El gobierno de Brasil ha promulgado una nueva ley que prohíbe al Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) otorgar nuevos financiamientos a entidades públicas extranjeras en mora, una medida que afecta directamente al régimen cubano, el cual acumula una deuda superior a los 676 millones de dólares por obras de infraestructura como el puerto de Mariel.
La legislación, sancionada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y publicada en el Diario Oficial de la Unión, reorganiza el sistema brasileño de apoyo oficial al crédito a la exportación. Aunque la norma no menciona a Cuba explícitamente, su artículo 8 establece una restricción categórica: no se aprobarán nuevas operaciones de crédito para países o entidades estatales que mantengan obligaciones impagas con Brasil, a menos que exista un proceso formal de renegociación. Esta decisión coloca a las autoridades de la isla en una posición comprometedora, evidenciando su incapacidad para honrar compromisos financieros internacionales.
Según los registros de transparencia del BNDES, el ejecutivo cubano mantiene un saldo deudor significativo por operaciones pasadas. Los desembolsos hacia la isla ascienden a 656 millones de dólares, con un saldo por vencer de 316 millones y prestaciones atrasadas que ya han requerido indemnización por parte del Fondo de Garantía a la Exportación (FGE) por un monto de 364 millones. La mayoría de estos recursos fueron destinados a la ampliación del puerto de Mariel y a una planta de soluciones parenterales, aunque también se registran contratos cancelados para la modernización de aeropuertos en La Habana, Santa Clara y otros enclaves turísticos.
El colapso económico y la pérdida de credibilidad financiera
El impago del régimen de La Habana no es un hecho aislado, sino el reflejo del profundo colapso estructural que sufre la isla. La incapacidad para generar divisas, agravada por la ineficiencia del modelo económico estatal, la hiperinflación y el desabastecimiento crónico, ha llevado a Cuba a un estado de morosidad con múltiples acreedores internacionales. Mientras el gobierno cubano destina recursos al aparato de seguridad y control para mantener el poder y evitar nuevas olas de protestas, la infraestructura básica del país se deteriora y las puertas del financiamiento externo se cierran progresivamente.
El Ministerio de Hacienda brasileño ha indicado que no prevé una regularización inmediata de los pagos por parte de La Habana, lo que sugiere que la dictadura cubana quedará al margen de futuros proyectos de cooperación financiera con Brasil. Esta exclusión no solo limita las opciones de desarrollo infraestructural de la isla, sino que también envía una señal clara a la comunidad internacional sobre el riesgo de operar con un Estado que prioriza su sostenimiento político sobre sus obligaciones económicas. Ante la imposibilidad de acceder a nuevos créditos, la ciudadanía cubana continuará soportando las consecuencias directas de la falta de liquidez y el aislamiento comercial.
