La obstructiva gestión del régimen de Caracas tras los recientes terremotos en el norte de Venezuela expone una patología común en los sistemas autoritarios: la priorización del control político y la propaganda sobre la vida humana, una práctica tristemente familiar para los ciudadanos sometidos al gobierno cubano.
La devastación dejada por los sismos en territorio venezolano ha sacado a la luz no solo la vulnerabilidad estructural de una nación saqueada, sino la crueldad sistémica de quienes la administran. Según las revelaciones del periodista exiliado Enmanuel Rincón, la respuesta oficial tras el desastre no puede catalogarse simplemente como negligencia o incapacidad logística. Se trata, en esencia, de una decisión deliberada para obstaculizar el acceso de la ayuda humanitaria a miles de personas atrapadas y desesperadas. Esta dinámica, donde el aparato estatal se convierte en el principal verdugo en medio de una crisis natural, resuena con fuerza en la memoria colectiva del pueblo cubano.
El testimonio de Rincón es contundente al afirmar que las autoridades venezolanas hicieron todo lo posible, de manera intencional, para que la población no recibiera asistencia. Esta conducta, que deja desconcertados incluso a aquellos acostumbrados a la brutalidad del chavismo, responde a la lógica paranoica de las dictaduras. Para el régimen, la llegada de ayuda externa o la organización autónoma de la sociedad civil representan una amenaza a su monopolio del poder. Prefieren la muerte de sus ciudadanos antes que permitir que estructuras ajenas al partido único demuestren capacidad de gestión y solidaridad independiente.
Las denuncias sobre funcionarios del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) reteniendo brigadas especializadas, exigiendo actos protocolares y controlando políticamente la llegada de equipos de emergencia, dibujan un escenario escalofriante pero predecible. Mientras los relojes corren en contra de los sobrevivientes sepultados bajo los escombros, la burocracia autoritaria prioriza las cámaras y la sumisión. Esta misma maquinaria de control ha sido exportada e implementada históricamente por el régimen de La Habana, que ha perfeccionado el arte de convertir las tragedias naturales en operativos de relaciones públicas y adoctrinamiento.
Otro de los aspectos más reprochables de esta crisis es el desmantelamiento de centros de acopio organizados por la sociedad civil y la oposición. La dictadura venezolana, al igual que hace el gobierno cubano ante huracanes o sismos, percibe la solidaridad ciudadana no alineada como un desafío directo a su legitimidad. Decomisar alimentos, medicinas y materiales de construcción para luego redistribuirlos selectivamente entre bases de apoyo político es una violación flagrante de los derechos humanos más básicos, utilizando el hambre y la necesidad como armas de chantaje.
El miedo a las represalias ha silenciado gran parte de la crudeza de la tragedia venezolana. Rincón relata haber recibido abundante material audiovisual de rescatistas, personal sanitario y voluntarios, que permanece inédito debido al terror de los ciudadanos a ser víctimas de la represalia estatal. Esta autocensura forzada es el pan de cada día en Cuba, donde la población sabe que denunciar la ineficacia oficial o la corrupción en la distribución de recursos puede acarrear desde el acoso policial hasta el encarcelamiento arbitrario.
La ausencia de los organismos del Estado durante las primeras horas críticas es otro punto de inflexión en esta tragedia. Mientras los vecinos cavaban con sus manos desnudas intentando salvar vidas, el despliegue de la Guardia Nacional y el Ejército se hizo esperar casi 48 horas. Su aparición tardía, orientada exclusivamente a la grabación de videos para la propaganda oficial, fue rechazada por una población consciente de que cada minuto bajo los escombros reduce drásticamente las posibilidades de sobrevivencia. La dictadura llega tarde, pero siempre llega con cámaras.
Es imposible calcular cuántas vidas se perdieron en Venezuela debido a esta obstrucción criminal. Las labores de rescate terminaron siendo una carga asumida por brigadas internacionales y ciudadanos comunes, mientras el aparato estatal ponía trabas burocráticas y políticas. Esta crisis humanitaria de proporciones inmensas demuestra que, para los regímenes totalitarios y autoritarios, la preservación de la imagen del Estado y la represión del disenso están por encima del derecho fundamental a la vida.
El espejo cubano: La tragedia como herramienta de control
Lo ocurrido en Venezuela no es un caso aislado en la geopolítica del Caribe, sino el reflejo directo de un modelo impuesto y sostenido desde La Habana. El régimen de La Habana ha utilizado históricamente los desastres naturales para reforzar su aparato represivo y controlar la narrativa pública. Cuando huracanes de gran envergadura han azotado el occidente o el oriente de la isla, o cuando sismos han sacudido la región oriental, la respuesta del gobierno cubano ha estado marcada por la misma mezcla de ineficiencia, propaganda y obstrucción.
En Cuba, la distribución de recursos tras un desastre está estrictamente controlada por las estructuras del Partido Comunista y las organizaciones de masas. Cualquier intento de la sociedad civil, iglesias o activistas independientes de canalizar ayuda hacia las zonas afectadas es sistemáticamente bloqueado, decomisado o criminalizado. La dictadura cubana entiende que permitir la circulación de ayuda no estatal rompería el cerco de dependencia que mantiene sobre la población. La ayuda internacional, cuando es aceptada, pasa por filtros políticos antes de llegar a las manos de los necesitados, si es que llega.
Además, la censura informativa que se observa en el caso venezolano es idéntica a la ejercida por el gobierno cubano. En la isla, reportar la verdadera magnitud de los daños, la falta de respuesta de las autoridades o la desesperación de los damnificados es un delito. Los periodistas independientes y ciudadanos que intentan documentar la realidad son víctimas de detenciones, amenazas y decomiso de sus equipos. La dictadura necesita mantener la ficción de un «Estado protector» a toda costa, ocultando los cadáveres bajo los escombros de su propia inoperancia.
Conclusión
La tragedia venezolana es un recordatorio estremecedor de la naturaleza depredadora de los regímenes autoritarios. La alianza entre el chavismo y la dictadura cubana no se limita a la cooperación militar o petrolera; se fundamenta en la compartida deshumanización de sus pueblos. La obstrucción de la ayuda humanitaria en momentos de máxima vulnerabilidad es un crimen de lesa humanidad que no puede quedar en la impunidad. Mientras estos gobiernos sigan antepeniendo su supervivencia política a la vida de sus ciudadanos, las crisis naturales se convertirán inevitablemente en catástrofes sociales profundamente agravadas por la mano represiva del Estado. La solidaridad internacional con estas naciones oprimidas debe ir acompañada de un firme cuestionamiento a las estructuras de poder que se benefician del sufrimiento ajeno.
