La respuesta del régimen de Caracas ante los recientes terremotos en el norte de Venezuela ha dejado al descubierto una vez más la naturaleza criminal de los sistemas autoritarios. La deliberada obstrucción de la ayuda humanitaria, la priorización de la propaganda sobre el rescate de vidas y la represión a la sociedad civil son tácticas que resultan tristemente familiares para quienes observan el accionar del gobierno cubano y de su aliado ideológico en el continente.
El periodista venezolano exiliado Enmanuel Rincón, en conversación con medios independientes, ha trazado una radiografía demoledora de la gestión del desastre en su país. Según el comunicador, la actuación de las autoridades trasciende la simple ineficiencia o negligencia burocrática para adentrarse en el terreno de la malicia política. Rincón es categórico al afirmar que desde el Estado se hizo todo lo posible, de manera deliberada, para que la población afectada no recibiera el socorro necesario en los momentos críticos, una afirmación que cala hondo en la comprensión de cómo operan las dictaduras frente a la adversidad.
Lo ocurrido en las zonas devastadas ha dejado desconcertados incluso a los venezolanos más acostumbrados a las arbitrariedades del chavismo. El obstáculo sistemático a cualquier iniciativa destinada a salvar vidas carece de lógica desde una perspectiva humanitaria, pero responde perfectamente al manual de supervivencia de los regímenes totalitarios. El chavismo, desde su origen profundamente autoritario, visualiza la ayuda externa y la movilización independiente de la sociedad civil como una amenaza directa a su monopolio del poder, prefiriendo la muerte antes que la pérdida de control político.
Los testimonios recopilados por rescatistas, voluntarios y periodistas sobre el terreno coinciden en un patrón de actuación escalofriante. Funcionarios del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) no solo retrasaron las operaciones de rescate, sino que en numerosos casos las impidieron directamente. Brigadas especializadas, que contaban con todo el equipamiento necesario para iniciar la búsqueda inmediata de sobrevivientes, permanecieron retenidas durante horas. Las autoridades exigían organizar primero actos protocolares y someter a los equipos de emergencia a un escrutinio político antes de permitirles actuar, en un claro ejemplo de cómo la burocracia ideológica se interpone a la vida humana.
La criminalización de la solidaridad alcanzó niveles insospechados cuando alcaldes afines al régimen y miembros del aparato partidista desmantelaron centros de acopio organizados por la sociedad civil y formaciones políticas de oposición. Mientras la necesidad de la población atrapada bajo los escombros era inmensa, el aparato estatal dedicaba sus esfuerzos a confiscar insumos y neutralizar la asistencia que no llevaba el sello oficial. Este accionar no fue un hecho aislado, sino una práctica extendida a lo largo de todo el país afectado.
El miedo impuesto por el régimen impide aún conocer la dimensión real de la catástrofe. Rincón relata haber recibido una ingente cantidad de material audiovisual de ciudadanos, personal sanitario improvisado y voluntarios que se niegan a publicarlo por temor a represalias. A pesar de la cobertura internacional, las imágenes aéreas y el uso de drones, la censura y el terror mantienen oculta la verdadera magnitud de lo que el periodista califica como una crisis humanitaria de proporciones bíblicas, donde la opacidad es utilizada como un escudo contra el escrutinio internacional.
La ausencia estatal durante las primeras 48 horas posteriores al sismo es otro de los puntos de inflexión en esta tragedia. Mientras cientos de vecinos intentaban remover escombros con sus propias manos para rescatar a sus familiares, bomberos, militares y equipos oficiales brillaban por su ausencia. Cuando finalmente hicieron su aparición los convoyes de la Guardia Nacional y el Ejército, su objetivo primordial no fue el rescate, sino la grabación de videos de relaciones públicas. La población los recibió con rechazo, conscientes de que en estas circunstancias cada minuto es vital y la actuación oficial llegaba demasiado tarde y con fines meramente propagandísticos.
Este modus operandi, aunque geográficamente situado en Venezuela, encuentra su espejo más exacto y perfeccionado en la isla caribeña. El régimen de La Habana ha normalizado durante décadas la ingeniería del control durante las situaciones de desastre. Cada huracán que azota el archipiélago, cada sismo que sacude el oriente del país, se convierte en una oportunidad para el gobierno cubano de desplegar su maquinaria de propaganda y de ejercer un control militar absoluto sobre la distribución de los escasos recursos disponibles.
En Cuba, al igual que en la nación sudamericana, la ayuda humanitaria internacional o la proveniente de la diáspora es sistemáticamente secuestrada por el aparato estatal. El gobierno cubano impide tajantemente que la sociedad civil, las iglesias o los activistas independientes administren donativos. Las estructuras de control territorial, como los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), actúan como filtros políticos, asegurando que la asistencia llegue solo a quienes demuestran lealtad al sistema, mientras se obstruye, multa y persigue cualquier intento de solidaridad ciudadana que escape de la órbita del Estado.
El desastre como herramienta de control totalitario
Para entender por qué regímenes como el cubano y el venezolano actúan de manera tan contraproducente ante una emergencia humanitaria, es necesario analizar la psicología del totalitarismo. Estas dictaduras no toleran la existencia de estructuras de poder paralelas, ni siquiera si estas tienen como único fin salvar vidas. Cuando la sociedad civil se organiza espontáneamente para ayudar a sus semejantes, el Estado lo percibe como una pérdida de control, una muestra de que el pueblo puede subsistir y organizarse sin la tutela del gobierno, lo cual resulta inadmisible para el autoritarismo.
La monopolización de la narrativa es esencial para la supervivencia del régimen. Si el Estado no es el único proveedor de ayuda y el único héroe de la historia, el relato oficial se desmorona. Por ello, es preferible para estas estructuras de poder dejar morir a cientos de personas bajo los escombros o pasar hambre tras un ciclón, antes que permitir que una organización no gubernamental, un partido opositor o un simple grupo de vecinos independientes demuestren capacidad de gestión. La tragedia de Venezuela es una extensión directa de la tragedia diaria de Cuba: la subordinación absoluta de la vida humana a la preservación ideológica del Estado.
El costo humano de la indolencia oficial
Las labores de rescate en Venezuela, en gran medida ejecutadas por brigadas internacionales y ciudadanos comunes frente a la pasividad y el boicot del Estado, dejan una lección amarga sobre el verdadero costo de la opresión. Es imposible calcular cuántas vidas se perdieron o cuánto sufrimiento se prolongó innecesariamente debido a la deliberada obstrucción del régimen, que priorizó la óptica política sobre el deber de proteger a su ciudadanía.
Lo que sí resulta evidente es que, tanto en Caracas como en La Habana, las dictaduras han demostrado una y otra vez que su principal prioridad no es el bienestar de su pueblo, sino la preservación de su propia estructura de poder. La respuesta tardía, la confiscación de ayuda y la represión a los voluntarios no son errores de gestión, sino políticas de Estado diseñadas para evitar que la humanidad y la solidaridad se impongan sobre el control totalitario. Mientras estos regímenes permanezcan en el poder, las tragedias naturales seguirán siendo multiplicadas artificialmente por la crueldad de quienes gobiernan contra su propia gente.
