El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó recientemente que en la isla existen \»tecnócratas\» con los que Washington podría trabajar, una declaración que ha generado profunda preocupación entre analistas y opositores. La afirmación ignora la naturaleza totalitaria del régimen de La Habana, donde la gestión técnica está subordinada a la lealtad ideológica y al control militar, impidiendo cualquier transición hacia la apertura democrática.
Las declaraciones del funcionario estadounidense parten de una premisa que resulta incompatible con la estructura de poder en Cuba. A diferencia de las transiciones observadas en Europa del Este, donde figuras técnicas pudieron mediar entre el comunismo y la democracia, en la isla no existe una separación entre la administración burocrática y el aparato represivo. El gobierno cubano opera bajo un modelo de partido único dirigido por una élite militarista y caciques políticos que concentran el poder económico y monopolizan la toma de decisiones, reduciendo a la población a la condición de súbditos del Estado.
Control absoluto y ausencia de autonomía técnica
La dictadura cubana ha perfeccionado un sistema de terror que va más allá de la violencia física, extendiéndose al control psicológico a través de la policía política y el entramado estatal. En este contexto, la idea de un \»tecnócrata\» apolítico es una falacia. Cualquier individuo que ocupe un cargo de gestión en la administración pública o en las empresas estatales debe demostrar una lealtad absoluta al sistema. La disidencia, incluso en el ámbito digital y las redes sociales, es penalizada con la cárcel, demostrando que el libre pensamiento y la autonomía profesional son delitos para las autoridades de la isla.
El control centralizado de la economía es otra prueba de la inexistencia de una tecnocracia independiente. Las autoridades de la isla permiten el enriquecimiento exclusivamente de quienes son adeptos o simulan serlo al régimen, manteniendo un bloqueo interno contra la libre empresa si esta es promovida por ciudadanos catalogados como opositores. Esta red de control, sostenida por el monopolio de las armas y la represión a la protesta social, garantiza la supervivencia de un Estado policial que ha sumido a la población en una crisis estructural marcada por el desabastecimiento, la inflación galopante y el éxodo migratorio masivo.
La expectativa de que Washington pueda encontrar aliados en supuestos reformistas dentro del ejecutivo cubano representa un riesgo para la política exterior hacia la nación caribeña. Ignorar el carácter absoluto del castrocomunismo y su maquinaria de coerción podría prolongar el sufrimiento de los ciudadanos y legitimar a los mismos actores responsables del colapso nacional. La comunidad internacional y los defensores de los derechos humanos deben comprender que en Cuba no hay margen para tecnócratas, sino operadores de un sistema diseñado para perpetuar la represión y evitar cualquier concesión hacia la libertad democrática.
