La respuesta del régimen venezolano ante los devastadores terremotos que sacudieron el norte del país ha dejado al descubierto, una vez más, el modus operandi de los autoritarismos frente a las catástrofes naturales. Lejos de priorizar la vida de los ciudadanos, las autoridades de Caracas optaron por la improvisación, la propaganda y el bloqueo sistemático de la asistencia internacional, agravando una crisis de proporciones bíblicas que ya cobra decenas de miles de víctimas. Esta dinámica, tristemente familiar para los observadores de la realidad cubana, demuestra que para las dictaduras el control político y la hegemonía ideológica siempre prevalecen sobre el bienestar humano y la urgencia de salvar vidas.
En una detallada entrevista con medios independientes, el periodista venezolano exiliado Enmanuel Rincón ofreció una radiografía demoledora de la gestión oficial tras el sismo. Según el comunicador, la actuación del chavismo no puede catalogarse simplemente como negligencia o ineficiencia burocrática, males ya endémicos en la región. Existe, asegura, una intencionalidad clara y calculada que raya en la crueldad. «Lo que hemos visto es que deliberadamente hicieron todo lo posible para que la gente no recibiera ayuda», denunció Rincón, subrayando que el comportamiento del régimen dejó atónitos incluso a aquellos venezolanos ya curtidos por décadas de represión, escasez y miseria institucionalizada.
La narrativa de Rincón apunta a una verdad incómoda pero recurrente en los sistemas totalitarios o de tendencia totalitaria. El chavismo, desde sus orígenes, ha funcionado como un aparato de control social profundamente criminalizado, heredero directo de los manuales de contrainsurgencia y dominación ideológica exportados desde La Habana. Sin embargo, la obstaculización constante de cualquier iniciativa destinada a salvar vidas en medio de los escombros trasciende la lógica política convencional. Para el régimen, la tragedia ajena parece ser vista únicamente a través del prisma de la oportunidad propagandística o la amenaza a la hegemonía, lo que explica por qué la ayuda que no proviene del Estado, o que no puede ser monetizada políticamente, es inmediatamente catalogada como un peligro a neutralizar.
Los testimonios recogidos en el terreno por rescatistas, voluntarios y periodistas alternativos coinciden en un patrón de sabotaje institucional que se replicó en distintas geografías del país. Funcionarios del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) no solo retrasaron las operaciones de rescate, sino que en múltiples ocasiones las impidieron de manera directa y violenta. Rincón detalló el caso de brigadas especializadas internacionales que, a pesar de contar con el equipamiento de última generación y el personal necesario para iniciar la búsqueda de sobrevivientes de inmediato, fueron retenidas durante horas en aduanas y puntos de control militar. El objetivo era evidente: obligar a los equipos a participar en actos protocolares, ondear banderas y someter su llegada a un estricto guion de control político antes de autorizar cualquier labor humanitaria sobre el terreno.
Este bloqueo no se limitó a la burocracia fronteriza o a la militarización de las zonas de desastre. El periodista relató con indignación cómo alcaldes afines a Miraflores y militantes de base del PSUV procedieron a desmantelar, de forma activa, centros de acopio organizados por la sociedad civil, ONGs y formaciones políticas opositoras. En momentos de necesidad extrema, donde la falta de agua y alimentos amenazaba con cobrar más víctimas que el propio sismo, la solidaridad ciudadana independiente fue criminalizada. La confiscación de donativos no obedece a una mala praxis administrativa, sino a la necesidad imperiosa del régimen de monopolizar la distribución de recursos para construir la ilusión de que el Estado es el único proveedor y salvador, una táctica diseñada para aniquilar cualquier estructura de autonomía social que pueda desafiar su poder.
El terror infundido por el aparato represivo también ha jugado un papel determinante en el silenciamiento de la magnitud real del desastre. Rincón aseguró haber recibido una abrumadora cantidad de material audiovisual —fotografías, testimonios y videos— proveniente de voluntarios, ciudadanos atrapados y personal sanitario improvisado que se niega a publicar las pruebas por miedo a represalias. «Incluso con toda la cobertura internacional, las imágenes aéreas y los drones, todavía no alcanzamos a dimensionar realmente la magnitud de la tragedia», admitted el periodista. El autocensura impuesta por el miedo es la herramienta más efectiva de la dictadura para maquillar sus fracasos y evitar que la indignación ciudadana se transforme en un estallido social contra la inoperancia gubernamental.
La ausencia estatal durante las horas críticas posteriores al terremoto representa otro capítulo de esta tragedia anunciada. Mientras los vecinos, desesperados, intentaban remover toneladas de concreto con sus propias manos y herramientas rudimentarias, la presencia de bomberos, militares o equipos oficiales de emergencia brillaba por su ausencia. Los primeros convoyes de la Guardia Nacional y del Ejército hicieron su aparición casi 48 horas después del colapso, no para coordinar labores de rescate, sino para grabar videos de relaciones públicas y repartir pequeñas porciones de comida frente a las cámaras. La población, consciente de que en estos eventos cada minuto es vital para encontrar personas con vida bajo los escombros, recibió a los uniformados con un rechazo unánime y profundo.
Aunque milagrosamente algunos sobrevivientes lograron ser extraídos de los escombros tras más de cien horas de agonía, la incógnita sobre el costo humano de la inacción oficial permanece como una herida abierta. Es imposible calcular cuántas vidas se perdieron innecesariamente debido a la parálisis, el sectarismo y la vanity política del Estado venezolano. Al final, como lamentó el periodista, las labores de rescate más efectivas fueron ejecutadas por brigadas internacionales y por ciudadanos comunes, quienes tuvieron que operar sorteando no solo la devastación natural, sino los obstáculos impuestos por las propias autoridades que juran protegerlos.
El espejo de Caracas en La Habana: Una historia de desastres manipulados
Lo ocurrido en el norte de Venezuela no es un caso aislado en el hemisferio, sino el resultado de la exportación de una metodología autoritaria cuyas raíces se hunden profundamente en el régimen de La Habana. La dictadura cubana ha perfeccionado durante décadas el arte de convertir las catástrofes naturales en operativos de control político, represión y propaganda. Desde el paso del huracán Ike por la oriental provincia de Holguín, hasta el devastador impacto del huracán Ian en la occidental Pinar del Río, el gobierno cubano ha demostrado una y otra vez que la vida humana está subordinada a la preservación de la narrativa revolucionaria y la imagen de invulnerabilidad del Estado.
En Cuba, al igual que en la Venezuela chavista, la distribución de la ayuda internacional o de los materiales de construcción donados por países solidarios suele estar estrictamente mediada por las estructuras del Partido Comunista. Los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), los presidentes de los Consejos Populares y los delegados del Poder Popular actúan como filtros políticos, asegurando que los recursos lleguen primero a los militantes incondicionales y a los funcionarios, mientras que los disidentes, activistas o ciudadanos no alineados son sistemáticamente marginados y excluidos de cualquier asistencia. La ayuda se convierte así en un instrumento de chantaje y extorsión política.
Además, el régimen de La Habana mantiene un estricto cerco informativo durante las emergencias, replicando el silencio cómplice que hoy intenta imponer Caracas. Periodistas independientes son rutinariamente arrestados, amenazados o tienen sus equipos decomisados si intentan documentar el verdadero alcance de los daños, la corrupción en la distribución de recursos o la ineficacia de la respuesta estatal. Las imágenes de destrucción que logran circular por redes sociales suelen provenir de ciudadanos anónimos que arriesgan su libertad para mostrar la realidad, una dinámica que calca exactamente el miedo descrito por los venezolanos que ocultan sus videos para evitar la represalia de las fuerzas de seguridad del Estado.
La tragedia venezolana es un recordatorio estremecedor de la naturaleza intrínseca de los regímenes autoritarios y de la alianza criminal que los sostiene. Ya sea frente a un terremoto en Caracas o un huracán en La Habana, la dictadura siempre antepone su supervivencia, su imagen y su control absoluto a la integridad física de su población. La obstrucción de la ayuda humanitaria no es un error de cálculo ni una falla logística, sino una política de Estado diseñada para evitar que la sociedad civil se organice, adquiera autonomía y tome conciencia de su propia fuerza. Mientras estos gobiernos permanezcan en el poder, las catástrofes naturales seguirán siendo, invariablemente, multiplicadas en su devastación por la insensibilidad, la ineptitud y la crueldad de quienes los dirigen.
