Un recluso de 41 años, identificado como Yaciel Antúnez, murió bajo custodia del Estado en una prisión de Santa Clara tras sufrir un severo deterioro de salud que sus familiares atribuyen a negligencia médica y abandono institucional. El deceso, confirmado por la organización Cubalex, evidencia una vez más la crisis humanitaria y sanitaria que atraviesa el sistema penitenciario bajo el control de la dictadura cubana.
Antúnez, residente en Cienfuegos y paciente con VIH, cumplía sanción en la prisión para personas con este virus en la provincia de Villa Clara. Según testimonios familiares recogidos por Cubalex, el recluso no recibió tratamiento antirretroviral ni medicación adecuada durante su encierro. El 27 de noviembre, durante una visita familiar, el joven presentó mareos intensos, debilidad extrema y desmayos, lo que llevó a sus allegados a solicitar de urgencia atención médica a las autoridades del penal. Sin embargo, su petición fue ignorada y el recluso fue devuelto a su celda.
La falta de respuesta institucional resultó fatal. Transcurrida una semana sin atención especializada, el recluso fue trasladado a la enfermería del centro y posteriormente al hospital nuevo de Santa Clara, cuando su estado clínico ya era irreversible. Ese mismo día entró en coma y falleció al día siguiente. La familia denunció además que el régimen de La Habana les negó el derecho a la información: la madre del fallecido se enteró del traslado a través de otro preso y, al viajar desde Cienfuegos, solo pudo ver a su hijo cuando ya se encontraba en estado de coma profundo.
Una crisis penitenciaria sistémica
Este caso no es un hecho aislado, sino el reflejo de una crisis estructural que aqueja a las cárceles de la isla. Un informe del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC) documentó 60 muertes bajo custodia entre marzo de 2024 y marzo de 2025, de las cuales 47 están vinculadas a problemas de salud y falta de atención oportuna, y siete a violencia física directa. El sistema carcelario se caracteriza por el hacinamiento extremo, la falta de higiene y la escasez de agua potable, ventilación y alimentación adecuada, condiciones que multiplican el riesgo de enfermedades prevenibles y muertes evitables.
Ante la impunidad que rodea a estos fallecimientos, organizaciones de derechos humanos como Cubalex han exigido investigaciones independientes, exhaustivas y transparentes, así como reparación para las víctimas. Sin embargo, el gobierno cubano mantiene su política de silencio frente a las violaciones a los derechos humanos dentro de sus centros de reclusión. La persistencia de estas prácticas, sin pesquisas ni sanciones a los responsables, subraya la ausencia total de garantías básicas en la isla y exige una mayor condena y presión por parte de la comunidad internacional para frenar el trato inhumano y la negligencia letal contra los reclusos.
