y la iniciativa privada son toleradas solo en la medida en que sirvan para inyectar divisas al Estado, pero sin derechos políticos que las protejan de la arbitrariedad.
Implicaciones a futuro
La implementación de estos cuatro decretos-leyes dependerá en gran medida de la capacidad burocrática del Estado cubano para aplicarlos sin la tradicional camisa de fuerza ideológica. Si las autoridades de la isla no logran dotar de verdadera autonomía al sector privado y continúan monopolizando el comercio exterior, las mipymes seguirán limitadas a operar como intermediarias de productos importados de forma informal, perpetuando la inflación y la escasez.
Para la ciudadanía, la aprobación de estas normas representa, en el mejor de los casos, un ligero alivio burocrático y, en el peor, una nueva carga impositiva, como podría ser el caso del seguro obligatorio para vehículos. La comunidad internacional y los observadores económicos mantendrán la mirada sobre La Habana para evaluar si estas medidas se traducen en mejoras tangibles para la población o si, por el contrario, serán absorbidas por la ineficiencia del sistema. Lo que queda claro es que, sin un desmontaje real del modelo totalitario y una apertura democrática, cualquier reforma económica en Cuba está condenada a ser un maquillaje temporal sobre una estructura profundamente fracturada.
