La Empresa Eléctrica de Santiago de Cuba ha implementado un severo plan de rotación que garantiza únicamente dos horas de servicio al día para los clientes residenciales, sin posibilidad de anunciar un cronograma fijo. La medida, que evidencia el colapso del sistema energético en la provincia oriental, se agrava por el robo sistemático de aceite dieléctrico en transformadores, una práctica desesperada que ha dejado 37 barrios completamente a oscuras y ha desencadenado una crisis sanitaria y social de proporciones inéditas.
La directora en funciones de la Empresa Eléctrica en Santiago de Cuba, Yaritza Nieves de Armas, reconoció ante medios de prensa locales la incapacidad del sistema para mantener un suministro estable. Durante una reciente jornada, la demanda en la provincia alcanzó los 234 megavatios (MW) en el pico nocturno y 219 MW en el diurno. Sin embargo, el déficit fue abrumador: 204 MW de afectación en la noche y 159 MW durante el día. De este estrecho margen surge el mínimo de dos horas de electricidad que la entidad intenta distribuir, un esquema rotativo que la funcionaria admitió no poder programar con antelación debido a la inestabilidad crónica de la generación nacional.
El reparto de la escasa energía disponible tampoco es equitativo. Las autoridades de la isla han priorizado ciertos circuitos vinculados a Aguas Santiago y Recursos Hidráulicos para mantener operativos los rebombeos de agua, fundamentales para el abasto de la ciudad. Mientras algunos de estos circuitos disfrutan de hasta 24 horas de corriente, o entre 11 y 20 horas de servicio, la población residencial común debe conformarse con ventanas de energía de apenas 120 minutos. Esta disparidad subraya la incapacidad del régimen de La Habana para garantizar servicios básicos simultáneamente, obligando a la ciudadanía a depender de la suerte para tener luz o acceso al agua potable.
Colapso infraestructural y desesperación ciudadana
A la falta de generación se suma el acelerado deterioro de la red eléctrica, exacerbado por el robo de aceite dieléctrico de los transformadores. Nieves de Armas detalló que, al momento de sus declaraciones, 37 barrios permanecían sin servicio por esta causa. La recuperación de estos equipos es sumamente lenta, ya que el aceite restante tras los hurtos suele estar contaminado, impidiendo la reoperación inmediata de los transformadores. La empresa ha pedido a los vecinos que vigilen los equipos y alerten ante cualquier manipulación, admitiendo a la vez los límites de la vigilancia institucional: «Es muy complejo custodiar un transformador», reconoció la directiva.
Ofrecen detalles sobre condiciones actuales de sostenibilidad del servicio eléctrico en Santiago
La profunda crisis económica ha llevado a ciudadanos a arriesgar sus vidas para extraer el aceite, que en el mercado ilegal llega a pagarse hasta 600 pesos el litro, utilizado para mezclarlo con el combustible de vehículos y maquinaria agrícola. Esta práctica ha tenido consecuencias fatales. El pasado 11 de abril, un hombre perdió la vida y su hermano sufrió graves quemaduras al intentar sustraer aceite de un banco de transformadores en Songo La Maya; la explosión resultante dañó además una línea de 33 kilovoltios y dejó sin electricidad a zonas de ese municipio y de Segundo Frente.
Los incidentes se multiplican en toda la geografía oriental. La sustracción de unos 300 litros en la subestación Paquito Rosales dejó sin servicio a cerca de 17.000 personas en San Luis. En julio, un tribunal impuso una sanción de 12 años de privación de libertad por un robo similar en Bungo 2, en Contramaestre, que provocó un apagón de 48 horas. Incluso la salud pública se ha visto comprometida: el robo de aceite del transformador que alimenta el centro de Medicina Molecular obligó a trasladar muestras urgentes hasta la provincia de Granma, demostrando cómo el colapso energético amenaza directamente la atención médica.
Represión estatal ante el fracaso del sistema
El fenómeno del robo de aceite trasciende Santiago de Cuba y refleja una crisis a nivel nacional. Al menos dos personas han muerto en Ciego de Ávila en lo que va de 2026 al intentar extraer aceite de transformadores, la más reciente en el asentamiento Gutiérrez, en Baraguá. Matanzas, Mayabeque y Artemisa también concentran una alta incidencia de estos delitos, con más de 300 denuncias registradas entre 2025 y 2026, según la Fiscalía General de la República. Mientras reponer un transformador supera los 45.000 dólares en el mercado internacional, la dictadura cubana ha optado por la vía punitiva para disuadir a la población.
Desde mayo de 2025, los tribunales cubanos califican estos hechos como sabotaje, imponiendo sanciones que van de siete a 15 años de privación de libertad en su modalidad básica. Sin embargo, la represión se ha escalado drásticamente: las penas pueden llegar a la privación perpetua o incluso a la pena de muerte cuando concurren agravantes. Criminalizar la desesperación de los ciudadanos que intentan suplir la ineficiencia estatal con métodos ilegales es la respuesta habitual de un sistema que prioriza el control político sobre la resolución de las causas raíz de la crisis.
Contexto: Un país sumido en la oscuridad
La dramática situación en Santiago de Cuba es un reflejo exacto del colapso estructural que sufre la nación entera. La Unión Eléctrica pronosticó para el horario de máxima demanda una disponibilidad nacional de apenas 1.180 MW, frente a una afectación estimada de 2.050 MW. En jornadas recientes, el servicio ha estado interrumpido durante las 24 horas del día en varias provincias. Este déficit crónico es consecuencia de décadas de falta de mantenimiento, envejecimiento de las termoeléctricas y la dependencia de un modelo económico centralizado e ineficiente que ha demostrado su fracaso rotundo.
El colapso del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) actúa como un catalizador de la crisis económica y social. La falta de electricidad paraliza la producción industrial y agrícola, interrumpe la cadena de frío de los alimentos y agrava la inflación al encarecer cualquier actividad productiva que deba recurrir a generadores privados. Además, la inexistencia de un servicio estable de energía ha sido uno de los principales motores del éxodo migratorio sin precedentes que vive la isla, donde cientos de miles de cubanos han optado por abandonar el país ante la imposibilidad de sostener una vida digna.
El gobierno cubano ha intentado atribuir reiteradamente la crisis energética a fenómenos meteorológicos o al embargo de Estados Unidos, pero la realidad apunta a una mala gestión endémica y a la desviación de recursos hacia sectores no productivos o hacia el aparato represivo. La incapacidad para garantizar un mínimo de dos horas de electricidad diaria no es una contingencia temporal, sino la consecuencia directa de políticas que nunca priorizaron el desarrollo infraestructural ni la autonomía del sector.
Perspectivas futuras
La ausencia de una estrategia viable para revertir el déficit energético augura un período particularmente crítico para la ciudadanía. La represión y la amenaza de la pena de muerte no resolverán la falta de transformadores ni el robo de aceite, fenómenos que persistirán mientras la economía informal y la escasez de combustibles sean la norma. La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos deberán monitorear de cerca cómo el ejecutivo cubano gestione esta crisis, en un escenario donde la asfixia por la falta de servicios básicos podría desencadenar nuevas oleadas de protestas sociales, frente a un aparato estatal cada vez más dispuesto a utilizar la fuerza para mantener el control.
