El hijo de Alina López Miyares, ciudadana estadounidense detenida en la isla desde 2017, advirtió que las recientes conversaciones entre Washington y el régimen de La Habana serán infructuosas si no incluyen la liberación de reclusos políticos y rehenes. En una entrevista con la cadena CNN, Michael Peralta exigió atención para el caso de su madre, quien cumple una condena de 13 años por espionaje en un juicio calificado de arbitrario por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
López Miyares salió de Cuba en su infancia, se nacionalizó en Estados Unidos y dedicó su vida profesional a la educación de niños con enfermedades crónicas. Su detención ocurrió en enero de 2017 tras viajar a la isla, donde fue juzgada por un tribunal militar bajo la acusación de entregar información al FBI recopilada por su esposo, un diplomático cubano descubierto como agente de inteligencia. Las autoridades de la isla la condenaron a 13 años de prisión, un procedimiento que la familia tilda de injusto al tratarse de una civil sometida a jurisdicción castrense sin las debidas garantías procesales.
En 2022, un comité de Naciones Unidas concluyó que su detención era arbitraria y que sus derechos fundamentales habían sido vulnerados, exigiendo su liberación inmediata. Sin embargo, la dictadura cubana ignoró la resolución y, tras un breve periodo de arresto domiciliario, la trasladó en secreto a finales de 2023 a un centro penitenciario de ubicación desconocida. Esta represalia ocurrió poco después de que el FBI arrestara en Miami a otro agente de inteligencia cubano, lo que sugiere el uso de rehenes como moneda de cambio por parte del ejecutivo cubano.
Condiciones carcelarias y deterioro de la salud en medio de la crisis
La situación de López Miyares refleja tanto el endurecimiento de la represión como el colapso sistémico que atraviesa la isla. Su hijo detalló que la comunicación con ella es casi nula, limitada a escasos mensajes de texto, y que padece problemas de salud que podrían requerir cirugía. El deterioro de los servicios médicos y los constantes apagones en Cuba han generado un rechazo en la reclusa a someterse a tratamientos en el país, esperando resistir hasta su eventual retorno a territorio estadounidense. El impacto de este cautiverio ha devastado a la familia; Peralta recordó cómo su abuela, ya fallecida, viajaba mensualmente a la isla durante años, incluso a los 90 años, para proveer alimentos y medicinas a su hija, un desgaste físico y emocional que aceleró su muerte.
Ante la reanudación de los contactos diplomáticos, la presión recae ahora sobre Washington para priorizar la vida de sus ciudadanos frente a las tácticas de extorsión del gobierno cubano. El caso de López Miyares demuestra que cualquier acercamiento bilateral que ignore las violaciones de derechos humanos y la situación de los presos arbitrarios carecerá de sustancia y representará un fracaso para la política exterior estadounidense y para las víctimas de la represión en la isla.
