La respuesta del régimen venezolano ante los devastadores terremotos en el norte del país ha evidenciado una vez más que, para los gobiernos autoritarios, el control político y la propaganda están por encima de la vida humana. Las denuncias sobre el bloqueo a la ayuda humanitaria y la represión a la sociedad civil dibujan un escenario trágicamente familiar para los cubanos, donde la dictadura también ha utilizado las crisis para afianzar su dominio sobre una población desesperada.
La tragedia que envuelve al norte de Venezuela tras los recientes sismos de gran magnitud ha dejado de ser una historia estrictamente de desastres naturales para convertirse en una demostración cruda de la maquinaria estatal frente a la emergencia. El periodista venezolano exiliado Enmanuel Rincón, en diálogo con medios independientes, ha desentrañado una realidad que supera la mera negligencia burocrática. Según su análisis, lo ocurrido en las zonas afectadas no responde a una falta de capacidad logística, sino a una decisión calculada y maliciosa de impedir que la asistencia llegara a quienes más la necesitaban.
«No se trata de medir porcentajes de eficiencia o incompetencia; lo que hemos presenciado es un esfuerzo deliberado para que la población no recibiera auxilio», aseguró Rincón. Esta afirmación cobra una dimensión escalofriante cuando se observa el accionar de las estructuras del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Testimonios recogidos en el terreno indican que funcionarios afines al régimen no solo ralentizaron las labores de rescate, sino que directamente impidieron la operatividad de brigadas especializadas que contaban con el equipamiento necesario para actuar de inmediato bajo los escombros.
La prioridad de las autoridades no fue la búsqueda de sobrevivientes, sino la organización de actos protocolares y el control político de la escena. Antes de permitir que los equipos de emergencia desplegaran sus capacidades, el régimen exigía garantías de que la operación se tradujera en dividendos propagandísticos. Esta instrumentalización de la tragedia es un rasgo distintivo de los sistemas totalitarios o autoritarios, donde la imagen del Estado omnisciente y protector debe imponerse, incluso a costa de dejar perecer a ciudadanos atrapados y heridos.
La criminalización de la solidaridad independiente es otra de las aristas más graves denunciadas. Rincón detalló cómo alcaldes y líderes locales del oficialismo desmantelaron centros de acopio organizados por la sociedad civil y formaciones políticas de la oposición. En medio de una «crisis humanitaria de proporciones bíblicas», como la calificó el propio periodista, la dictadura venezolana optó por confiscar o bloquear la ayuda recolectada por ciudadanos comunes, demostrando que el monopolio de los recursos es un pilar intocable. La población no puede organizarse autónomamente, ni siquiera para intentar salvar a sus vecinos.
El miedo ha silenciado gran parte de los horrores ocurridos en las zonas más devastadas. A pesar de la cobertura internacional y el uso de tecnología de drones, la magnitud real de la catástrofe permanece oculta. Rincón relató haber recibido abundante material audiovisual —fotografías y videos— de rescatistas, personal sanitario y voluntarios, que no puede ser publicado debido al terror a las represalias por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. La censura y la autocensura impuestas por el terror de Estado impiden que el mundo dimensione el alcance de la tragedia y, sobre todo, la responsabilidad directa del gobierno en la aggravación de la misma.
La ausencia estatal durante las primeras 48 horas posteriores al sismo es quizás el dato más revelador de la desconexión entre el régimen y el pueblo. Mientras los vecinos cavaban con sus manos desnudas intentando rescatar a sus seres queridos, bomberos, militares y equipos oficiales brillaban por su ausencia. La posterior aparición de convoyes de la Guardia Nacional y el Ejército fue recibida con el rechazo unánime de una población que comprende que, en situaciones de vida o muerte, el tiempo es el factor crítico. Su llegada tardía fue percibida, con razón, como una mera operación de relaciones públicas destinada a grabar imágenes para los medios afines.
Las labores de rescate más efectivas, paradójicamente, fueron ejecutadas por brigadas internacionales y por la propia ciudadanía, quienes tuvieron que sortear no solo la devastación natural, sino los obstáculos interpuestos por las fuerzas del Estado. Es imposible calcular cuántas vidas se perdieron por la demora intencional o cuántos sobrevivientes pudieron haber sido rescatados de haber existido una coordinación estatal genuina y libre de condicionantes políticos. La dictadura ha demostrado que su estructura no está diseñada para proteger, sino para vigilar, censurar y controlar.
Este comportamiento no es una anomalía, sino una característica estructural de los regímenes que concentran el poder absoluto. La prioridad de estos sistemas no es el bienestar de la población, sino la preservación de la narrativa oficial y la prevención de cualquier forma de organización independiente que pueda amenazar el monopolio del poder. Cuando la ciudadanía se organiza por su cuenta para enfrentar una crisis, el régimen lo percibe como una amenaza directa, una pérdida de control que debe ser neutralizada, incluso si eso significa bloquear ayuda vital y dejar a su suerte a miles de damnificados.
El contexto cubano: Una historia de desastres y control político
La situación descrita en Venezuela resuena con una fuerza particular en Cuba, donde la dictadura ha perfeccionado durante décadas el arte de administrar las tragedias naturales. La isla, azotada frecuentemente por huracanes de gran intensidad, ha sido escenario de políticas similares donde el control ideológico supedita la respuesta humanitaria. El régimen de La Habana ha establecido un estricto monopolio sobre la gestión de desastres, impidiendo sistemáticamente la entrada y operación libre de organizaciones no gubernamentales internacionales y limitando severamente la distribución de ayuda proveniente de la diáspora.
En Cuba, el gobierno cubano ha utilizado las evacuaciones y los refugios temporales no solo como medidas de protección, sino como mecanismos de vigilancia social. La negativa a permitir que la sociedad civil organice sus propios centros de acopio o redes de distribución de alimentos y materiales de construcción tras el paso de un ciclón es una constante histórica. Al igual que en el caso venezolano, el régimen cubano teme que la solidaridad independiente despoje al Estado de su papel de «salvador único», debilitando así su discurso de legitimidad y control absoluto.
Además, la dictadura cubana ha sido hábil en censurar la realidad de los daños. Cortes de internet y servicio de telefonía son tácticas recurrentes durante y después de los desastres meteorológicos en la isla. Esta «apagada» informativa tiene el objetivo de evitar que circulen imágenes de la vulnerabilidad estructural de las viviendas, la incompetencia de las autoridades locales y, en muchos casos, la represión contra aquellos que intentan reclamar sus derechos o denunciar la inoperancia estatal. El silencio impuesto por La Habana es el equivalente exacto al miedo que hoy silencia a los venezolanos.
La ayuda internacional que llega a Cuba, ya sea de organismos multilaterales o de gobiernos extranjeros, es filtrada y canalizada exclusivamente a través de las instituciones del Estado, controladas por el aparato militar. Esto garantiza que el régimen decida quién recibe la asistencia, utilizando los recursos como herramientas de recompensa política o castigo. La población afectada se convierte así en rehén de la voluntad del gobierno, una dinámica que se replica hoy con dramatismo en el territorio venezolano bajo el mando de Caracas.
El costo humano del autoritarismo
Los terremotos en Venezuela y los huracanes en Cuba comparten una misma lección amarga: la vulnerabilidad de las poblaciones ante la naturaleza se multiplica exponencialmente cuando estas se encuentran bajo el yugo de dictaduras. La obstrucción de la ayuda humanitaria no es un error de cálculo, sino una política de Estado diseñada para mantener a las masas dependientes, asustadas y subordinadas.
La comunidad internacional debe mirar más allá de la retórica oficial y comprender que la verdadera tragedia en estos países no se mide solo en la escala de Richter o en la categoría del huracán, sino en la intencionalidad de los regímenes que gobiernan sobre los escombros. Exigir el libre acceso de la ayuda humanitaria y el cese de la represión contra la sociedad civil organizada no es solo un acto de solidaridad, sino una obligación moral frente a gobiernos que han demostrado, una y otra vez, que están dispuestos a sacrificar a su propio pueblo en el altar de la permanencia en el poder.
