La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares a favor del manifestante Juan Enrique Pérez Sánchez, condenado a ocho años de prisión por su participación en las protestas del 11J, ante el grave deterioro de su salud y la negligencia médica en el penal. La resolución exige al Estado cubano garantizar su integridad física y brindar atención sanitaria inmediata, tras evidenciar un patrón de represalias y abandono que pone en riesgo su vida.
A través de una resolución reciente, el organismo interamericano instruyó a las autoridades de la isla para que realicen una valoración médica integral, definan un tratamiento preciso y aseguren el acceso oportuno a los medicamentos necesarios. La medida responde a la urgencia de la situación, agravada por la negativa del régimen de La Habana a responder a los requerimientos de información solicitados previamente por la CIDH, lo que impidió verificar si se habían adoptado acciones para mitigar el riesgo que corre el recluso en el sistema penitenciario.
Pérez Sánchez, técnico de telefonía del municipio de Mayabeque, fue detenido un día después de las movilizaciones de julio de 2021 y sentenciado por delitos de desórdenes públicos, desacato y sabotaje. Desde su reclusión, ha sufrido un severo quebranto de salud que incluye asma bronquial, hipertensión, parálisis facial y un posible cuadro de tuberculosis. El expediente de la CIDH documenta episodios de aislamiento, golpizas y restricción de visitas, llegando al extremo de coserse la boca con alambre durante una huelga de hambre, tras el retiro de sus medicamentos como castigo por parte de los carceleros.
Abandono médico y represalias en el sistema penitenciario
En los últimos meses, el preso político enfrentó un síndrome febril persistente durante más de 40 días sin diagnóstico ni acceso a medicamentos. En cartas citadas por la Comisión, Pérez Sánchez detalló que no podía despegar la cabeza de la cama debido a las altas temperaturas, mientras otro recluso alertó que el activista \»está peleando por su vida con una fiebre muy alta\». Tras ser trasladado recientemente al Hospital Nacional de Penados, se le diagnosticó tuberculosis, un padecimiento que no ha sido confirmado oficialmente por las autoridades sanitarias y que evidencia la precariedad y desinterés institucional.
La decisión de la CIDH se enmarca en una crisis estructural más profunda que atraviesa la isla, donde la represión sistemática contra los disidentes se ha convertido en la respuesta oficial del gobierno cubano ante la exigencia de libertades. El documento de la Comisión recuerda que persisten las restricciones a la reunión y expresión desde 2021, con al menos 543 personas privadas de libertad por participar en protestas y sometidas a juicios carentes de las debidas garantías procesales. Esta criminalización del descontento social ha generado un clima de terror que, sumado al colapso económico y sanitario, ha impulsado el masivo éxodo migratorio.
La concesión de estas medidas cautelares coloca nuevamente a la dictadura cubana bajo el escrutinio internacional por sus violaciones a los derechos humanos y el trato inhumano hacia los presos políticos. La falta de respuesta del Estado a los organismos internacionales no solo agrava la situación de Pérez Sánchez, sino que refuerza la impunidad con la que opera el aparato represivo en la isla. La comunidad internacional deberá evaluar la persistencia de este patrón de abusos como un factor determinante en sus relaciones diplomáticas y en la exigencia de cambios democráticos reales que frenen el deterioro de la vida y la libertad de los cubanos.
