La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, fue galardonada con el Premio Solidaridad Lech Wałęsa, otorgado por el gobierno de Polonia, en una ceremonia celebrada en Miami a la que no pudo asistir debido a las restricciones migratorias impuestas por el régimen de La Habana. Mientras se reconocía su activismo en el exterior, la sede de la organización en el capitalino barrio de Lawton permanecía sitiada por la Seguridad del Estado.
El galardón, entregado en el Hotel Biltmore y presidido por el canciller polaco Radosław Sikorski y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, reconoce 22 años de lucha pacífica de las Damas de Blanco y 66 de resistencia ciudadana frente a la dictadura cubana. En respuesta al anuncio internacional, las autoridades de la isla desplegaron un operativo de vigilancia y hostigamiento en la vivienda de Soler, instalando cámaras de seguridad y manteniendo una presencia policial para impedir el libre tránsito de la activista.
Soler, quien se comunicó con la prensa a pesar del riesgo de detención, explicó que rechazó viajar porque el gobierno cubano le exige aceptar una \»salida sin retorno\», una práctica común para silenciar a la disidencia interna. La activista subrayó que su compromiso es permanecer en la isla junto a su esposo, el ex preso político Ángel Moya, para exigir la liberación de los cubanos encarcelados por motivos políticos. Esta decisión ha implicado un alto costo personal: lleva una década sin ver a sus hijos y nietos en Estados Unidos debido a que el ejecutivo cubano la mantuvo \»regulada\» durante años antes de ofrecerle el exilio definitivo.
El canciller Bruno Rodríguez intentó desacreditar el reconocimiento afirmando en redes sociales que se trataba de fondos de contribuyentes estadounidenses destinados a financiar la \»subversión\». Soler desmintió estas acusaciones, aclarando que el premio es una iniciativa de Polonia y que Estados Unidos no tiene injerencia en el mismo. Asimismo, rechazó la criminalización de su labor, recordando que las Damas de Blanco se limitan a asistir a misa y marchar pacíficamente para exigir el respeto a los derechos humanos y la amnistía de los presos políticos, una práctica que la dictadura cubana ha prohibido de manera sistemática.
Represión y aislamiento como herramientas de control
El caso de Berta Soler ilustra el mecanismo de represión y control social que el régimen de La Habana aplica contra cualquier manifestación de disidencia. La criminalización de la protesta pacífica, la restricción de la movilidad como arma de castigo y el asedio domiciliario son herramientas habituales para aislar a los activistas del resto de la sociedad civil. Esta política se ha intensificado en los últimos años, dejando a cientos de cubanos languideciendo en prisiones de máxima severidad bajo acusaciones fabricadas por el simple hecho de manifestarse.
El respaldo de figuras internacionales a la labor de las Damas de Blanco envía una señal clara a la cúpula de poder en la isla. Sin embargo, el cerco físico sobre la líder opositora demuestra que la dictadura cubana continúa priorizando el silenciamiento interno frente a cualquier escrutinio internacional. La persistencia de este hostigamiento augura un endurecimiento de las condiciones para la sociedad civil, en un contexto donde la crisis económica y el colapso social no han frenado la maquinaria represiva del Estado, exigiendo una atención sostenida por parte de la comunidad democrática.
