El régimen de La Habana ha endurecido el marco penal contra cualquier acción que comprometa el Sistema Electroenergético Nacional (SEN), estableciendo sanciones que oscilan entre 30 años de prisión, cadena perpetua e incluso la aplicación de la pena de muerte. La medida, divulgada por el Tribunal Supremo Popular, busca criminalizar el robo de componentes y combustibles en medio del colapso energético que sufre la isla.
Mediante una publicación en el diario oficial Granma, las autoridades de la isla justificaron esta escalada punitiva argumentando un escenario energético complejo, que nuevamente atribuyeron al embargo estadounidense. El texto gubernamental asegura que el Estado realiza \»ingentes esfuerzos\» para mantener la generación eléctrica, calificándola como un servicio clave, aunque omite responsabilizarse por la falta de mantenimiento e inversión histórica en la infraestructura del país.
El ejecutivo cubano ha decidido tipificar cualquier afectación a la infraestructura energética —incluyendo la sustracción de piezas en parques fotovoltaicos o grupos electrógenos— como delito de sabotaje, amparado en el artículo 125 del Código Penal vigente desde 2022. Inicialmente, esta norma contempla penas de siete a quince años, pero el dictamen 475 del Tribunal Supremo Popular establece que las sanciones se agravan drásticamente si hay \»consecuencias graves\» o se emplean \»medios peligrosos\», alcanzando hasta tres décadas de cárcel, prisión perpetua o la ejecución.
Endurecimiento de las penas y represión institucionalizada
La dictadura cubana ha reforzado este cerco legal apelando a múltiples agravantes contempladas en el artículo 80 del Código Penal. Estas incluyen la participación en grupos de tres o más personas, el uso de la nocturnidad, el lucro o el empleo de medios que provoquen peligro común. Además, el artículo 89 establece que los condenados por estos ilícitos deberán extinguir al menos dos tercios de su pena antes de poder optar a la libertad condicional, garantizando un encierro prolongado para los implicados.
Esta medida punitiva se inscribe en un contexto de crisis sistémica agudizada por los apagones prolongados, la inflación galopante y el desabastecimiento crónico que afecta a la población. La desesperación ciudadana ante la falta de recursos ha llevado al incremento de hurtos en instalaciones estatales, una consecuencia directa del colapso económico y la incapacidad del gobierno cubano para garantizar servicios básicos. Ante esta realidad, la respuesta oficial ha sido históricamente la represión y la criminalización de la supervivencia, en lugar de ofrecer soluciones estructurales.
La amenaza de aplicar la pena capital por delitos relacionados con la infraestructura eléctrica evidencia la deriva autoritaria del régimen y su intento de infundir terror para contener el descontento social. Esta criminalización extrema podría acaparar la atención de organismos internacionales de derechos humanos, que ya han alertado sobre el uso del sistema judicial en la isla para silenciar y perseguir. Mientras tanto, la ciudadanía enfrenta el doble desafío de sobrevivir a la oscuridad y al miedo a un Estado dispuesto a usar la fuerza máxima para proteger sus instalaciones inoperantes.
