El Centro de Asesoría Legal Cubalex registró 199 hechos violatorios de derechos humanos en diciembre, que se tradujeron en 460 incidentes represivos contra 177 cubanos. El informe evidencia cómo la dictadura cubana intensificó la persecución política y el hostigamiento, especialmente en fechas simbólicas como el Día Internacional de los Derechos Humanos, mientras la isla se hunde en una profunda crisis económica y social.
El reporte mensual sobre las libertades fundamentales detalla que las violaciones se extendieron por todas las provincias y el municipio especial Isla de la Juventud. La Habana encabezó la lista con 64 casos documentados, seguida de Santiago de Cuba y Villa Clara, con 15 cada una. A nivel municipal, Holguín (14), Santa Clara (13) y Santiago de Cuba (11) concentraron la mayor cantidad de incidentes. Los sectores más vulnerados fueron las personas privadas de libertad, los defensores de derechos humanos y la población afrodescendiente, sumando un total de 134 hombres y 43 mujeres afectados por la maquinaria represiva del Estado.
Hostigamiento sistemático y represión carcelaria
La respuesta del régimen de La Habana ante el creciente descontento social volvió a centrarse en la coacción y el miedo. Solo entre el 9 y el 10 de diciembre, coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos Humanos, se concentró una cuarta parte de todas las violaciones del mes. Durante esas jornadas, al menos 40 activistas, opositores, periodistas independientes y familiares de presos políticos fueron blanco de operativos de vigilancia, arrestos domiciliarios arbitrarios, cortes selectivos de internet, amenazas y detenciones. Las categorías de represión más frecuentes incluyeron violaciones contra personas encarceladas (75 casos), operativos policiales (34), restricciones de movilidad (31), amenazas (31), arrestos domiciliarios (30) y citaciones oficiales (30).
El informe pone especial énfasis en las represalias contra presos políticos y las deplorables condiciones carcelarias. Como consecuencia de huelgas de hambre, Yosvany Rosell García Caso y Leoncio Rodríguez Ponce fueron trasladados de prisiones; este último permaneció varios días en paradero desconocido, lo que Cubalex califica como desaparición forzada temporal. Asimismo, Danisbel Labrada Morales sufrió un traslado violento a otra provincia tras denunciar abusos en el penal. La dictadura mantiene un sistema penitenciario marcado por la insuficiencia alimentaria, la nula atención sanitaria y el bloqueo a la entrega de provisiones familiares, afectando incluso a reclusos con patologías graves como los presos políticos Virgilio Mantilla Arango y Daniel Moreno.
Crisis estructural y colapso social
Este escenario represivo se desarrolla en medio de una crisis estructural sin precedentes. El gobierno cubano ha demostrado incapacidad para garantizar servicios básicos, con apagones que superan las 24 horas y déficits de generación eléctrica por encima de los 2.000 megawatts. El colapso del sistema de salud se agrava con la proliferación de arbovirosis, escasez de medicamentos e infraestructuras hospitalarias en ruinas. Aunque las autoridades sanitarias reportaron 50.000 contagios y 55 fallecidos, denuncias ciudadanas e informes internacionales apuntan a un panorama mucho más severo. Paralelamente, la inseguridad ciudadana se ha disparado, con 91 hechos violentos no estatales documentados en diciembre, incluyendo homicidios de dos menores y cuatro mujeres, asaltos y tráfico de drogas.
La conclusión de la organización es contundente: la represión en Cuba no responde a episodios aislados, sino a una política de Estado diseñada para acallar el descontento frente al colapso del país. Ante la casi treintena de protestas registradas en distintas zonas de la isla, el ejecutivo cubano optó por el silencio institucional y la violencia policial. Las implicaciones de esta estrategia apuntan a un endurecimiento continuo del control social, mientras la comunidad internacional observa cómo se profundizan las violaciones sistemáticas de los derechos fundamentales sin que se vislumbre una mejora en las condiciones de vida para la ciudadanía.
