oficial registra 49 víctimas de violencia feminicida en Cuba, pero omite identidades y sentencias
El Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género (OCIG) informó que 49 mujeres fueron víctimas de asesinatos por razones de género en procesos judiciales juzgados durante 2025, una cifra que, sin embargo, carece de transparencia al omitir nombres, fechas y condenas, en medio de una crisis estructural que agrava la violencia y la indefensión en la isla.
El régimen de La Habana presentó la estadística con una tasa de 1,19 por cada 100.000 mujeres, destacando un aparente descenso respecto a los 60 casos de 2023 y los 76 de 2024. No obstante, la metodología oficial clasifica los casos por la fecha en que se sustanciaron los procesos judiciales y no por el momento en que se cometieron los crímenes, lo que imposibilita conocer la incidencia real de los feminicidios durante el año calendario.
La opacidad del informe es manifiesta. La base de datos del OCIG contabiliza el número de víctimas, pero no detalla cuántos juicios se celebraron. Tampoco publica los nombres de las mujeres asesinadas, las circunstancias de los hechos, las identidades de los agresores, los números de expediente, los fallos judiciales, las sanciones impuestas ni si estas sentencias adquirieron firmeza. Esta falta de información detallada impide el escrutinio público y la rendición de cuentas en un sistema judicial controlado por la dictadura cubana.
Según el desglose geográfico, La Habana concentró 12 víctimas, seguida por Mayabeque, Camagüey y Holguín con seis cada una, y Santiago de Cuba con cinco. El registro oficial arroja cero casos en provincias como Matanzas, Villa Clara, Cienfuegos, Sancti Spíritus, Guantánamo y el municipio especial Isla de la Juventud, un dato que expertos y activistas atribuyen a la ineficiencia en el procesamiento legal más que a la ausencia de crímenes en esos territorios.
El perfil sociodemográfico de las víctimas revela patrones alarmantes. El 46,9% fue asesinada por una expareja y el 89,7% de los crímenes ocurrió en el hogar. Un 75,5% de las mujeres no tenía vínculo laboral, y 38 de las 49 víctimas tenían entre 20 y 44 años. Además, 32 de ellas eran madres de menores de edad, dejando a 54 niños y adolescentes sin el cuidado de sus madres. Aunque hubo más víctimas en zonas urbanas (33 frente a 16 rurales), la tasa fue superior en el campo, con 1,65 por cada 100.000 mujeres.
En la categoría específica de asesinatos a manos de parejas o exparejas, el OCIG identificó 39 mujeres, con una tasa de 0,94 por cada 100.000. De este subtotal, el 59% fue víctima de una expareja y el 41% de su pareja actual. Al igual que en el panorama general, 28 de estas mujeres eran madres, dejando a 49 menores en situación de orfandad. La tasa en zonas rurales nuevamente superó a la urbana, con 1,34 casos por cada 100.000 mujeres.
El informe también abordó la violencia sexual, registrando 173 casos de mujeres mayores de 15 años procesados durante 2025, lo que equivale a una tasa de 4,19 por cada 100.000. De estos, 90 correspondieron a agresión sexual y 83 a otros tipos de violencia sexual. Las adolescentes entre 15 y 17 años presentaron la tasa más alarmante, con 31,52 casos por cada 100.000 mujeres de ese grupo etario, reflejando la vulnerabilidad extrema de las jóvenes en la isla.
El contraste con la sociedad civil y el subregistro estatal
Las estadísticas del gobierno cubano contrastan fuertemente con los registros de organizaciones feministas independientes, que operan bajo el acoso constante de los órganos de seguridad del Estado. El Observatorio de Género de la revista Alas Tensas (OGAT) verificó 48 feminicidios ocurridos en 2025, clasificados por la fecha del crimen y no del juicio. El OGAT advierte que se trata de un subregistro debido a las restricciones impuestas por la dictadura para acceder a expedientes policiales, judiciales y forenses.
El OGAT y el recientemente desmantelado observatorio de la plataforma feminista YoSíTeCreo en Cuba documentaron 315 feminicidios entre 2019 y 2025, con una curva ascendente que alcanzó su pico en 2023 con 90 casos. Hasta julio de 2026, el acumulado ascendía a 359, con 44 casos registrados en los primeros siete meses de este año. Estas cifras evidencian un problema sistémico que las autoridades de la isla se empeñan en minimizar mediante el manejo opaco de los datos judiciales.
El marco legal vigente refleja la reticencia del poder a reconocer la gravedad del problema. El Código Penal cubano no contiene los términos \»feminicidio\» ni \»femicidio\» como figura delictiva autónoma. Aunque el artículo 345.2 prevé penas de 20 a 30 años, prisión perpetua o muerte para quien \»dé muerte a una mujer como consecuencia de la violencia de género\», la ausencia terminológica limita la elaboración de políticas públicas específicas y niega el reconocimiento institucional del fenómeno.
Esta política de invisibilización fue ratificada en marzo de 2024 por Miguel Díaz-Canel, quien rechazó públicamente el uso del término feminicidio, tachándolo de \»construcción mediática\» impulsada por \»plataformas subversivas\». En su intervención, aseguró que los tribunales sancionaron a 61 autores en 2023, pero nuevamente omitió cualquier relación nominal de víctimas o causas, consolidando un muro de impunidad y censura informativa.
Contexto sistémico: Violencia de género en medio del colapso nacional
La violencia de género en Cuba no puede desvincularse del profundo colapso estructural que atraviesa el país. La crisis económica, la inflación galopante, el desabastecimiento crónico y los apagones prolongados exacerban las tensiones en los hogares, creando entornos de alta conflictividad. A esto se suma el exilio masivo, que ha alterado las dinámicas familiares y dejado a muchas mujeres al frente de núcleos familiares sin redes de apoyo, así como el desempleo que afecta a la mayoría de la población, como refleja el hecho de que el 75,5% de las víctimas oficiales no tenía vínculo laboral formal.
La Federación de Mujeres Cubanas (FMC), entidad responsable junto a la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) de la elaboración de estos informes, opera más como un apéndice del aparato estatal que como un defensor real de los derechos de la mujer. Su inacción ante la creciente ola de violencia contrasta con la labor de las organizaciones independientes, cuyas integrantes enfrentan detenciones, acoso y criminalización por parte del régimen de La Habana.
La publicación de cifras sin rostro ni contexto por parte del OCIG no responde a una verdadera voluntad de justicia, sino a un intento de control narrativo frente a la presión internacional y la denuncia de la sociedad civil. Mientras el ejecutivo cubano mantenga el monopolio de la información judicial y reprima a las activistas que buscan la verdad, las mujeres cubanas seguirán enfrentando la violencia de género en un entorno de absoluta indefensión, agravado por la precariedad material y la ausencia de un estado de derecho que proteja a las víctimas antes de que sea demasiado tarde.
