La dictadura cubana intensificó su acoso contra la sociedad civil independiente al detener a dos activistas de la organización ecopacifista Naturpaz y dejar en paradero desconocido a un tercer miembro, durante un taller ecológico en Pinar del Río. Yoelexi Acosta y Roberto Blanco Gil fueron arrestados por agentes de la Seguridad del Estado, quienes además decomisaron ilegalmente pertenencias de la organización, mientras se ignora el destino de Michael Valladares Cala.
Los hechos ocurrieron cuando los activistas coordinaban el taller \»De Macho a Macho\» en las afueras de la vivienda del intelectual Dagoberto Valdés Hernández, director del Centro de Estudios Convivencia. Según denunció la organización a través de sus redes sociales, agentes del G-2 interrumpieron la actividad para confiscar prendas de vestir identificadas con el logo de Naturpaz. La ONG ha exigido la liberación inmediata de sus integrantes y ha convocado a la comunidad internacional a visibilizar este nuevo episodio de represión y confiscación arbitraria de bienes.
La iniciativa, que rendía homenaje al músico Willy Chirino, tenía como objetivo promover la conservación del pino macho cubano, una especie en peligro de extinción a nivel global. Naturpaz es un grupo dedicado a la protección ambiental, la agricultura y el activismo por la paz. Sus miembros, vinculados a programas comunitarios como \»Semillas para Cuba\», han sido víctimas de un hostigamiento sistemático por parte del régimen de La Habana, que incluye citaciones, allanamientos y amenazas previas contra figuras como Yoani Rodríguez Montero y el propio presidente de la organización en el exilio, Leonel Morejón Almagro.
Represión como respuesta al colapso estructural
El accionar contra Naturpaz se enmarca en la política constante de asfixia del régimen de La Habana hacia cualquier espacio de autonomía ciudadana. Mientras la isla atraviesa una profunda crisis económica, inflación galopante y un colapso generalizado de los servicios públicos, las autoridades de la isla responden con el endurecimiento del control social. La persecución a grupos pacifistas y ecologistas demuestra que el ejecutivo cubano no tolera la organización comunitaria independiente, ni siquiera cuando sus fines son estrictamente ambientales y humanitarios.
La detención de estos activistas se suma a la creciente lista de violaciones a los derechos humanos en la provincia de Pinar del Río, donde figuras cívicas como Dagoberto Valdés también han sufrido arrestos arbitrarios en los últimos meses. Ante la incertidumbre sobre el paradero de Acosta, Blanco Gil y Valladares Cala, la presión de la comunidad internacional y las organizaciones defensoras de derechos humanos se vuelve imprescindible para exigir al gobierno cubano el cese de la violencia estatal y el respeto a las libertades fundamentales de los ciudadanos que buscan construir alternativas desde la base.
