El régimen de La Habana exige hoy la inversión de los cubanos en el exterior, incluidos los descendientes de aquellos a quienes el Estado despojó de sus propiedades hace más de seis décadas, sin haber mostrado jamás un gesto de reparación o disculpa por la confiscación masiva de empresas y la posterior cadena de violaciones a los derechos humanos.
El 13 de octubre de 1960, mediante la promulgación de la Ley 890, el ejecutivo cubano anunció la expropiación forzosa de la mayor parte de la industria nacional y comercial, incluyendo fábricas de alimentos, destilerías, 105 centrales azucareros y el sistema bancario. Esta ofensiva se completó en 1968 con la llamada \»Ofensiva Revolucionaria\», que liquidó la totalidad de los pequeños negocios privados restantes. Durante más de medio siglo, la propaganda oficial ha celebrado estas medidas como hitos antiimperialistas, ignorando el profundo deterioro económico que sembraron en la estructura productiva de la isla.
En la actualidad, frente a la aguda crisis estructural que atraviesa el país, las autoridades de la isla han modificado su discurso para intentar atraer el capital de la diáspora. Utilizando un tono conciliador, el gobierno cubano apela a la supuesta voluntad de estrechar lazos con sus connacionales en el exterior, instando a los hijos y nietos de los expropiados a invertir en la nación. Sin embargo, esta invitación contrasta de manera abrupta con la falta de una política de reparación o siquiera un reconocimiento público de los abusos cometidos contra los propietarios y sus familias, quienes en su momento no tuvieron otra alternativa que el exilio.
Impunidad y silencio sobre los crímenes de Estado
La ausencia de autocrítica no se limita al ámbito económico. La dictadura cubana mantiene un silencio absoluto respecto a graves episodios de violencia estatal y represión política. Eventos como los mítines de repudio y las agresiones físicas durante el éxodo del Mariel, el hundimiento del remolcador \»13 de Marzo\» donde perdieron la vida decenas de personas, y el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate permanecen impunes. El régimen persiste en presentarse como víctima de agresiones externas, tergiversando la historia para evadir la responsabilidad sobre crímenes que no han sido esclarecidos ni sancionados.
Esta estrategia de buscar financiamiento sin asumir responsabilidades ocurre en medio de un colapso sistémico caracterizado por una inflación galopante, el desabastecimiento crónico de productos básicos y un éxodo migratorio sin precedentes. La exigencia de inversión extranjera y de la diáspora se revela más como un mecanismo de supervivencia de un modelo fracasado que como una genuina apertura económica. Mientras no exista un marco de seguridad jurídica, garantías democráticas y un respeto real a la propiedad privada, la pretensión de que el exilio rescate la economía nacional carece de viabilidad y profundiza la desconfianza hacia un sistema que históricamente ha conculcado los derechos fundamentales de la ciudadanía.
