La proliferación de menores de edad pidiendo limosna en las calles de La Habana y otras zonas del país expone el fracaso del sistema de bienestar cubano. Ante una inflación galopante y el aumento de la pobreza extrema, cientos de niños se ven obligados a sobrevivir en la vía pública, evidenciando una crisis humanitaria que las autoridades de la isla continúan minimizando.
El fenómeno de la mendicidad infantil, históricamente negado por el régimen de La Habana, se ha vuelto una constante en el paisaje urbano cubano. La crisis económica que atraviesa la nación ha empujado a los sectores más vulnerables a la supervivencia básica. Según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), la inflación interanual cerró el pasado año en un 24,88%, en un contexto donde los salarios medios no superan los 7.000 pesos mensuales, una cifra insuficiente para acceder a una canasta básica. A esto se suma el informe de 2024 del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), que alerta de que el 9% de los niños en Cuba sufre pobreza alimentaria severa, definida como la incapacidad de acceder a una dieta nutritiva y variada durante los primeros años de vida.
La magnitud de la crisis se refleja en estimaciones del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), que sitúa la pobreza extrema en el 89% de la población. En este escenario, familias enteras recurren a la calle como única fuente de ingresos. Es el caso de Yanay, una joven habanera de 19 años que mendiga junto a su bebé de nueve meses en la Avenida 26. Sin empleo formal y con una vivienda precaria carente de condiciones mínimas, subsiste gracias a la caridad pública y a una pensión de Seguridad Social que no alcanza para cubrir las necesidades alimentarias de ambos. La desesperación ha llevado a situaciones de vulnerabilidad extrema, incluyendo la prostitución a cambio de alimentos o pequeñas sumas de dinero.
Abandono institucional y represión policial
La desprotección infantil también afecta a menores que deambulan solos por la ciudad, expuestos a peligros como el abuso sexual y la violencia. Michel, un niño de 12 años originario de Batabanó, lleva casi un año \»bisneando\» y pidiendo dinero en zonas como El Malecón y La Rampa, durmiendo en garajes abandonados. Tras huir de un entorno familiar abusivo donde se le exigía generar ingresos, su única interacción con las instituciones del Estado ha sido el acoso. \»Los policías me hostigan y me hacen correr\», relata el menor, exponiendo cómo la dictadura cubana responde a la vulnerabilidad social con represión en lugar de asistencia.
Aunque el gobierno cubano sostiene que su sistema de protección social garantiza el bienestar de la infancia, la realidad demuestra lo contrario. Programas estatales como las Casas de Niños sin Amparo Familiar resultan insuficientes y colapsados frente al crecimiento exponencial del abandono. La mendicidad infantil no es solo un síntoma de la depauperación económica, sino la consecuencia directa de un modelo político que prioriza el control sobre el desarrollo social. Ante la pasividad del ejecutivo cubano, las nuevas generaciones quedan condenadas a la exclusión, profundizando un daño social que compromete el futuro demográfico y humano de la nación.
