La respuesta del chavismo ante los devastadores terremotos en el norte de Venezuela ha dejado al descubierto una patología común en los sistemas autoritarios: la priorización de la propaganda y el control político sobre la vida humana. Un patrón de negligencia deliberada y obstrucción de la ayuda humanitaria que, visto desde la perspectiva cubana, resulta tristemente familiar y confirma cómo las dictaduras gestionan las crisis en detrimento de sus propios pueblos.
El periodista venezolano exiliado Enmanuel Rincón ha ofrecido un testimonio estremecedor sobre la gestión de la catástrofe natural en su país, señalando que la actuación de las autoridades trasciende la mera ineficiencia burocrática para adentrarse en la crueldad calculada. Según sus declaraciones, la respuesta del Estado estuvo marcada por la improvisación, el afán de protagonismo y un boicot sistemático a la asistencia destinada a las decenas de miles de víctimas. La afirmación de Rincón es contundente: no se trata de porcentajes de incompetencia, sino de una decisión deliberada para impedir que la población recibiera socorro.
Las denuncias recogidas por periodistas, rescatistas y voluntarios en territorio venezolano dibujan un panorama desolador. Funcionarios del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) no solo retrasaron las operaciones de rescate, sino que retuvieron durante horas a brigadas especializadas que contaban con el equipamiento necesario para actuar de inmediato. La exigencia era clara y perversa: organizar actos protocolares y asegurar el control político de la escena antes de permitir la búsqueda de sobrevivientes. El narcisismo de Estado se impuso a la urgencia de salvar vidas bajo los escombros.
La criminalización de la solidaridad independiente es otra de las tácticas denunciadas. Rincón relató cómo alcaldes afines al régimen desmantelaron centros de acopio organizados por la sociedad civil y partidos de la oposición política. Esta acción no es un hecho aislado, sino una política de Estado diseñada para evitar que la ciudadanía se organice al margen del control del partido único. En la lógica autoritaria, cualquier iniciativa independiente es percibida como una amenaza a la hegemonía, incluso en medio de una tragedia de proporciones inmensas.
La ausencia de los organismos oficiales durante las primeras 48 horas posteriores al sismo evidencia el abandono estructural. Mientras cientos de vecinos intentaban remover escombros con sus propias manos en un intento desesperado por rescatar a sus familiares, las imágenes mostraban una escasa o nula presencia de bomberos, militares o equipos de emergencia estatales. Los primeros convoyes de la Guardia Nacional y del Ejército aparecieron casi dos días después, motivados, según los testigos, por la necesidad de grabar material para relaciones públicas. La población los recibió con rechazo, conscientes de que en estos escenarios cada minuto es vital.
El silencio forzado también acompaña a la tragedia. Rincón detalló que ha recibido abundante material gráfico de ciudadanos, personal sanitario improvisado y voluntarios que no ha podido publicarse debido al terror a las represalias ejercidas por el régimen. Esta censura preventiva impide dimensionar la magnitud real del desastre. A pesar de la cobertura internacional y el uso de drones, la oscuridad informativa impuesta por la intimidación estatal oculta el verdadero costo humano de la tragedia, una «crisis humanitaria de proporciones bíblicas» que ha tenido que ser enfrentada por la ciudadanía común y las brigadas internacionales frente a la inacción oficial.
Observar la tragedia venezolana desde la redacción de ReporteCubaYa obliga a trazar una línea directa y dolorosa hacia la realidad de la isla. El régimen de La Habana, mentor histórico y sostén ideológico del chavismo, ha demostrado durante décadas una idéntica incapacidad y desprecio estructural ante los desastres naturales. La dictadura cubana ha perfeccionado el arte de convertir cualquier crisis en una victoria propagandística, ocultando el número real de víctimas, militarizando la respuesta y persiguiendo a quienes intentan ayudar de forma independiente.
Cuando huracanes de gran intensidad han azotado el oriente o el occidente de Cuba, o cuando la indolencia y el abandono provocaron tragedias como el incendio de la base de supertanqueros en Matanzas, el gobierno cubano replicó exactamente el mismo libreto que hoy denuncia el periodista Rincón en Venezuela. La ayuda internacional fue obstaculizada o retenida en aduanas, los recursos donados fueron desviados, y la población civil que intentaba organizar colectas o trasladar alimentos por su cuenta fue amenazada y paralizada por las estructuras de control del Estado.
El patrón dictatorial en la gestión de desastres
La relación entre La Habana y Caracas no se limita al intercambio comercial o al apoyo en materia de inteligencia; es, ante todo, una transferencia de metodologías represivas y de gestión del poder. El chavismo importó el modelo cubano de control social y lo adaptó a la realidad venezolana. Por ello, ver a los funcionarios del PSUV obstruyendo la ayuda humanitaria en Venezuela es ver funcionar el manual de la dictadura cubana aplicado a sangre y fuego.
El temor de los venezolanos a compartir imágenes de la tragedia por miedo a represalias es un reflejo condicionado que en Cuba se manifiesta sistemáticamente. La censura, la desconexión de redes y la intimidación a periodistas independientes son tácticas compartidas para evitar que el mundo dimensione el verdadero alcance del desastre y la incompetencia institucional. El control de la narrativa siempre se antepone al derecho a la información y a la transparencia. En ambas naciones, el Estado prefiere la muerte en el anonimato antes que la supervivencia que reconozca la incapacidad del sistema.
El desmantelamiento de centros de acopio independientes responde a una lógica totalitaria donde el Estado pretende detentar el monopolio absoluto de la distribución de recursos, incluso cuando es manifiestamente incapaz de garantizarlos. Cualquier gesto de solidaridad que escape del control del aparato estatal es interpretado como una afrenta y una amenaza a la seguridad nacional. La subordinación política se exige incluso a quienes están enterrados bajo los escombros o han perdido todo su patrimonio.
Conclusión
La tragedia en el norte de Venezuela es un nuevo capítulo de la crónica negra del autoritarismo en América Latina. Confirma que las dictaduras, sean de signo chavista o castrocomunista, son estructuralmente incompatibles con la protección efectiva de los derechos humanos, especialmente en momentos de vulnerabilidad extrema. La improvisación, la propaganda y la represión no son fallos del sistema, sino características inherentes a él.
Mientras la región no comprenda que la verdadera crisis humanitaria de estos países es la falta de libertades y la existencia misma de la dictadura, los pueblos de Cuba y Venezuela seguirán cavando con las manos entre los escombros. Seguirán esperando una ayuda que sus propios gobiernos se empeñan en obstaculizar, mientras los militares llegan tarde, con cámaras en mano, para celebrar una victoria que solo existe en la retórica oficial. La solidaridad regional debe ir acompañada de una condena firme a estos regímenes que castigan a sus ciudadanos por el delito de intentar sobrevivir fuera del control del Estado.
