El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, aseguró que el endurecimiento o alivio de las sanciones contra el régimen de La Habana dependerá directamente de la conducta que asuma la isla frente a la ayuda humanitaria y el respeto a las libertades. El anuncio se produjo durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, donde el funcionario subrayó que la política de Washington operará bajo la lógica de \»zanahoria y garrote\».
Al ser consultado sobre la efectividad de las medidas restrictivas, Bessent detalló que el gobierno cubano ha rechazado mecanismos de asistencia internacional al exigir que los recursos pasen por su \»sistema corrupto\». Esta postura del ejecutivo cubano bloquea la distribución directa de ayuda a una población sumida en una profunda crisis de desabastecimiento. La propuesta estadounidense incluye un paquete de 100 millones de dólares en alimentos y medicinas, condicionado a que la entrega se realice a través de la Iglesia Católica y organizaciones independientes, marginando el aparato estatal.
El pronunciamiento se da en el marco de la Orden Ejecutiva 14404, firmada recientemente por el presidente Donald Trump, la cual amplía el espectro de sanciones bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. Esta normativa faculta al Departamento del Tesoro y al Departamento de Estado para penalizar a actores extranjeros vinculados a sectores estratégicos de la economía isleña, como energía, minería y finanzas, así como a cómplices de graves abusos. Como primera aplicación de este marco, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) actualizó el registro del conglomerado militar GAESA y de Moa Nickel S.A., incluyendo a su presidenta ejecutiva, Ania Guillermina Lastres Morera, en la lista de personas bloqueadas.
Presión sobre el aparato militar y crisis estructural
La advertencia de la OFAC establece un plazo hasta el 5 de junio para que los actores internacionales liquiden operaciones con GAESA, el brazo económico de las Fuerzas Armadas que controla la mayor parte de la riqueza del país. Esta medida busca asfixiar financieramente a la dictadura cubana, responsabilizada directa del colapso económico, la hiperinflación y el éxodo migratorio masivo que sufre la nación. Al cerrar el cerco sobre las empresas militares, Washington intenta evitar que las autoridades de la isla sigan lucrando mientras imponen una represión sistemática contra la sociedad civil y mantienen secuestradas las libertades fundamentales.
Ante el endurecimiento del panorama, el régimen de La Habana ha reaccionado mediante su canciller, Bruno Rodríguez, quien ha desestimado las medidas tildándolas de \»coercitivas\» y de \»castigo colectivo\». Sin embargo, la negativa de la dictadura a aceptar ayuda que no sea canalizada por su maquinaria estatal evidencia su prioridad de mantener el control político sobre el bienestar de la ciudadanía. El futuro de las relaciones bilaterales y el nivel de presión económica sobre la cúpula militar dependerán, según reiteró Bessent en coordinación con el secretario de Estado Marco Rubio, de los próximos pasos que tome el poder en La Habana.
