La respuesta del chavismo ante los terremotos en el norte de Venezuela evidencia una vez más la naturaleza criminal de los regímenes autoritarios, donde el control político y la propaganda se anteponen a la vida humana. Una dinámica de negligencia deliberada y obstrucción que el regimen de La Habana ha perfeccionado y exportado durante décadas frente a desastres naturales.
La tragedia que envuelve al norte de Venezuela tras los recientes y devastadores terremotos no solo ha dejado un saldo dramático en infraestructura y vidas perdidas, sino que ha expuesto, con una crudeza insostenible, la lógica perversa que opera dentro del autoritarismo. El periodista venezolano exiliado Enmanuel Rincón, en diálogo con plataformas de la diáspora y organizaciones de derechos humanos, ha desentrañado la anatomía de una respuesta estatal que trasciende la mera incompetencia administrativa para adentrarse en la malicia calculada. Según su testimonio, la maquinaria del chavismo optó por sabotear, de manera sistemática, la llegada de asistencia humanitaria, priorizando el control político y la tributación propagandística por encima de la supervivencia de miles de ciudadanos atrapados bajo los escombros.
Esta conducta, lejos de sorprender a los observadores de la región, responde a un patrón de comportamiento profundamente arraigado en el ADN del socialismo del siglo XXI. Rincón es tajante al afirmar que las autoridades no actuaron por negligencia, sino con la intención deliberada de impedir que la población recibiera socorro. Esta afirmación cobra un peso inusitado cuando se analiza desde la perspectiva de la ingeniería del control. En sistemas totalitarios o autoritarios, cualquier manifestación de solidaridad que escape a la órbita del Estado se percibe como una amenaza directa al monopolio del poder. La ayuda humanitaria independiente resta dependencia del ciudadano hacia el régimen y, por tanto, debe ser neutralizada, confiscada o bloqueada.
Los relatos recogidos en las zonas afectadas en Venezuela dibujan un panorama desolador que indigna a cualquier conciencia mínimamente civilizada. Brigadas especializadas, dotadas con el equipamiento técnico necesario para ejecutar maniobras de rescate de alta complejidad, fueron retenidas durante horas. La excusa esbozada por las autoridades giraba en torno a la necesidad de organizar actos protocolares y garantizar el control político de la escena antes de permitir el despliegue de los equipos. En la urgencia de un sismo, donde las conocidas «horas de oro» determinan la frontera entre la vida y la muerte, la burocracia ideológica y el narcisismo de los funcionarios se convierten en verdugos silenciosos.
A este obstructionismo institucional se suma la agresión directa y descarada contra la sociedad civil. Rincón documenta cómo alcaldes afines al oficialismo y militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) procedieron a desmantelar centros de acopio gestionados por organizaciones independientes y partidos de la oposición. Esta táctica de confiscación no busca redistribuir los recursos de manera más eficiente, sino eliminar cualquier vestigio de organización ciudadana autónoma. El régimen prefiere que los recursos perezcan, se malogren o se acumulen en manos de la cúpula militar antes que permitir que la oposición sea vista como un actor capaz de mitigar el sufrimiento popular.
El miedo, ese instrumento favorito de las dictaduras para asegurar la impunidad, sigue operando incluso en medio del caos post-desastre. El periodista venezolano ha recibido abundante material audiovisual de rescatistas, personal sanitario y voluntarios que documentan la magnitud de la tragedia y los obstáculos impuestos por el Estado. Sin embargo, una gran parte de estas pruebas permanece inédita debido al terror a las represalias. La censura se impone sobre la necesidad de denunciar, demostrando que el aparato represivo no se detiene ni siquiera cuando la población está enterrando a sus muertos o buscando angustiosamente a sus desaparecidos entre las ruinas. La dimensión real de la catástrofe sigue siendo ocultada por el Estado.
La ausencia estatal durante las primeras cuarenta y ocho horas críticas post-sismo es otro de los puntos de inflexión en esta crisis. Mientras los vecinos excavaban con las manos desnudas, intentando rescatar a sus familiares bajo el polvo y el concreto, la Guardia Nacional y el Ejército brillaron por su ausencia. Cuando finalmente hicieron su aparición, lo hicieron escoltados por cámaras y con un claro objetivo de relaciones públicas. La población, consciente de que el tiempo vital para el rescate ya había transcurrido, los recibió con el rechazo que merece quien llega tarde no por accidente, sino por desdén institucional.
Es en este punto donde la labor de los ciudadanos comunes y las brigadas internacionales cobra un valor heroico, pero también profundamente trágico. Han sido ellos quienes han sostenido el peso de las labores de rescate, llenando el vacío dejado por un Estado que se proclama el máximo protector del pueblo. Las preguntas que quedan flotando en el aire son escalofriantes: ¿Cuántas vidas se perdieron innecesariamente? ¿Cuántos sobrevivientes pudieron ser rescatados si el régimen hubiera priorizado la logística humanitaria sobre la liturgia política y el control militarizado de la ayuda?
El contexto cubano: La exportación del modelo del desastre
Lo ocurrido en Venezuela no es un fenómeno aislado o una mera coincidencia de la ineficiencia; es la aplicación rigurosa de un manual de gestión de crisis concebido, perfeccionado y exportado por la dictadura cubana. El regimen de La Habana, durante más de seis décadas, ha utilizado los desastres naturales —ya sean huracanes de gran intensidad o sismos en la zona oriental del país— como escenarios propicios para reforzar su control social, disciplinar a la población y maquillar su fracaso estructural. La estructura militarizada del Estado cubano, bajo el mando unipersonal de la Defensa Civil, centraliza toda la información y los recursos, prohibiendo de facto la entrada y distribución de ayuda humanitaria internacional que no pase por el filtro y la confiscación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
En la isla, la historia reciente está repleta de episodios que replican con exactitud matemática el drama venezolano. Cuando huracanes de gran envergadura devastaron el occidente o el centro de Cuba, o cuando sismos sacudieron Santiago de Cuba, la población sufrió no solo los embates de la naturaleza, sino la inanidad y el saqueo institucional. El gobierno cubano, al igual que su aliado chavista, prioriza el montaje propagandístico: imágenes de altos dirigentes recorriendo zonas afectadas, repartiendo de manera clientelar y arbitraria materiales de construcción o alimentos, mientras miles de familias permanecen años languideciendo en albergues precarios o viviendas colapsadas sin recibir respuesta real.
La dictadura cubana entiende, y ha enseñado a sus aliados, que la miseria y la vulnerabilidad generadas por los desastres naturales son herramientas útiles de subordinación. Un ciudadano despojado de todo, dependiente exclusivamente de la libreta de abastecimiento del Estado y de la benevolencia política del aparato partidista, es un ciudadano políticamente domeñado. La represión a cualquier intento de ayuda independiente en Cuba, la criminalización de activistas que recolectan alimentos o medicinas para damnificados, y el secuestro sistemático de donaciones en las aduanas son manifestaciones de la misma doctrina autoritaria que hoy asola a la nación suramericana.
No es casualidad que el comportamiento del chavismo desconcierte incluso a los venezolanos más acostumbrados a sus abusos. La presencia histórica de asesores de inteligencia y militares cubanos en Caracas ha garantizado la transferencia de estos métodos de contrainsurgencia social aplicados a las catástrofes. El objetivo no es salvar vidas, sino salvar la imagen del régimen y evitar a toda costa que la sociedad civil se organice de manera autónoma, pues una ciudadanía que aprende a resolver sus crisis sin el Estado es una ciudadanía que pronto cuestionará la necesidad de ese mismo Estado.
El costo humano de la ideología
La crisis humanitaria que describe Enmanuel Rincón en Venezuela, de proporciones que él mismo califica como bíblicas, es la consecuencia directa de entregar el destino de una nación a una ideología que desprecia al individuo y lo reduce a una estadística subordinada al partido. Cuando el Estado se convierte en un fin en sí mismo y no en un instrumento al servicio de la sociedad, las tragedias naturales se multiplican exponencialmente por la mano torpe, ciega y criminal del poder. La obstrucción de la ayuda no es un error de cálculo, es una política de Estado.
Tanto en Caracas como en La Habana, la lección escrita con la sangre de los inocentes es la misma: no se puede esperar eficiencia, empatía o salvataje de regímenes cuya única razón de existir es la perpetuación en el poder a cualquier costo. La solidaridad internacional es vital, pero esta debe ir acompañada de un mecanismo de exigencia y condena que obligue a estos gobiernos a rendir cuentas o, en su defecto, que facilite el inevitable colapso de estas estructuras de opresión. Mientras existan dictaduras dispuestas a secuestrar la ayuda humanitaria para salvaguardar su hegemonía, cada catástrofe natural seguirá siendo, lamentablemente, una sentencia de muerte anunciada para los pueblos que les fueron arrebatados.
