La respuesta del chavismo ante los recientes y devastadores terremotos en el norte de Venezuela revela, una vez más, la naturaleza criminal de los regímenes autoritarios, que anteponen el control político y la propaganda a la vida humana. La obstrucción deliberada de la ayuda humanitaria, documentada por periodistas y rescatistas en terreno, encuentra trágicos y precisos paralelismos en la forma en que la dictadura cubana ha gestionado históricamente las catástrofes naturales, demostrando que, para estas tiranías, la supervivencia del poder siempre está por encima de la supervivencia de los ciudadanos.
La devastación dejada por los sismos en territorio venezolano ha sacado a relucir no solo la vulnerabilidad estructural de un país colapsado, sino también la crueldad sistémica de su aparato estatal. Según testimonios recogidos por el periodista exiliado Enmanuel Rincón en conversaciones con medios independientes, la actuación de las autoridades venezolanas trasciende la mera incompetencia administrativa. Se trata, en esencia, de una decisión política deliberada para impedir que la asistencia llegue a quienes más la necesitan. Esta dinámica, donde el Estado se convierte en el principal obstáculo para el rescate, es un patrón bien conocido por quienes han sufrido bajo sistemas totalitarios y autoritarios en la región.
Rincón ha sido contundente al afirmar que el régimen hizo todo lo posible para que la población no recibiera apoyo. Funcionarios del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) no solo retrasaron las operaciones de rescate, sino que desmantelaron centros de acopio organizados por la sociedad civil y agrupaciones opositoras. La exigencia de realizar actos protocolares y de controlar políticamente la llegada de brigadas especializadas antes de permitir su despliegue evidencia una prioridad aberrante: la imagen del gobierno importa más que el aire bajo los escombros. Esta politización de la tragedia es la firma inconfundible de las dictaduras, incapaces de concebir ninguna esfera de la vida pública, ni siquiera la emergencia humanitaria, fuera de su estricto control ideológico.
La ausencia de los organismos oficiales durante las primeras y cruciales horas posteriores al movimiento telúrico es otro de los puntos oscuros de esta gestión. Mientras cientos de vecinos intentaban remover escombros con sus manos desnudas en un intento desesperado por rescatar a sus seres queridos, la maquinaria estatal brillaba por su ausencia. Cuando finalmente hicieron su aparición las fuerzas militares y de seguridad, casi 48 horas después, lo hicieron escoltadas por cámaras y con fines puramente propagandísticos. La población, consciente de que en estos escenarios cada segundo es vital, recibió con justo rechazo una intervención que llegaba demasiado tarde y con el único propósito de maquillar la inoperancia gubernamental.
El miedo impide aún dimensionar el alcance real de la catástrofe. Rincón relata haber recibido abundante material gráfico y audiovisual que los propios ciudadanos, personal sanitario improvisado y voluntarios se niegan a publicar por temor a represalias. La censura y el terror psicológico operan como un muro adicional que aísla a las víctimas. En un entorno donde la ayuda es secuestrada por la burocracia política, denunciar la inacción del Estado puede significar perder el acceso a los escasos recursos que puedan distribuirse o, peor aún, enfrentar el aparato represivo. Es una crisis humanitaria de proporciones dantescas, ahogada en el silencio impuesto por la fuerza.
El espejo cubano: La gestión de la tragedia como herramienta de dominación
Observar la tragedia venezolana obliga inevitablemente a mirar hacia la isla, donde el régimen de La Habana ha perfeccionado durante décadas este mismo manual de gestión de desastres. Cuando huracanes de gran envergadura han azotado el territorio cubano, o cuando se han producido derrumbes y sismos en regiones orientales como Santiago de Cuba, la respuesta del gobierno cubano ha seguido una matriz similar. La militarización de la ayuda, el acaparamiento de donativos por parte de las estructuras del Partido Comunista y la persecución a quienes intentan organizar redes de solidaridad independiente son prácticas sistemáticas que buscan mantener a la población en un estado de dependencia absoluta.
En la isla, la dictadura ha utilizado las catástrofes naturales no solo como escenario para ensalzar la figura de los líderes o para vanagloriar una supuesta eficacia del sistema socialista, sino como pretexto para incrementar el control social. Los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y otras organizaciones de masa se convierten en los únicos canales autorizados para distribuir recursos, marginando deliberadamente a quienes no demostraron lealtad política. La ayuda internacional, cuando ha sido aceptada, ha pasado por el filtro de las empresas estatales, siendo redistribuida muchas veces como si fuera un mérito y una concesión del gobierno, ocultando su origen externo y negando el derecho de la sociedad civil a participar en su distribución.
La simbiosis entre Caracas y La Habana es evidente también en el fracaso estructural. Ambos regímenes comparten una infraestructura deteriorada por años de saqueo, corrupción e ineptitud planificada. Los edificios que colapsan en Venezuela, al igual que las viviendas que se derrumban en La Habana Vieja o en Santiago de Cuba, no lo hacen únicamente por la fuerza de la naturaleza, sino por el abandono institucional, la falta de mantenimiento y la incapacidad del modelo autoritario para garantizar el bienestar y la seguridad básica de sus ciudadanos. Cuando la tragedia golpea, el Estado carece de los recursos materiales para responder, pero conserva intacto y afilado su aparato represivo para impedir que la sociedad se organice por sí misma.
Es en estos momentos de desgracia colectiva donde el periodismo independiente y la sociedad civil demuestran su vital importancia. Al igual que los reporteros y voluntarios en Venezuela arriesgan su vida para visibilizar la verdad, en Cuba los comunicadores alternativos enfrentan la censura, los cortes de internet y los arrestos arbitrarios para mostrar el rostro real de los desastres. La dictadura entiende que la información es un arma de liberación; por eso, el primer instinto de estos gobiernos frente a la catástrofe es apagar los focos, cortar las comunicaciones y monopolizar el relato. La solidaridad genuina, despojada de banderas políticas y de acatamiento ideológico, es vista como una amenaza directa al monopolio del poder.
La vida humana como variable desechable en la ecuación del poder
Lo ocurrido en el norte de Venezuela y lo que sistemáticamente se repite en Cuba demuestra que, para las autocracias, la vida humana es una variable completamente desechable. La incapacidad de reaccionar con celeridad, la obstrucción burocrática de brigadas internacionales y la confiscación de ayuda no son errores de cálculo o fallos logísticos, sino políticas de Estado diseñadas para evitar que la ciudadanía adquiera autonomía incluso en medio del dolor. Un pueblo que aprende a salvarse a sí mismo, que descubre que puede organizarse y resolver sus urgencias sin depender de la tutela del Estado, es un pueblo que tarde o temprano cuestionará la necesidad misma de ese Estado y de sus opresores.
La comunidad internacional y los organismos de derechos humanos deben prestar atención no solo a los daños materiales visibles tras los terremotos o los huracanes, sino a la violencia institucional que los acompaña. Exigir canales humanitarios libres de injerencia política, garantizar la llegada directa de ayuda a las víctimas sin intermediarios militares y proteger a los periodistas que documentan estas realidades son pasos ineludibles. Mientras el régimen de La Habana y sus aliados regionales sigan tratando las tragedias como oportunidades de propaganda y control social, la verdadera reconstrucción material y espiritual de estas naciones será imposible. La libertad, la transparencia y la dignidad son los cimientos más sólidos para cualquier recuperación, y estos elementos fundamentales siguen siendo violentamente negados a millones de personas en Venezuela y Cuba.
