Las autoridades migratorias de la isla impidieron la salida de Cuba al sacerdote camagüeyano Castor José Álvarez Devesa, quien se disponía a viajar a Estados Unidos para asistir a una ordenación episcopal. El religioso fue notificado de la restricción de viaje, conocida eufemísticamente como \»regulación\», en el momento de abordar el avión, evidenciando una vez más el control arbitrario del régimen de La Habana sobre la libertad de movimiento de sus ciudadanos.
Álvarez Devesa denunció la situación a través de una transmisión en vivo desde la terminal aérea, donde detalló que tenía como destino Miami para participar en la ceremonia religiosa del cubanoamericano Emilio Biosca Agüero. El presbítero manifestó su desconcierto al asegurar que no tenía conocimiento previo de ninguna medida en su contra, lo que obligó a sus allegados a asumir los costos del pasaje y los preparativos del viaje para luego descubrir la prohibición en el último momento. \»Es penoso que ni siquiera me hayan avisado\», lamentó el religioso, quien subrayó que la mayor gravedad radica en la negativa sistemática de poder abandonar libremente el territorio nacional.
Represión sistemática contra la Iglesia crítica
La medida adoptada contra el padre Castor no es un hecho aislado, sino que se enmarca en el historial de hostigamiento que mantiene la dictadura cubana contra él por su postura pública a favor de las libertades y sus denuncias sobre las precarias condiciones sociales de la población. Durante las protestas cívicas del 11 de julio de 2021, el sacerdote fue detenido y agredido físicamente por agentes del Estado al intentar defender a un adolescente de la represión policial. Además, ha sido objeto de citaciones e interrogatorios por parte de la Seguridad del Estado, sumándose a la lista de voces disidentes dentro de la Iglesia católica que enfrentan el acoso del régimen, como el también camagüeyano Alberto Reyes.
El gobierno cubano utiliza la figura de la \»regulación\» para ejercer un veto discrecional sobre activistas, opositores, periodistas y figuras religiosas. Esta práctica se ampara en la Ley de Migración y sus reformas, que permiten al ejecutivo cubano negar salidas bajo pretextos amplios como la \»defensa y seguridad nacional\». Aunque en 2013 se eliminó el polémico permiso de salida, el aparato estatal ha conservado intactas sus facultades para cercenar el derecho a la libre circulación, una política que organizaciones internacionales como Human Rights Watch han catalogado como una clara violación del derecho internacional.
El impedimento de viaje al padre Álvarez refleja el endurecimiento del aparato represivo frente a cualquier sector que cuestione la narrativa oficial, incluyendo a instituciones religiosas históricamente vigiladas. Mientras la crisis estructural de la isla se profundiza con un masivo éxodo migratorio y un colapso generalizado de los servicios públicos, las autoridades priorizan el cerco informativo y la restricción de movilidad sobre el respeto a los derechos fundamentales. Esta acción deja en evidencia la falta de garantías jurídicas para los cubanos que deciden alzar la voz, un escenario que continúa siendo monitoreado por la comunidad internacional y las organizaciones defensoras de los derechos humanos.
