La cúpula militar que controla la economía cubana ha aprovechado el éxodo migratorio para instalar a decenas de sus familiares en territorio estadounidense, donde han comenzado a operar empresas inmobiliarias. Adys Lastres Morera, hermana de la actual presidenta ejecutiva del Grupo de Administración Empresarial de las Fuerzas Armadas (GAESA), es uno de los casos más visibles tras registrar una sociedad de inversiones en Florida.
Lastres Morera llegó a Estados Unidos en 2023, reclamada por su hijo, y dos años después figuraba como agente registrado de Sta. Elena Investments LLC, una firma vinculada al sector inmobiliario en Florida. Su hermana, la General de Brigada Ania Guillermina Lastres Morera, asumió la presidencia de GAESA tras la muerte repentina del general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja. Sin embargo, las decisiones estratégicas del conglomerado militar no recaen en la institución, sino en Raúl Guillermo Rodríguez Castro, heredero de la dinastía comunista y considerado el verdadero jefe en las sombras del aparato económico.
El traslado de estos perfiles al exterior se ha incrementado de manera notable, utilizando el éxodo masivo de ciudadanos comunes como camuflaje perfecto. Junto a Lastres Morera, figuras como Jorge Javier Rodríguez Cabrera, exfuncionario del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) y vinculado al entorno del heredero, han emigrado y debutado como directivos de empresas como Gran Azul LLC, de acelerado crecimiento y cuestionable origen de financiamiento. Asimismo, Alina Rosales Aguirreurreta, hija del General Ulises Rosales del Toro, se estableció en Miami con una visa de turismo, pese a los vínculos directos de su familia con el poder militar a través de su hermana Perla Rosales, brazo operativo de GAESA en la Oficina del Historiador.
Redes financieras y testaferros en el extranjero
La expansión patrimonial de la élite militar en el exterior no es un fenómeno nuevo, sino una práctica sistematizada durante décadas. Guillermo Faustino Rodríguez López-Calleja, hermano del extinto líder de GAESA, fungió como prestanombre en más de una decena de empresas offshore, registradas en paraísos fiscales como Panamá y el Reino Unido. Una de las primeras sociedades creadas bajo este esquema fue Anglo-Caribbean Shipping Co. Ltd., fundada junto a Francisco Soberón Valdés, expresidente del Banco Nacional, y Andrés Ernesto Muñoz Campos, otro de los testaferros recurrentes del régimen de La Habana.
Este despliegue de negocios y reubicación de familiares contrasta de forma dramática con la realidad que enfrenta la población en la isla. Mientras el gobierno cubano implementa medidas económicas que han disparado la inflación, profundizado el desabastecimiento y ahogado al sector privado nacional, la cúpula castrense blinda su futuro fuera de las fronteras nacionales. La dictadura cubana garantiza así un escape financiero para sus jerarcas, acumulando capital en economías de libre mercado, algo vetado para la inmensa mayoría de los ciudadanos.
La consolidación de estas redes empresariales en territorio estadounidense plantea serios interrogantes sobre la eficacia de las políticas de sanciones y la vigilancia sobre los flujos de capital provenientes de la cúpula militar. De no mediar un escrutinio riguroso por parte de las autoridades internacionales, las estructuras de poder de la isla continuarán operando impunemente, lucrando con la miseria interna mientras aseguran el relevo generacional de sus privilegios en el exilio.
