Maribel Batista Rodríguez, de 54 años, fue asesinada a manos de su expareja en el barrio Moscú, en Manzanillo, provincia de Granma. El caso, confirmado por organizaciones independientes, evidencia una vez más la crisis de violencia machista que azota a la isla y la falta de protección institucional hacia las mujeres.
Las plataformas YoSíTeCreoEnCuba (YSTCC) y el Observatorio de Género de la revista Alas Tensas (OGAT) fueron las encargadas de documentar este crimen, ocurrido el pasado 14 de marzo. Ambas organizaciones han solicitado la colaboración ciudadana para recopilar más detalles sobre la víctima, debido a las severas dificultades de comunicación y los constantes apagones que sufre el país, los cuales obstaculizan el trabajo de verificación en territorio.
De acuerdo con el subregistro llevado por estas entidades, hasta marzo se han contabilizado 13 feminicidios y siete tentativas en lo que va de año en el territorio nacional. Además, se investigan otros 11 casos posibles y varios crímenes de hombres por motivos de género. Desde 2019, estas agrupaciones han verificado al menos 300 crímenes machistas, una labor que realizan en medio de la criminalización del activismo feminista y la persecución impulsada por la dictadura cubana.
Opacidad institucional y ausencia de protección legal
El régimen de La Habana se mantiene reacio a tipificar el feminicidio en su legislación, limitándose a utilizar eufemismos como \»asesinato por razones de género\» o \»violencia de género extrema\» para referirse a estos crímenes. Esta negativa a nombrar el problema se suma a la falta de protocolos públicos de registro y a la ausencia de una ley integral contra la violencia hacia las mujeres, herramientas exigidas constantemente por los colectivos de la sociedad civil.
El Estado cubano no publica de manera sistemática estadísticas oficiales con metodologías claras ni datos desagregados accesibles para la ciudadanía. Esta opacidad deliberada por parte de las autoridades de la isla impide dimensionar la verdadera magnitud de la violencia machista, mientras el ejecutivo cubano ignora las demandas sociales y prioriza el control político y la represión, dejando en total desamparo a las víctimas potenciales.
La labor de documentación realizada por el OGAT y YSTCC se sostiene únicamente gracias al acompañamiento ciudadano y la cobertura de medios independientes, frente al silencio cómplice de las instituciones. Mientras persista el colapso estructural y la falta de voluntad política del gobierno cubano para garantizar la seguridad y los derechos de las mujeres, la crisis de feminicidios seguirá cobrando vidas sin que exista una respuesta judicial ni estatal efectiva.
