La reciente tragedia sísmica en Venezuela, donde el régimen obstruyó deliberadamente la asistencia a miles de víctimas atrapadas, refleja una práctica sistemática y bien documentada que el régimen de La Habana ha perfeccionado durante décadas. La priorización del control político y la propaganda sobre la supervivencia humana define el accionar de estos sistemas autoritarios, convirtiendo las catástrofes naturales en crisis humanitarias de proporciones devastadoras e innecesarias.
Las recientes declaraciones del periodista venezolano exiliado Enmanuel Rincón, quien denunció la actuación del chavismo tras los terremotos en el norte de Venezuela, resuenan con una familiaridad estremecedora para cualquier observador de la realidad cubana. Rincón aseguró que la respuesta de las autoridades no puede medirse en términos de simple incompetencia, sino de una malicia deliberada: «Hicieron todo lo posible para que la gente no recibiera ayuda». Esta afirmación, aunque referida a la geografía venezolana, describe a la perfección el modus operandi del gobierno cubano frente a los desastres naturales, donde el monopolio de la información y la distribución de recursos siempre han estado por encima de la vida humana.
La sorpresa de muchos venezolanos ante la crueldad de su régimen contrasta con la resignación del pueblo cubano, que ha padecido históricamente esta misma lógica perversa. El chavismo, desde su origen, ha sido un aliado y discípulo directo de la dictadura cubana en materia de control social y represión. Lo que ocurre en Caracas o en las regiones afectadas de Venezuela no es más que la exportación de un manual redactado en La Habana: ante la tragedia, el Estado no acude a salvar, acude a vigilar, a censurar y a capitalizar políticamente el dolor.
Uno de los aspectos más denunciados por Rincón fue la intervención de los funcionarios del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), quienes retrasaron operaciones de rescate, retuvieron brigadas especializadas y desmantelaron centros de acopio organizados por la sociedad civil. En Cuba, el Partido Comunista (PCC) opera bajo idénticos parámetros. Cualquier intento de la sociedad civil, de agrupaciones independientes o de ciudadanos comunes por organizar ayuda mutua durante huracanes o sismos es inmediatamente neutralizado, confiscado o absorbido por las estructuras estatales. La dictadura no tolera que el pueblo demuestre capacidad de autogestión, ya que ello amenaza la dependencia absoluta del individuo hacia el Estado.
El periodista venezolano relató cómo las autoridades pretendían organizar actos protocolares antes de permitir que los equipos de emergencia comenzaran a buscar sobrevivientes. Esta obsesión por el control de la imagen y el ritualismo político es una constante en el régimen de La Habana. Cuando un meteorón azota la isla o un sismo sacude Santiago de Cuba, las primeras prioridades de las autoridades no son despejar carreteras ni atender heridos, sino asegurar que las cámaras de los medios oficiales capten a los dirigentes locales «dirigiendo» las operaciones, incluso si estas operaciones son inexistentes en la práctica.
Otro factor profundamente preocupante es el terror a la represalia entre los ciudadanos que documentan la realidad. Rincón mencionó haber recibido abundante material audiovisual de voluntarios y sanitarios que le rogaban no publicar sus pruebas por miedo a las represalias del régimen. En Cuba, este miedo está institucionalizado. Los periodistas independientes y ciudadanos que intentan mostrar el verdadero rostro de la devastación, la miseria post-desastre o la ineficacia estatal son routinely acosados, detenidos o amenazados por la Seguridad del Estado. La dictadura cubana entiende que el control de la narrativa es tan crucial como el control físico de los recursos.
La ausencia estatal durante las horas críticas, denunciada en Venezuela, es el espejo de la inacción del gobierno cubano en innumerables ocasiones. Mientras los vecinos remueven escombros con las manos, las instituciones del Estado brillan por su ausencia. Cuando finalmente aparecen las tropas del Ejército o de las brigadas de respuesta rápida, lo hacen, como señaló Rincón, «prácticamente para grabar videos de relaciones públicas». La población, consciente de que cada minuto bajo los escombros es vital, recibe a estos funcionarios con un rechazo que los medios oficiales se encargan de silenciar.
Las labores de rescate terminan recayendo sobre brigadas internacionales y ciudadanos comunes, mientras el aparato estatal se dedica a poner trabas burocráticas, aduanales y políticas. En el caso de Cuba, la rigidez del sistema impide que la ayuda internacional llegue de manera ágil y directa a quienes la necesitan. Todo debe pasar por el filtro del gobierno cubano, lo que garantiza que una parte significativa de los recursos sea desviada o utilizada para beneficiar a las élites militares y políticas, mientras la base de la población permanece en la indigencia.
Contexto: El desastre como herramienta de control en Cuba
Para comprender la magnitud de lo que ocurre en naciones bajo regímenes autoritarios como el de Venezuela o Cuba, es necesario analizar el manejo histórico de las crisis en la isla. El gobierno cubano ha transformado cada desastre natural en una oportunidad para reforzar su retórica de «resistencia» y «soberanía», conceptos que en la práctica se traducen en aislamiento y abandono. Durante el paso de huracanes devastadores, el Estado ha confiscado donaciones internacionales almacenándolas en almacenes militares, mientras la población afectada pasaba hambre y frío en refugios precarios.
La dictadura cubana ha criminalizado la solidaridad independiente. En múltiples ocasiones, activistas y opositores que han intentado recolectar y distribuir alimentos, agua o medicinas en zonas afectadas han sido arrestados bajo cargos de «desacato» o «desorden público». Esta paradoja —donde ayudar al prójimo se convierte en un delito si no se hace bajo la bandera del partido único— evidencia la naturaleza totalitaria del sistema. El Estado reclama para sí el monopolio de la bondad y la distribución, pero carece de la capacidad logística y, sobre todo, de la voluntad humana para ejecutarlo de manera efectiva.
Además, la infraestructura cubana, colapsada por décadas de mala gestión, centralización inepta y corrupción institucionalizada, garantiza que cualquier evento climático o sísmico se traduzca en una catástrofe prolongada. Los edificios se derrumban no solo por la fuerza de la naturaleza, sino por el abandono estructural. Cuando esto ocurre, el régimen de La Habana cierra el acceso a la zona afectada para periodistas extranjeros, impide la entrada de observadores independientes y construye una narrativa de «victoria» sobre la adversidad, ocultando los cadáveres y el sufrimiento real bajo montañas de propaganda oficialista.
Cierre
La tragedia venezolana y las denuncias de obstrucción a la ayuda humanitaria no son un fenómeno aislado, sino el síntoma de una enfermedad sistémica compartida por los regímenes autoritarios de la región. El régimen de La Habana, como mentor ideológico y táctico de muchas de estas prácticas, ha demostrado que para la dictadura la preservación de su imagen y su hegemonía política siempre estará por encima del derecho a la vida de sus ciudadanos.
Mientras la comunidad internacional observe estas crisis a través del prisma de la «ineficiencia» o la «falta de recursos», fallará en diagnosticar el verdadero problema: la maldad estructural de sistemas diseñados para controlar cada aspecto de la existencia humana. La verdadera catástrofe no es el terremoto o el huracán, sino la respuesta criminal de un Estado que secuestra la solidaridad y convierte el desastre en una herramienta más de su maquinaria represiva. La libertad y la vida de los pueblos de Cuba y Venezuela dependen, en última instancia, del desmantelamiento de estos regímenes que anteponen su supervivencia política a la dignidad y la supervivencia física de su propia gente.
