Una motorina eléctrica se incendió tras una explosión en el concurrido bulevar de San Rafael, en Centro Habana, propagando las llamas a otro vehículo similar. El incidente, ocurrido en una de las principales zonas comerciales de la capital, pone de manifiesto los riesgos asociados a un medio de transporte que la ciudadanía ha adoptado masivamente como alternativa frente al colapso del sistema público de movilidad impulsado por el régimen de La Habana.
El fuego consumió rápidamente ambos vehículos, generando una densa columna de humo que alertó a decenas de transeúntes. Hasta el momento, las autoridades de la isla no han emitido un parte oficial detallando posibles víctimas, la causa técnica del siniestro, ni la cuantía de las pérdidas materiales. Tampoco se ha informado si los equipos estaban conectados a la red eléctrica en el momento de la explosión, lo que mantiene en la incertidumbre a la población sobre los protocolos de seguridad ante este tipo de emergencias.
Este tipo de siniestro se ha multiplicado en los últimos años debido a la dependencia forzosa de las motos eléctricas, impulsada por la escasez crónica de combustible y el deterioro del transporte estatal. Datos recientes emitidos por el Cuerpo de Bomberos en la provincia de Villa Clara reflejan la magnitud del problema: se registraron 32 incendios vinculados a estos vehículos en lo que va de año, con pérdidas calculadas en aproximadamente 95 millones de pesos cubanos. La mayoría de estos eventos ocurrió en viviendas y áreas públicas, evidenciando la vulnerabilidad de los sectores más humildes.
Improvisación y falta de regulación frente a la crisis energética
Los especialistas atribuyen estos incendios a reparaciones inadecuadas, uso de cargadores no certificados, sobrecarga de la red y la eliminación de dispositivos de seguridad. Sin embargo, esta realidad es una consecuencia directa de la política económica del gobierno cubano. La imposibilidad de acceder a repuestos originales y a un mercado formal de baterías de litio obliga a la ciudadanía a recurrir a soluciones informales y peligrosas para mantener su única vía de movilidad ante la ineficiencia estatal y la inflación galopante.
La proliferación de estos accidentes augura un escenario de mayor inseguridad ciudadana, donde los cubanos se ven atrapados entre la necesidad de transporte y la falta de infraestructura adecuada. Mientras la dictadura cubana mantiene su control absoluto sobre los recursos y las importaciones sin rendir cuentas democráticas ni ofrecer alternativas viables, la población continúa asumiendo los riesgos físicos y materiales de una crisis estructural que no muestra visos de resolución.
