El régimen de La Habana anunció una modificación en su política de inversión extranjera que permitirá a las compañías foráneas contratar directamente a sus trabajadores, en lugar de utilizar obligatoriamente a las entidades estatales como intermediarias. La medida, presentada durante el VIII Foro de Inversiones de la Feria Internacional de La Habana (FIHAV 2025), busca retener capital humano calificado frente a la masiva ola migratoria, aunque deja en la ambigüedad el control sobre los salarios en moneda nacional.
El viceprimer ministro y ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Óscar Pérez-Oliva, calificó la decisión como un elemento de \»flexibilización\» para los inversores. Bajo el nuevo esquema, aunque las entidades empleadoras estatales podrán participar en la selección del personal, la decisión final recaerá en el inversionista extranjero, quien podrá optar por un contrato directo o mantener el método tradicional. Las autoridades de la isla presentaron este cambio como parte de un paquete más amplio para agilizar la llegada de capital foráneo, incluyendo plazos más cortos para aprobar negocios y nuevos esquemas financieros.
Opacidad en el modelo salarial y control estatal
Sin embargo, el ejecutivo cubano no precisó la fecha de entrada en vigor ni aclaró aspectos fundamentales de la reforma. Durante décadas, el sistema de contratación indirecta ha sido una principal fuente de ingresos para el Estado, que cobra a las empresas en divisas y paga a los trabajadores en pesos cubanos (CUP), una moneda depreciada por la hiperinflación. La prensa oficial no detalló si el salario básico dejará de fijarse en CUP o si las empresas seguirán pagando a la empleadora estatal para que realice la conversión monetaria, limitándose a señalar que se permitirán \»gratificaciones en divisas\» bancarizadas a cargo de las utilidades.
Esta flexibilización laboral responde directamente a la asfixia económica y la profunda crisis estructural que atraviesa la isla. La falta de libertades, el desabastecimiento crónico y la inflación galopante han provocado un éxodo masivo de mano de obra calificada, dejando al país sin los recursos humanos necesarios para sostener cualquier polo productivo. El sistema de empleadoras estatales ha sido ampliamente criticado por especialistas en derecho laboral y organizaciones de derechos humanos, que señalan cómo la dictadura cubana se apropia de la plusvalía y limita el derecho del trabajador a negociar libremente su salario en moneda fuerte.
Aunque el régimen promete nuevos decretos para sustituir la actual Ley 118 de Inversión Extranjera, la medida parece ser más una estrategia para atraer capital desesperado que una real transformación del modelo económico. Mientras el control estatal sobre las finanzas y la fuerza laboral se mantenga en un marco jurídico diseñado sin contrapesos democráticos, los inversores extranjeros seguirán operando bajo un alto riesgo de arbitrariedad. Para la ciudadanía, esta supuesta apertura laboral no garantiza una mejora real en sus condiciones de vida si el Estado continúa monopolizando la emisión de las reglas del juego y la retribución de su trabajo.
