El mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, defendió durante una gira por varias empresas estatales en La Habana la implementación de la autonomía empresarial como motor para la recuperación económica. Sin embargo, la realidad de la isla evidencia que estas medidas resultan inoperantes en un sistema donde la planificación central, el control estatal de precios y la falta de garantías jurídicas anulan cualquier intento real de descentralización.
Durante su recorrido por la fábrica de pastas La Pasiega, la empresa Cítricos Caribe S.A. y la base Ronera Occidental, acompañado por los ministros de Industria Alimentaria y Agricultura, Alberto López Díaz e Ydael Pérez Brito, el gobernante insistió en la necesidad de aplicar las 176 transformaciones económicas aprobadas recientemente. El discurso oficial sostiene que estas normativas permitirán a las empresas aprobar precios, gestionar utilidades y diseñar escalas salariales con mayor independencia, con el objetivo de impulsar las fuerzas productivas.
El límite del control estatal en la economía
Sin embargo, analistas económicos señalan que la autonomía empresarial es una contradicción insalvable en el modelo cubano. Delegar la facultad de aprobar precios mayoristas y minoristas carece de sentido práctico si el Ministerio de Finanzas y Precios conserva la última palabra. De igual forma, la flexibilización en el destino de las utilidades no fomenta el desarrollo si no existe un mercado libre donde invertir con criterios de rentabilidad a mediano y largo plazo. El régimen de La Habana mantiene un control férreo que impide que las decisiones empresariales se rijan por la oferta y la demanda.
Este escenario se agrava en el contexto de la profunda crisis estructural que atraviesa la isla, marcada por una inflación galopante, el desabastecimiento crónico de combustible y un éxodo migratorio sin precedentes. A las empresas estatales se suman las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), a las cuales el ejecutivo cubano ha otorgado ciertas facultades, como la importación y exportación directa, aunque la gestión logística permanece en un limbo burocrático. Además, las autoridades de la isla han impuesto a los actores privados una \»responsabilidad social\» que, en la práctica, traslada obligaciones asistenciales del Estado a los emprendedores.
La exigencia de que el sector privado asuma el cuidado de jubilados, personas vulnerables y jóvenes en sus comunidades evidencia la incapacidad del gobierno cubano para sostener el aparato público. Mientras la dictadura cubana mantenga la planificación central como eje del sistema y rehúse proteger los derechos de propiedad privada de manera independiente al poder político, las supuestas reformas empresariales seguirán siendo un maquillaje institucional. Las consecuencias para la ciudadanía se traducirán en un estancamiento prolongado de la productividad y en la profundización de la dependencia externa, sin que las recientes normativas logren revertir el colapso económico.
