Familiares del adolescente cubano Christian de Jesús Crespo Álvarez, de 16 años y detenido tras las protestas de marzo en Morón, denunciaron el grave deterioro de su salud tras contraer hepatitis en la prisión provincial de Ciego de Ávila. Las autoridades penitenciarias se niegan a trasladarlo a un centro hospitalario, evidenciando una vez más la vulneración sistemática de los derechos humanos frente a los menores que participan en manifestaciones antigubernamentales.
El menor fue arrestado el pasado 18 de marzo durante las manifestaciones surgidas en el municipio avileño a causa de los prolongados apagones y la aguda escasez de alimentos. Según ha denunciado el periodista Mario J. Pentón a través de redes sociales, Christian permanece recluido en la prisión conocida como Canaleta, donde contrajo la enfermedad y ha sido aislado en la enfermería del penal sin recibir la atención médica adecuada. A pesar de los fuertes dolores abdominales y el evidente deterioro físico, el régimen de La Habana ha ignorado las peticiones para su traslado a una institución médica, alegando que no es necesario.
La comunicación telefónica que el adolescente logró establecer con sus allegados reveló un panorama aún más alarmante. Además de la pérdida de peso y las múltiples picaduras de insectos, Christian reportó que su alimentación depende exclusivamente de la entrega por parte de funcionarios carcelarios, lo que ha generado temor en su familia sobre la ingesta regular de alimentos. Organizaciones de derechos humanos como Cubalex y Prisoners Defenders han documentado que, en mayo, al joven le fueron decomisados sus alimentos y pertenencias; al reclamar por ellos, fue golpeado y amenazado con ser confinado en una celda de castigo.
Represión y crisis carcelaria en la isla
El caso de Christian de Jesús Crespo Álvarez y de Jonathan Muir, otro menor detenido en la misma protesta, ilustra la respuesta violenta y desproporcionada de la dictadura cubana ante el descontento social. Las protestas del 13 de marzo en Morón fueron una reacción directa al colapso del sistema eléctrico y la profunda crisis económica que asfixia a la población. Ante esta realidad, el gobierno cubano ha optado por la criminalización de la inconformidad, encarcelando incluso a adolescentes en condiciones infrahumanas, donde los brotes de enfermedades como la hepatitis son consecuencia directa del hacinamiento y la negligencia institucional.
La situación de este adolescente reaviva el debate sobre el incumplimiento de las garantías legales para menores de edad en la isla. Aunque la legislación nacional contempla protecciones especiales para los jóvenes sometidos a procesos penales, la práctica judicial y penitenciaria demuestra un absoluto desprecio por estas normativas. Ante la pasividad de la comunidad internacional y la falta de mecanismos de exigibilidad, los activistas temen que la integridad física y psicológica de Christian y otros presos políticos menores de edad quede a merced de la arbitrariedad estatal, con consecuencias irreversibles para sus vidas.
