La respuesta del régimen venezolano tras los devastadores terremotos en el norte del país ha dejado al descubierto una maquinaria de obstrucción y propaganda que resulta tristemente familiar para los observadores de la realidad cubana. Lo que a simple vista podría parecer negligencia estatal o mera incompetencia burocrática, se revela rápidamente como una política deliberada de control político sobre la vida y la muerte, una táctica que el régimen de La Habana ha perfeccionado durante décadas frente a desastres naturales y crisis humanitarias en la isla.
Las declaraciones del periodista venezolano exiliado Enmanuel Rincón ofrecen una radiografía descarnada de cómo opera el chavismo en momentos de vulnerabilidad colectiva. Según el analista, la actuación de las autoridades trasciende cualquier evaluación tradicional sobre su capacidad de gestión. No se trata de un porcentaje de eficiencia o de falta de preparación logística; lo que se evidencia es una decisión política calculada. Rincón es categórico al afirmar que desde las esferas del poder se hizo todo lo posible, de manera deliberada, para que la población afectada no recibiera el auxilio necesario, agravando una tragedia que ya cuenta por decenas de miles de víctimas.
Este comportamiento ha desconcertado incluso a aquellos ciudadanos venezolanos ya curtidos por los embates cotidianos del autoritarismo. El propósito detrás de semejante crueldad desafía la lógica humanitaria básica. El chavismo, en su esencia, ha demostrado ser un movimiento de corte autoritario y criminal, pero el obstáculo sistemático y constante impuesto a cualquier iniciativa destinada a salvar vidas en medio de los escombros representa un nivel de deshumanización que clama al cielo. La ayuda internacional y nacional no fue vista como un alivio, sino como una amenaza a la hegemonía narrativa del régimen.
Los testimonios recogidos por periodistas, rescatistas y voluntarios en terreno son contundentes. Funcionarios del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) no solo retrasaron las operaciones de rescate, sino que en numerosas ocasiones las impidieron de manera directa. Brigadas especializadas, equipadas con la maquinaria y el conocimiento técnico necesarios para iniciar la búsqueda inmediata de sobrevivientes, fueron retenidas durante horas. El motivo de tal demora no obedecía a razones de seguridad o logística, sino a la obsesión del régimen por organizar actos protocolares y controlar políticamente la óptica de la llegada de los equipos de emergencia antes de autorizar su despliegue.
La criminalización de la solidaridad civil es otro de los patrones denunciados. Alcaldes afines al régimen y militantes del PSUV procedieron a desmantelar centros de acopio organizados por la sociedad civil y organizaciones políticas de oposición. Mientras la necesidad de la población era inmensa y desesperada, el aparato estatal dedicaba sus esfuerzos a confiscar donativos y neutralizar cualquier iniciativa que no llevara el sello oficialista. Para el autoritarismo, la independencia ciudadana es un peligro mayor que la muerte misma.
El miedo impregna cada rincón de la tragedia. Rincón relata haber recibido una abrumadora cantidad de material gráfico y audiovisual de ciudadanos, personal sanitario improvisado y voluntarios. Sin embargo, gran parte de estas evidencias permanecen ocultas porque los propios protagonistas temen represalias por parte de la dictadura. A pesar de la cobertura internacional y el uso de drones, la magnitud real de la catástrofe sigue siendo opacada por el terror que el gobierno infunde a quienes intentan documentar la verdad. La censura se impone incluso sobre la tragedia.
La ausencia del Estado durante las primeras 48 horas posteriores al sismo es quizás el dato más esclarecedor sobre las prioridades del régimen. Mientras cientos de vecinos intentaban remover toneladas de escombros con sus propias manos, desesperados por rescatar a sus seres queridos, la presencia de bomberos, militares o equipos oficiales brillaba por su ausencia. Los primeros convoyes de la Guardia Nacional y del Ejército hicieron su aparición casi dos días después, no para salvar vidas, sino para grabar videos de relaciones públicas. La población los recibió con un rechazo unánime, conscientes de que en una tragedia de esta naturaleza, cada minuto es la frontera entre la vida y la muerte.
Las labores de rescate que pudieron salvar a sobrevivientes tras más de cien horas bajo los escombros fueron mérito exclusivo de las brigadas internacionales y del heroísmo de los ciudadanos comunes. Es imposible calcular cuántas vidas se perdieron por la inacción y la obstrucción deliberada del Estado. Lo que vive Venezuela es una crisis humanitaria de proporciones dantescas, donde la ayuda internacional es imprescindible, pero choca contra el muro de intransigencia levantado por un régimen que antepone su supervivencia política al bienestar de su pueblo.
Contexto: El reflejo de La Habana en la gestión de desastres
Para los cubanos, la narración de los hechos en Venezuela no resulta una anomalía, sino el reflejo exacto de la metodología aplicada por el gobierno cubano frente a desastres naturales. La historia reciente de la isla está plagada de episodios donde la dictadura priorizó el control ideológico y la propaganda sobre la protección civil. Desde los huracanes que han devastado el oriente de la isla hasta el incendio de las supertanqueras en Matanzas, la respuesta institucional del régimen de La Habana ha estado marcada por la misma improvisación, el secretismo y la obstrucción a la ayuda no estatal.
En Cuba, el aparato estatal monopoliza no solo la distribución de recursos, sino también la información sobre el impacto de cualquier tragedia. Los medios de prensa oficialistas se convierten en plataformas de relaciones públicas para las altas figuras militares, mientras se silencia la voz de los afectados y se criminaliza a los periodistas independientes que intentan mostrar la realidad. Al igual que en Venezuela, en la isla cualquier intento de la sociedad civil por organizar acopio y distribución de ayuda de manera autónoma es rápidamente neutralizado por las autoridades, bajo el pretexto de la «defensa de la revolución» o el control del orden público.
La conexión entre Caracas y La Habana en este aspecto no es casualidad, sino el resultado de décadas de intercambio doctrinario. El modelo de «Defensa Civil» cubano, que subordina la vida humana a la integridad del aparato represivo y la imagen del régimen, ha sido exportado e implementado en Venezuela. Ambas dictaduras comparten el miedo patológico a que la ciudadanía se organice de manera independiente, incluso en medio de una catástrofe. La solidaridad espontánea es vista como una subversión del orden establecido, pues demuestra que la sociedad puede subsistir y articular soluciones sin la tutela del Estado totalitario.
El caso del terremoto venezolano reafirma una triste constante en el autoritarismo latinoamericano: la tragedia se politiza. La ayuda humanitaria se convierte en una herramienta de chantaje y lealtad política. Quienes no comulgan con el partido único o con la maquinaria oficialista son excluidos de los planes de distribución, condenándolos a la miseria o a la muerte en silencio. Esta manipulación cynica de la necesidad ajena es la esencia misma de la dictadura, que instrumentaliza el sufrimiento para reforzar su dominio.
La prioridad de la dictadura: el poder por encima de la vida
El análisis de lo sucedido en territorio venezolano obliga a la comunidad internacional a repensar la forma en que se gestiona la ayuda humanitaria en países bajo regímenes autoritarios. No basta con enviar recursos; es imperativo garantizar canales que bypassen la estructura estatal corrupta y represiva. Dejar la distribución en manos del gobierno, sea en Caracas o en La Habana, equivale a firmar la sentencia de muerte de miles de personas que no cuentan con la tarjeta del partido o la afinidad ideológica requerida para ser consideradas dignas de sobrevivir.
En definitiva, las declaraciones de Enmanuel Rincón no solo son una denuncia de los crímenes del chavismo ante una catástrofe natural, sino una advertencia universal sobre la naturaleza de las dictaduras. El régimen, ya sea en su variante venezolana o cubana, no es un ente fallido que no sabe cómo ayudar a su pueblo; es una maquinaria diseñada para el control absoluto que opera bajo la premisa de que la vida humana es prescindible si su salvación compromete el monopolio del poder. Mientras la comunidad internacional no entienda esta lógica perversa, las tragedias naturales seguirán siendo multiplicadas exponencialmente por la insensibilidad criminal de los gobiernos que las administran.
