El Departamento de Estado de Estados Unidos rechazó la reciente ofensiva de la dictadura cubana contra los periodistas independientes, señalando que estos ataques buscan desviar la atención sobre la profunda crisis económica que sufre la isla y el fracaso de las políticas gubernamentales.
A través de su Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental, Washington aseguró que el hostigamiento a la prensa es una maniobra de distracción frente a la \»incompetencia, mala gestión económica, fracasadas políticas comunistas, corrupción y represión\» del régimen de La Habana. La declaración estadounidense enfatizó que, a diferencia de las autoridades de la isla, el gobierno estadounidense apoya el derecho del pueblo cubano a acceder a información sin censura. El pronunciamiento llega en un contexto de creciente criminalización hacia el periodismo independiente, ejemplificado recientemente en la campaña estatal contra el medio digital elToque.
Acusaciones oficiales y fabricación de pruebas
El gobierno cubano, a través del programa televisivo \»Razones de Cuba\» y medios oficiales como Granma y Cubadebate, ha acusado a elToque de \»tráfico de divisas\», \»evasión fiscal\» y \»terrorismo económico\», alegando que el medio manipula la tasa de cambio informal para fomentar disturbios. El Banco Central de Cuba (BCC) se sumó a esta ofensiva, cuestionando la legitimidad de la tasa de cambio publicada por el proyecto y tachándolo de instrumento de agresión económica financiado desde el exterior.
En respuesta a estas imputaciones, el director de elToque, José Jasán Nieves, desmintió las acusaciones de mercenarismo y manipulación cambiaria, confirmando únicamente la recepción de fondos privados y del propio Departamento de Estado destinados a promover el acceso a la información, sin que esto influya en su línea editorial. Nieves denunció que las supuestas declaraciones exhibidas por la televisión estatal fueron obtenidas hace un año bajo \»tortura psicológica\» durante interrogatorios de más de ocho horas en Villa Marista, sede de la Seguridad del Estado, y posteriormente editadas y sacadas de contexto para fabricar un caso penal.
Contexto de crisis y censura institucionalizada
Esta embestida contra la prensa independiente se produce mientras el ejecutivo cubano enfrenta una severa crisis estructural caracterizada por una inflación galopante, desabastecimiento crónico y la incapacidad manifiesta de implementar sus propias promesas económicas, como la ansiada tasa de cambio flotante. La búsqueda de chivos expiatorios se ha vuelto una constante para justificar el colapso, mientras se desarrollan juicios secretos contra funcionarios. El acoso a los medios críticos se ha intensificado institucionalmente tras la entrada en vigor de la Ley de Comunicación Social en octubre de 2024, un instrumento legal diseñado para asfixiar cualquier intento de fiscalización ciudadana.
El escalamiento represivo evidencia la vulnerabilidad del régimen frente al deterioro interno y su temor a la labor de información veraz. La condena de Washington subraya el aislamiento del gobierno cubano en materia de derechos humanos y plantea interrogantes sobre las futuras medidas de la comunidad internacional ante el endurecimiento de la censura. En un escenario de colapso sistémico, el silenciamiento de voces independientes deja a la ciudadanía en una mayor indefensión, dificultando el registro de las violaciones y la articulación de respuestas cívicas en la isla.
