Las autoridades de la isla informaron sobre el hallazgo de una embarcación tipo Zodiac frente a las costas de Santiago de Cuba, un suceso que se suma a una serie de descubrimientos marítimos recientes en el archipiélago. El régimen de La Habana, a través del Ministerio del Interior, ha activado el protocolo legal para reclamar el bien, bajo la advertencia de que pasará a engrosar el patrimonio estatal si no aparece un propietario en un plazo de 30 días.
De acuerdo con una nota publicada en el diario oficial Granma, la embarcación fue localizada el pasado 7 de junio en la zona de Uvero, municipio Guamá. El bote, de casco de goma y plástico con colores blanco y rojo, cuenta con un motor fuera de borda marca Mercury de 6 caballos de fuerza y la inscripción \»AXE-F82731\» en la banda de babor. La convocatoria para reclamar la nave se ampara en el Decreto No. 317 de la Ley de Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre, exigiendo a los posibles dueños presentar la documentación legal ante la Capitanía del Puerto de Santiago de Cuba.
Este incidente no es aislado. En los últimos meses, el gobierno cubano ha reportado hallazgos similares en distintas provincias, evidenciando un patrón constante de actividad marítima irregular. En abril, la Capitanía del Puerto de Cárdenas, en Matanzas, informó sobre dos embarcaciones abandonadas, una de ellas con un número telefónico estadounidense manuscrito. Posteriormente, en mayo, el ejecutivo cubano reportó la incautación de otras dos naves en Camagüey, incluyendo una moto acuática y una lancha con motor de alta potencia. En todos estos casos, las autoridades han recordado que los bienes no reclamados pasan a ser propiedad del Estado mediante la Resolución No. 1/2015 del MININT.
El contexto de la crisis sistémica y el control estatal
El patrón repetido de botes, lanchas y motos acuáticas abandonadas o interceptadas refleja la desesperación de miles de cubanos que intentan abandonar la isla huyendo de la profunda crisis económica y social. La inflación galopante, el desabastecimiento crónico y la falta de libertades han disparado un éxodo migratorio sin precedentes, empujando a los ciudadanos a arriesgar sus vidas en rutas marítimas irregulares. Ante este escenario, la dictadura cubana ha endurecido sus mecanismos de control, utilizando la legislación marítima no solo para regular la navegación, sino para incautar bienes que posteriormente son absorbidos por el aparato estatal sin transparentar su destino final.
Aunque las autoridades no han vinculado oficialmente estos hallazgos con el tráfico de personas o estupefacientes, la retención sistemática de embarcaciones subraya la política de confiscación del Estado frente a la ciudadanía. Mientras el régimen de La Habana se apropia de estos medios navales, la comunidad internacional mantiene su atención sobre la crisis humanitaria que obliga a los cubanos a buscar alternativas de escape. La incautación de estas propiedades no resuelve la causa raíz del fenómeno, pero sí fortalece el control del gobierno sobre los recursos de una población que busca desesperadamente salir del colapso estructural y la represión social.
