El preso político Alieski Calderín Acosta fue confinado en una celda tapiada y privado de sus derechos de comunicación en la prisión provincial de Camagüey, conocida como Kilo 8, tras denunciar públicamente amenazas de muerte por parte del director del penal. La represalia, ejecutada por la dictadura cubana, ha llevado al recluso a declararse en huelga de hambre en protesta por las condiciones inhumanas de su confinamiento.
Según denunció un familiar del recluso, las autoridades de la isla suspendieron el acceso telefónico de Calderín Acosta por dos semanas y lo trasladaron a un régimen de aislamiento extremo. Las celdas de castigo en Kilo 8 carecen de agua, iluminación y ventilación, privando a los reclusos de colchones y pertenencias básicas. Esta medida respondió a la queja del prisionero tras recibir una nueva amenaza directa del mayor Leonardo Suárez Rey, director del centro penitenciario, quien le advirtió que lo \»eliminaría\» si llegaba al poder el político estadounidense Donald Trump, asegurando que actuaba bajo \»órdenes\» superiores.
Implicaciones legales de las amenazas en el sistema penitenciario
Alain Espinosa, abogado del Centro de Información Legal Cubalex, advirtió que el argumento de obediencia debida es inválido en estos casos. El jurista señaló que ejecutar una orden que constituye un crimen de lesa humanidad o un crimen de guerra implica responsabilidad penal a nivel internacional. \»Tienen la posibilidad moral de elegir no acatar una orden que saben que es a todas luces ilegal e inhumana y la ejecutan porque están de acuerdo\», enfatizó Espinosa, desmontando la justificación del represor. Calderín Acosta ha señalado que esta es la tercera vez que el uniformado profiere amenazas de este tipo contra él y otros presos políticos, solicitando la atención de la comunidad internacional para prevenir ejecuciones extrajudiciales disfrazadas de suicidios o muertes naturales.
El caso de Calderín Acosta no es un hecho aislado, sino una muestra más del aparato represivo sistemático que la dictadura cubana emplea para silenciar la disidencia, incluso dentro de las prisiones. El régimen de La Habana mantiene un control absoluto sobre el sistema penal, que opera sin contrapesos institucionales, lo que facilita la impunidad de los funcionarios y el uso de la tortura psicológica y física como método de escarmiento. Este ambiente de hostilidad se profundiza en un contexto de crisis estructural, donde el gobierno cubano intensifica la persecución política para evitar estallidos sociales frente al colapso económico, la inflación y el desabastecimiento generalizado.
Condenado en 2012 a 20 años de prisión por el presunto delito de sabotaje contra una tienda recaudadora de divisas, el albañil de 37 años es reconocido como preso político por la organización internacional Prisoners Defenders. Su actual situación de huelga de hambre y aislamiento pone a prueba la vigilancia de los organismos internacionales de derechos humanos. La pasividad o inacción de la comunidad diplomática frente a estos abusos podría consolidar la impunidad del régimen, normalizando el exterminio físico de los opositores dentro de las cárceles de la isla.
