El Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) confirmó la excarcelación del ciudadano salvadoreño Otto René Rodríguez Llerena, quien cumplía una condena de 30 años por su vinculación con los atentados a hoteles de la isla en 1997. El anuncio fue aprovechado por las autoridades cubanas para arremeter diplomáticamente contra Estados Unidos, en medio de una gestión de la información que el régimen suele utilizar para desviar la atención de la profunda crisis interna.
En un comunicado oficial, la Cancillería cubana informó sobre la liberación del exmilitar salvadoreño, detenido en 1998 bajo el cargo de colocar un artefacto explosivo en el hotel Meliá Cohíba un año antes, un ataque que solo provocó daños materiales. El régimen de La Habana aseguró que con esta acción \»garantiza que todos los terroristas respondan ante la justicia\», a la vez que acusó a Washington de permitir la impunidad de figuras históricas del exilio como Luis Posada Carriles y Orlando Bosch.
El caso de Rodríguez Llerena ha estado marcado por la arbitrariedad del sistema judicial cubano. Tras ser capturado en una operación de la inteligencia de la isla cuando intentaba introducir explosivos, fue condenado a muerte en 1999. Sin embargo, en 2010, el ejecutivo cubano conmutó la pena capital por 30 años de prisión, y seis años más tarde se le otorgó la libertad condicional, a la espera de resolución judicial para su deportación. El gobierno de El Salvador, a través de su cancillería, había abogado por el cumplimiento de los derechos humanos en estos procesos, descartando en su momento que la liberación temprana respondiera a colaboraciones específicas con la justicia cubana.
El cierre de un capítulo histórico de los atentados de 1997
La excarcelación de Rodríguez Llerena se suma a la de otros centroamericanos involucrados en la misma oleada de ataques. A finales de 2024, las autoridades de la isla anunciaron la liberación de Raúl Ernesto Cruz León, responsable de la colocación de bombas en varios hoteles habaneros, incluyendo el Copacabana, donde perdió la vida el ciudadano italiano Fabio di Celmo. Al igual que Rodríguez Llerena, Cruz León había sido inicialmente sentenciado a muerte, pero su pena fue reducida a tres décadas de cárcel. Un tercer implicado, Francisco Chávez Abarca, también fue condenado por \»actos terroristas\» vinculados a estos hechos.
Más allá del cierre de este capítulo histórico, la dictadura cubana continúa utilizando estos sucesos de finales de los noventa para justificar su aparato represivo interno y legitimar el endurecimiento de las penas contra la disidencia. La instrumentalización de estos casos en la retórica oficial funciona como un mecanismo para evadir el escrutinio internacional sobre la falta de garantías procesales en la isla y el actual colapso socioeconómico. Ante la agudización de la inflación, el desabastecimiento y el éxodo migratorio masivo, el gobierno cubano recurre a la confrontación con Estados Unidos para mantener el control político, dejando en evidencia que la justicia en la isla responde más a intereses geopolíticos que a un verdadero estado de derecho.
