La respuesta del régimen venezolano ante los devastadores terremotos que azotaron el norte del país ha dejado al descubierto una vez más la naturaleza criminal de los sistemas autoritarios. Ante una tragedia de dimensiones catastróficas, las autoridades de Caracas priorizaron la propaganda, el control partidista y la improvisación, obstaculizando deliberadamente el rescate y la distribución de asistencia a miles de víctimas. Una dinámica de gestión de desastres que guarda un patrón perturbadoramente familiar con la actuación de la dictadura cubana ante huracanes y crisis sanitarias.
El periodista venezolano exiliado Enmanuel Rincón, en diálogo con medios de la diáspora y organizaciones de derechos humanos, ha trazado una radiografía estremecedora de los días posteriores al sismo. Según su análisis, la actuación de las instituciones no puede reducirse a la mera ineficiencia o negligencia burocrática. Existe, asegura, una voluntad deliberada de sabotear la llegada de los socorros. Esta no es la torpeza de un Estado colapsado, sino la puesta en práctica de la lógica de supervivencia de una dictadura que antepone su hegemonía a la integridad física de su propia población.
Los testimonios recogidos por rescatistas, voluntarios y comunicadores en el terreno coinciden en un mismo patrón: funcionarios del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) no solo retrasaron las operaciones, sino que en numerosas ocasiones las impidieron de facto. Brigadas especializadas, provistas con el equipamiento técnico necesario para la búsqueda inmediata de sobrevivientes, fueron retenidas durante horas. La exigencia oficial no era coordinar esfuerzos de manera eficiente, sino organizar actos protocolares, asegurar la tribuna mediática y ejercer un estricto control político sobre la llegada de los equipos de emergencia antes de autorizar su despliegue.
La criminalización de la solidaridad independiente es otra de las aristas más crueles de este colapso institucional. Rincón denunció que alcaldes afines al régimen desmantelaron centros de acopio organizados por la sociedad civil y formaciones políticas de oposición. En medio de una urgencia extrema, donde la necesidad de alimento, agua y medicinas era inmensa, el aparato estatal dedicó sus esfuerzos a decomisar ayudas para monopolizar su distribución. Esta táctica de sometimiento, donde la desesperación se utiliza como herramienta de chantaje político, es un recurso habitual y perverso en los regímenes totalitarios de la región.
El miedo ha silenciado gran parte de los horrores ocurridos bajo los escombros. A pesar de la cobertura internacional y el uso de tecnología de drones, ciudadanos que participan directamente en las labores de rescate, personal sanitario improvisado y transportistas de ayuda humanitaria han ocultado evidencias por temor a represalias. El régimen venezolano ha instaurado un clima de terror que impide dimensionar la verdadera magnitud de la tragedia. Los videos y fotografías que circulan en la clandestinidad muestran una crisis humanitaria de proporciones bíblicas, pero el silencio forzado protege la imagen del gobierno a costa de ocultar la verdad a la opinión pública.
Otro de los aspectos más reprochables es la ausencia absoluta de los organismos del Estado durante las horas críticas. Mientras cientos de vecinos se veían obligados a remover escombros con sus propias manos en un intento desesperado por rescatar a sus seres queridos, las estructuras oficiales brillaban por su ausencia. Los primeros convoyes de la Guardia Nacional y del Ejército hicieron su aparición casi 48 horas después del desastre. Su llegada, lejos de significar un alivio operativo, fue percibida por la población como una intrusión propagandística, una mera operación de relaciones públicas grabada para los medios oficiales mientras los ciudadanos morían.
En situaciones de colapso estructural, el tiempo es el factor determinante para la supervivencia. Las posibilidades de encontrar personas con vida bajo los derrumbes disminuyen de manera exponencial conforme avanzan las horas. Aunque algunos milagrosos sobrevivientes lograron ser rescatados tras más de cien horas, la realidad objetiva es que la inacción deliberada del Estado costó vidas. Es imposible calcular con exactitud cuántas personas pudieron haberse salvado si el gobierno hubiera priorizado el rescate por encima de la politización del desastre. La mayor parte de las labores que lograron resultados fueron ejecutadas por brigadas internacionales y por el heroísmo anónimo de ciudadanos comunes.
El espejo cubano: La solidaridad secuestrada por el Estado
Lo ocurrido en territorio venezolano no es un fenómeno aislado, sino que responde a un manual de actuación compartido y perfeccionado durante décadas por el régimen de La Habana. La dictadura cubana ha demostrado históricamente una idéntica aversión a la ayuda humanitaria independiente y a la movilización autónoma de la sociedad civil. Cuando huracanes de la fuerza de Ian o Sandy han devastado poblaciones enteras en la isla, la respuesta del gobierno cubano ha estado marcada por la misma mezcla tóxica de ineficiencia, control militarizado y propaganda triunfalista.
En Cuba, la distribución de recursos tras un desastre natural está estrictamente condicionada a la afiliación política y a la lealtad al partido. Los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y las estructuras del Partido Comunista se erigen como los únicos filtros legítimos para canalizar la asistencia, bloqueando sistemáticamente cualquier iniciativa de la sociedad civil, de opositores o de la diáspora. Al igual que en Venezuela, el régimen cubano teme profundamente que la organización comunitaria para enfrentar una crisis derive en una organización política capaz de cuestionar el monopolio del poder absoluto.
La solidaridad entre ambas dictaduras no se limita al intercambio geopolítico de petróleo por servicios; se extiende a la metodología represiva y al manejo de las crisis. La obstrucción de centros de acopio independientes en Venezuela es la réplica exacta de la confiscación de donativos enviados por cubanos emigrados a sus familiares tras desastres naturales, los cuales son retenidos en la Aduana o confiscados por las autoridades para su distribución partidista. El mensaje de ambos regímenes es contundente: la supervivencia del ciudadano debe depender exclusivamente de la gracia del Estado, nunca de la solidaridad horizontal o de la comunidad internacional.
El costo humano del autoritarismo
La tragedia venezolana subraya una realidad ineludible de los sistemas totalitarios: ante la catástrofe, el instinto de supervivencia del régimen supera cualquier consideración ética o humana. La improvisación y la propaganda no son accidentes administrativos, sino herramientas estructurales de un modelo que no puede permitirse la transparencia ni la autonomía ciudadana, ni siquiera en medio de la muerte y la destrucción masiva.
Mientras la comunidad internacional observa con estupor cómo se obstaculizan los esfuerzos para salvar vidas en Venezuela, la exigencia de un corredor humanitario libre de injerencia política se vuelve imperativa. La experiencia compartida por las poblaciones cubana y venezolana demuestra que, bajo el yugo de la dictadura, los desastres naturales se agravan exponencialmente por la perversidad de quienes gobiernan. Las víctimas no solo deben enfrentar la furia implacable de la naturaleza, sino también la crueldad calculada de un Estado que ve en su sufrimiento una oportunidad para reafirmar su control.
