El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación formal contra Raúl Castro y otros cinco exmandos militares por el derribo de dos avionetas civiles de la organización Hermanos al Rescate en 1996, un ataque en aguas internacionales que costó la vida a cuatro cubanoamericanos. El pliego, presentado ante un tribunal federal de Florida, señala directamente a la cúpula del régimen de La Habana por conspiración para asesinar y destruir aeronaves, evidenciando la política de violencia estatal contra el exilio.
El documento judicial, presentado en abril ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida y hecho público recientemente, imputa a Raúl Castro Ruz, junto a Lorenzo Alberto Pérez-Pérez, Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas y Luis Raúl González-Pardo Rodríguez. Se les acusa de conspirar para matar a nacionales estadounidenses utilizando información recabada por la red de espías cubanos en Miami, conocida como Red Avispa. La Fiscalía sostiene que el objetivo de la dictadura cubana era aterrorizar e intimidar a la comunidad en el exilio y tomar represalias contra la organización disidente.
Según el escrito acusatorio, tras los vuelos de enero de 1996 en los que se lanzaron proclamas prodemocráticas sobre territorio cubano, el entonces ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) autorizó el uso de fuerza letal. La inteligencia cubana diseñó la denominada Operación Escorpión para interceptar las aeronaves civiles de baja altitud. La acusación establece que todas las órdenes de eliminar a los pilotos seguían una estricta cadena de mando que culminaba en el MINFAR, con Fidel y Raúl Castro como decisores finales, lo que desmantela cualquier intento del ejecutivo cubano de presentar el incidente como una acción aislada o defensiva de sus subalternos.
El ataque y la prueba de audio
La acusación reconstruye la tarde del 24 de febrero de 1996, cuando tres avionetas desarmadas despegaron de Opa-locka, en Florida. Sobre aguas internacionales, pilotos de la Fuerza Aérea cubana solicitaron y recibieron autorización para disparar misiles aire-aire, derribando dos de las naves y asesinando a Carlos Costa, Pablo Morales, Mario de la Peña y Armando Alejandre Jr. El caso se fortalece con una grabación de 11 minutos atribuida a Raúl Castro, en la que se le escucha dar instrucciones explícitas: \»Túmbenlos en el mar cuando se aparezcan; y no consulten los que tienen las facultades\», evidenciando la premeditación y el control directo de la dictadura sobre el ataque letal.
Este encausamiento no solo busca justicia para las víctimas de hace tres décadas, sino que arroja luz sobre el modus operandi de las autoridades de la isla frente a la disidencia. La represión letal en el exterior es una extensión de la política interna de silenciamiento y persecución política que ha sostenido al régimen durante más de seis décadas. En un contexto donde Cuba atraviesa una profunda crisis estructural, un éxodo migratorio histórico y un aumento de la represión interna contra opositores y periodistas, este señalamiento internacional reafirma la impunidad con la que el gobierno cubano ha operado y las consecuencias jurídicas que persisten para los responsables de graves violaciones a los derechos humanos.
