La Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial de Santiago de Cuba condenó a cuatro activistas a penas que oscilan entre los cuatro y los 14 años de cárcel por su intención de organizar una protesta en Las Tunas. La sentencia, que confirma la criminalización de la disidencia, recae sobre Ana Ibis Tristá Padilla, Jarol Varona Agüero, Félix Daniel Pérez Ruiz y Cristhian de Jesús Peña Aguilera, quienes enfrentan cargos por \»propaganda contra el orden constitucional\» y otros actos contra la seguridad del Estado.
Según la documentación judicial a la que tuvo acceso el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), Tristá Padilla —esposa del preso político del 11J Damián de Jesús Echavarría— recibió la pena más severa de 14 años, mientras que Varona Agüero fue condenado a 13 años. Pérez Ruiz y Peña Aguilera enfrentarán cinco y cuatro años de prisión, respectivamente. Este fallo contradice una resolución previa del mismo tribunal que había absuelto a Tristá Padilla y Varona Agüero por insuficiencia de pruebas, al no hallarse evidencias materiales que sustentaran las acusaciones de presuntos actos terroristas, como sustancias químicas o recipientes idóneos.
El giro represivo en el caso se materializó tras la intervención del Tribunal Supremo Popular, que anuló la sentencia absolutoria y ordenó un nuevo juicio, tras un recurso presentado por la Fiscalía. El régimen de La Habana utilizó este mecanismo para revertir un fallo que el primer tribunal consideró carente de soporte sólido, basándose únicamente en el decomiso de teléfonos, registros de llamadas y certificaciones bancarias sin saldo. En esta nueva ocasión, el tribunal asignó a Tristá Padilla un rol activo por \»desacreditar el proceso político económico en Cuba\» a través de sus publicaciones digitales.
Criminalización de la protesta en redes sociales
El origen del procesamiento radica en publicaciones difundidas en Facebook durante 2023. Pérez Ruiz emitió un mensaje crítico contra el gobierno cubano y convocó a una marcha en el parque Vicente García de Las Tunas, a la que asistieran con vestimenta blanca. Peña Aguilera compartió el mensaje, y ambos fueron detenidos días antes de que la manifestación pudiera llevarse a cabo, frustrada por la intervención policial. La dictadura cubana interpretó la asesoría de Tristá Padilla para ganar seguidores en redes como un acto punible, atribuyéndole además un presunto contacto con una organización en el exterior para planificar ataques, extremo que no pudo ser probado materialmente en la primera instancia judicial.
Estas condenas se enmarcan en la profundización de la crisis estructural que atraviesa la isla y la respuesta coercitiva del Estado frente a cualquier atisbo de descontento social. Ante el colapso de los servicios públicos, la hiperinflación, el desabastecimiento crónico y el masivo éxodo migratorio, las autoridades de la isla han optado por el endurecimiento penal y la judicialización de la protesta cívica, utilizando el aparato judicial para silenciar el reclamo ciudadano y disuadir nuevas movilizaciones.
La ratificación de estas severas penas envía un mensaje de intimidación a la sociedad civil cubana y evidencia la ausencia de garantías procesales e independencia judicial en el país. La comunidad internacional y las organizaciones defensoras de los derechos humanos continúan documentando estos abusos, mientras la ciudadanía enfrenta el temor a un sistema que penaliza con más de una década de cárcel el simple ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la manifestación pacífica.
