La reciente protesta en Morón, Ciego de Ávila, donde manifestantes se enfrentaron a las fuerzas del orden y tomaron la sede del Partido Comunista, revela un patrón de provocación y uso desproporcionado de la fuerza por parte de las autoridades de la isla. Ante jornadas de apagones prolongados y agotamiento ciudadano, la respuesta del Estado no fue garantizar el derecho a la protesta, sino reprimirla con armas de fuego y censura, dejando un saldo de heridos y un clima de tensión insostenible.
La abogada Laritza Diversent, directora del Centro de Información Legal Cubalex, ha analizado la situación señalando que, aunque los actos de destrucción de bienes o toma de instituciones no son lícitos, el contexto en el que se produjeron es determinante. Desde la perspectiva del derecho penal moderno, factores como la alteración emocional, la provocación directa y el estado de necesidad derivado de la crisis estructural deben considerarse como atenuantes. La exigencia de una investigación justa e imparcial choca frontalmente con las prácticas habituales del sistema judicial, donde la independencia brilla por su ausencia.
Según testimonios recogidos en la zona, la manifestación comenzó de manera pacífica, con ciudadanos tocando cazuelas y coreando consignas contra el gobierno cubano. Sin embargo, al llegar a la sede del Partido Comunista, los manifestantes fueron recibidos por un cordón policial y afiliados a la organización política que, armados con palos y machetes, bloquearon el paso y agredieron a los civiles. Fue esta provocación directa, sumada al estrés acumulado por días sin electricidad y alimentos perdidos, la que desencadenó la respuesta de los pobladores y la posterior toma del inmueble.
Uso desproporcionado de la fuerza y censura
La respuesta de la dictadura cubana no se hizo esperar y se tradujo en una violación flagrante de los estándares internacionales en materia de derechos humanos. En lugar de proteger la manifestación, como estipulan los organismos internacionales, las fuerzas del orden emplearon tácticas de represión violenta. Se reportó el uso de perros, fuerzas especiales y, lo más alarmante, armas de fuego contra civiles desarmados. Un adolescente de 15 años, Kevin Samuel Echeverría, resultó baleado en una pierna. Paralelamente, el régimen de La Habana procedió a interrumpir las comunicaciones en la zona, una práctica recurrente de censura diseñada para ocultar la magnitud de la represión.
El colapso estructural como detonante
Lo sucedido en Morón no es un hecho aislado, sino la consecuencia directa del colapso sistemático del modelo económico y energético impuesto por el ejecutivo cubano. La isla atraviesa una crisis profunda marcada por inflación galopante, desabastecimiento crónico y cortes eléctricos interminables que empujan a la ciudadanía al límite de su resistencia. Esta precariedad sostenida, combinada con la nula apertura democrática, ha generado un caldo de cultivo donde la frustración social se transforma inevitablemente en protesta, tal como se observó masivamente durante las jornadas del 11 de julio de 2021.
La criminalización de la protesta social y el uso de violencia letal contra la población civil auguran un escenario de mayor inestabilidad política y social en Cuba. Mientras la dictadura cubana opte por la represión y el silencio informativo en lugar de atender las demandas ciudadanas, el éxodo migratorio y el descontento interno seguirán en aumento. La comunidad internacional y los organismos de derechos humanos enfrentan el reto de exigir responsabilidad al régimen, ante la evidente incapacidad del Estado para garantizar la vida, la libertad y el respeto a la dignidad humana de los cubanos.
