El mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, ha defendido durante una reciente gira por entidades estatales en La Habana la implementación de la «autonomía empresarial» y la participación de los trabajadores en la toma de decisiones. Sin embargo, expertos y la propia realidad del tejido productivo nacional demuestran que estas medidas resultan inocuas en un sistema económico donde la planificación central, el control de precios y la ausencia de derechos de propiedad privada bloquean cualquier intento real de desarrollo.
En un recorrido que la prensa oficialista se encargó de elevar a la categoría de «gesta revolucionaria», el dirigente visitó la fábrica de pastas cortas La Pasiega, la empresa exportadora e importadora Cítricos Caribe S.A. y la unidad empresarial de base Ronera Occidental, todas enclavadas en la capital cubana. Acompañado por los ministros de la Industria Alimentaria y de Agricultura, Alberto López Díaz e Ydael Pérez Brito, respectivamente, el primer secretario del Partido Comunista insistió en la necesidad de aprovechar las 176 transformaciones económicas y sociales aprobadas recientemente por el ejecutivo cubano para intentar reanimar la agonizante economía nacional.
El núcleo del discurso oficial gira en torno a la idea de «desatar las fuerzas productivas» mediante una supuesta descentralización. No obstante, analistas económicos señalan que la autonomía empresarial es un concepto jurídicamente y económicamente incompatible con el modelo cubano. Para que una empresa goce de verdadera autonomía, se requiere un marco donde los derechos de propiedad privada estén garantizados por un ordenamiento jurídico independiente del poder político, y donde el libre mercado rija la fijación de precios a través de la oferta y la demanda. Bajo el predominio de la actividad estatal y la planificación central, esta autonomía se convierte en una mera declaración retórica.
Las contradicciones del paquete de 176 medidas salen a la luz al analizar su letra pequeña. El gobierno cubano habla de facultar a las empresas para la aprobación de precios mayoristas y minoristas, pero la última palabra y el poder de veto recaen inexorablemente en el Ministerio de Finanzas y Precios. De igual forma, la flexibilización en el destino de las utilidades después de impuestos pierde todo sentido práctico en un entorno donde no existe un mercado de insumos ni oportunidades para invertir con criterios de rentabilidad a medio y largo plazo. La escasez estructural anula cualquier margen de maniobra financiera.
El laberinto de las importaciones y la «responsabilidad social»
Otro de los caballos de batalla del régimen de La Habana es la promesa de permitir importar y exportar sin intermediarios, una demanda histórica del sector empresarial que durante décadas estuvo secuestrada por el monopolio estatal. Aunque la medida se anuncia como un avance, persiste la incertidumbre sobre su alcance real, especialmente en áreas críticas como la gestión del combustible, donde aún no está claro si las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) podrán operar de manera directa frente a la severa crisis energética que sufre la isla.
El discurso oficial también impone a las empresas la obligación de cumplir con supuestos «principios de responsabilidad social», un eufemismo que enmascara el abandono de competencias por parte de un Estado incapaz de garantizar los servicios básicos. Las autoridades de la isla exigen que las entidades privadas y estatales asuman la atención de los trabajadores jubilados, los sectores vulnerables, los jóvenes, e incluso la solución de problemas de vivienda y alimentación de su fuerza laboral. Lejos de ser autonomía, esto representa la transferencia de las responsabilidades fallidas del Estado hacia unas empresas que operan con las manos atadas.
En cuanto a la participación de los trabajadores en la toma de decisiones, la narrativa choca de frente con la apatía y el desinterés generalizado. Es prácticamente imposible encontrar en la Cuba actual un trabajador que sienta un sentido de pertenencia hacia la empresa para la que labora. El modelo marxista aplicado durante décadas ha eliminado cualquier vínculo orgánico entre el empleado y el éxito o fracaso de la entidad, un sentimiento de pertenencia que, en cambio, sí logran consolidar las economías de mercado. La exigencia de que los obreros participen en la confección de planes y distribución de utilidades suena a vacío en un contexto de hiperinflación y salarios que no cubren ni una canasta básica mensual.
Contexto de una crisis sistémica
Las visitas y anuncios de Díaz-Canel ocurren en medio de la peor crisis estructural que ha enfrentado el país en las últimas tres décadas. La economía cubana sufre una inflación descontrolada que ha destruido el poder adquisitivo de la moneda nacional, agravada por un proceso de dolarización forzada y un desabastecimiento crónico de alimentos, medicamentos y combustibles. En este panorama, las 176 transformaciones aparecen más como parches burocráticos que como soluciones de fondo, incapaces de revertir el colapso del sistema de suministros y la parálisis productiva nacional.
Además de la crisis material, el régimen cubano debe lidiar con la hemorragia demográfica y laboral. El éxodo migratorio de más de medio millón de personas en los últimos años ha dejado al país sin su fuerza de trabajo más calificada y joven. Las empresas, tanto estatales como del incipiente sector privado, operan con severos déficits de personal, lo que hace aún más cínico el discurso sobre la «autonomía» para aumentar la productividad. No hay autonomía posible cuando no hay capital humano para ejecutar los planes de producción.
Antecedentes de un modelo agotado
El actual intento de maquillar el sistema empresarial no es novedoso. Durante 67 años, la aplicación de políticas económicas de corte marxista ha asfixiado la iniciativa privada y concentrado el poder de decisión en una cúpula militar y política carente de formación técnica en materia económica. Los «Lineamientos de la Política Económica y Social» aprobados en 2011 bajo el mandato de Raúl Castro prometían una actualización del modelo que nunca llegó a concretarse, demostrando que la dictadura cubana solo está dispuesta a tolerar reformas cosméticas que no amenacen su monopolio del poder.
La reciente apertura a las mipymes, al igual que las ahora llamadas 176 transformaciones, fueron respuestas desesperadas a la asfixia financiera y la presión social, no el resultado de una planificación estratégica coherente. Sin embargo, el ejecutivo cubano sigue negándose a reconocer que el problema no es la falta de regulaciones o de preparación de los cuadros, sino la existencia de un sistema que penaliza el éxito, ahoga la inversión extranjera directa y subordina la economía al control político absoluto.
Implicaciones y panorama futuro
El recorrido de Díaz-Canel por La Pasiega, Cítricos Caribe S.A. y Ronera Occidental debería servir como un termómetro de la realidad insalvable del sistema empresarial cubano. Corregir las deficiencias estructurales de una economía planificada en bancarrota exigirá mucho más que decretos publicados en la Gaceta Oficial. Mientras el poder político mantenga el control sobre los precios, las importaciones y las utilidades, cualquier discurso sobre autonomía será percibido por la población como un absoluto despropósito y una pérdida de tiempo.
De cara al futuro, las consecuencias de esta inacción son previsibles. La continuada negativa del gobierno cubano a implementar reformas de mercado reales y respetar la propiedad privada garantizará la profundización de la pobreza, el estancamiento productivo y la dependencia de remesas y ayuda externa. La comunidad internacional y los actores económicos observan con escepticismo cómo un régimen atrincherado en su propia retórica prefiere hundir al país antes que ceder el control económico, dejando claro que en Cuba no hay voluntad política para un cambio sistémico que libere las verdaderas potencialidades de su pueblo.
