La respuesta del régimen venezolano tras los devastadores sismos en el norte del país ha dejado al descubierto una patología inherente a los sistemas autoritarios: la priorización del control político y la propaganda sobre la supervivencia humana. Testimonios desde el terreno confirman que el chavismo obstruyó deliberadamente la asistencia internacional, una dinámica de crueldad institucional que resulta tristemente familiar para quienes observan el accionar del régimen de La Habana ante sus propias crisis.
El periodista venezolano exiliado Enmanuel Rincón, en diálogo con medios independientes y organizaciones de la sociedad civil, ha ofrecido una radiografía estremecedora de la gestión de desastre en Venezuela. Según su análisis, la actuación de las autoridades trasciende la mera incompetencia o la negligencia administrativa para adentrarse en el terreno de la malicia calculada. Rincón es categórico al afirmar que desde el Estado se ejecutaron acciones deliberadas para impedir que la población afectada recibiera el auxilio necesario, transformando una tragedia natural en una catástrofe humanitaria agravada por la inacción y el sectarismo.
El comportamiento del chavismo en los días posteriores al sismo ha generado desconcierto incluso entre aquellos venezolanos ya curtidos por años de represión y miseria. La esencia autoritaria y criminal del movimiento, señala el periodista, encontró en la tragedia una nueva forma de expresión. La obstrucción sistemática a cualquier iniciativa destinada a salvar vidas carece de una explicación racional desde la perspectiva del bien común, pero responde a la lógica totalitaria de monopolizar el espacio público y subordinar la vida humana a la supervivencia del aparato ideológico.
Los testimonios recopilados por rescatistas, voluntarios y reporteros en el terreno dibujan un panorama desolador. Funcionarios del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) no solo retrasaron las operaciones de rescate, sino que en múltiples ocasiones las prohibieron. Brigadas especializadas, equipadas y listas para actuar, fueron retenidas durante horas bajo el pretexto de cumplir con protocolos políticos y actos de relaciones públicas. El régimen exigía filtrar y controlar la llegada de los equipos de emergencia antes de autorizar su despliegue, una parodia burocrática que costó vidas.
La persecución contra la solidaridad civil fue otro de los ejes de esta gestión macabra. Rincón denunció que alcaldes afines al oficialismo desmantelaron centros de acopio organizados por la sociedad civil y formaciones políticas de la oposición. Mientras la necesidad de la población era desesperada, el régimen confiscaba o frustraba la distribución de alimentos, agua y medicinas, demostrando que el sectarismo político prevalece sobre el más básico instinto de humanidad. Esta criminalización de la ayuda privada es una táctica recurrente para evitar que la ciudadanía se organice de manera independiente.
El miedo impregna cada rincón de la respuesta a la tragedia. Rincón relató haber recibido una ingente cantidad de material audiovisual —fotografías y videos— que permanece inédito debido al terror de los ciudadanos a sufrir represalias por parte de la dictadura. A pesar de la cobertura internacional y el uso de drones, la magnitud real del desastre permanece oculta bajo el manto de censura y autocensura que el régimen ha impuesto sobre las zonas afectadas. La opacidad informativa es el último escudo del autoritarismo para evadir la rendición de cuentas.
La ausencia estatal durante las horas críticas posteriores al terremoto fue suplida por la voluntariedad de cientos de vecinos que removieron escombros con sus manos para rescatar a sus seres queridos. Mientras tanto, las instituciones del Estado brillaban por su ausencia. Los primeros convoyes militares y de la Guardia Nacional hicieron su aparición casi 48 horas después del desastre, no para asistir, sino para grabar material propagandístico. La población, consciente de que en estos escenarios cada minuto es vital, recibió con justo rechazo esta intromisión tardía y oportunista.
Gran parte de las labores de rescate exitosas fueron ejecutadas por brigadas internacionales y ciudadanos comunes, quienes tuvieron que operar sorteando los obstáculos impuestos por el propio gobierno. La reflexión final del periodista apunta a una pregunta inquietante: ¿cuántas vidas pudieron salvarse si el Estado, en lugar de obstruir, hubiera facilitado el trabajo de los expertos? La respuesta, aunque incierta en cifras, es moralmente clara: el autoritarismo cobra un peaje de sangre en cada crisis.
El contexto cubano: la misma matriz autoritaria ante el desastre
Lo ocurrido en Venezuela no es un caso aislado en el panorama latinoamericano, sino el síntoma de una enfermedad compartida. El régimen de La Habana, mentor e ideólogo del chavismo, ha aplicado históricamente tácticas idénticas frente a los desastres naturales que azotan a la isla. Cuando huracanes de gran envergadura o sismos golpean el oriente cubano, el gobierno cubano despliega un operativo de control social que antepone la imagen del régimen a la urgencia de los damnificados.
En Cuba, la gestión de desastres ha estado históricamente secuestrada por las estructuras militares y políticas del Estado, dejando a la población civil en una situación de vulnerabilidad extrema. La dictadura cubana ha monopolizado la distribución de cualquier recurso que ingresa al país, canalizándolo a través de instituciones estatales para asegurar que el mérito de la asistencia recaiga en el aparato propagandístico del gobierno, y no en la generosidad externa o la iniciativa privada. Innumerables toneladas de ayuda humanitaria enviadas por cubanos emigrados se han perdido en la burocracia estatal o han sido desviadas hacia el mercado negro controlado por las élites militares.
La represión contra la sociedad civil organizada en Cuba durante estas crisis es igual de severa que la observada en Venezuela. La dictadura no tolera que ciudadanos se agrupen de manera independiente para asistir a sus vecinos, ya que toda reunión que escape del control del Partido Comunista es considerada una amenaza a la seguridad del Estado. Durante el paso de tormentas recientes por el occidente y centro de la isla, numerosos activistas y periodistas independientes fueron amenazados o detenidos por intentar documentar la situación real de los damnificados o por coordinar la recogida de donativos, replicando exactamente el patrón de obstrucción denunciado en territorio venezolano.
Además, la censura informativa en la isla durante las emergencias es absoluta y asfixiante. Mientras el gobierno cubano transmite imágenes edulcoradas de dirigentes recorriendo zonas afectadas y prometiendo reconstrucciones que raramente se cumplen en tiempo y forma, la realidad de los barrios devastados permanece oculta. Los cubanos, al igual que los venezolanos, temen enviar pruebas de la verdadera magnitud de los daños por miedo a represalias políticas, sabiendo que el Estado castiga cualquier intento de desmentir la narrativa oficial de eficiencia revolucionaria.
Conclusiones sobre el autoritarismo y la gestión de crisis
La tragedia venezolana y sus paralelismos con la realidad cubana evidencian una verdad incómoda: las dictaduras son estructuralmente incapaces de gestionar crisis humanitarias con eficacia y empatía. Su naturaleza parasitaria y controladora les impide ceder espacio a la sociedad civil o a la comunidad internacional, actores indispensables cuando la magnitud de un desastre supera las capacidades del Estado. El control político se convierte en el único objetivo, y la población queda a merced de la improvisación, la propaganda y la crueldad institucionalizada.
La comunidad internacional debe comprender que enviar ayuda a regímenes autoritarios sin mecanismos de verificación independiente equivale a alimentar la maquinaria de opresión. Exigir transparencia, permitir el monitoreo por parte de organizaciones no gubernamentales y defender el trabajo de periodistas y rescatistas independientes son pasos fundamentales para garantizar que la asistencia llegue a quienes la necesitan y no a las bóvedas de quienes oprimen a sus pueblos. Mientras el chavismo en Venezuela y el régimen de La Habana en Cuba sigan priorizando su supervivencia política sobre la vida de sus ciudadanos, las tragedias naturales seguirán siendo, dolorosamente, tragedias agravadas por el autoritarismo.
