Ante el colapso del sistema eléctrico y la dolarización de los combustibles, el gobierno cubano ha encontrado en la venta e instalación de paneles solares un nuevo y rentable mercado. Empresas estatales, especialmente las vinculadas a la cúpula militar, monopolizan la importación de estos equipos, cuyos precios resultan inalcanzables para la inmensa mayoría de la población.
La escasez crónica de diésel y gasolina, cuyo precio en el mercado informal supera los cuatro mil pesos cubanos el litro, ha desplazado la demanda hacia los sistemas fotovoltaicos. Sin embargo, esta supuesta \»solución\» llega con costos que oscilan entre los 800 dólares para un módulo básico de 1.5 kw y más de 40.000 dólares para sistemas de gran escala. En un país donde el salario medio anual es insuficiente para adquirir un panel de 500 watts, la promoción masiva de estos equipos por parte de más de un centenar de negocios envía un mensaje engañoso sobre la real capacidad adquisitiva de los ciudadanos.
Aunque muchas ofertas provienen de mipymes privadas o emprendedores en el extranjero, el abastecimiento e importación de los componentes está estrictamente controlado por empresas estatales. Entidades bajo el Ministerio de Energía y Minas, el de Informática y Comunicaciones y, de manera destacada, el Ministerio de las Fuerzas Armadas, dominan el comercio mayorista. CIMEX, TRD y Solar Mariel LTD, todas vinculadas a la empresa estatal GAESA, operan como las principales importadoras, condicionando el mercado a su arbitrio.
El negocio millonario de la importación fotovoltaica
Un informe de ventas de CIMEX al que tuvo acceso ReporteCubaYa revela que la comercialización mayorista al sector privado experimentó un crecimiento del 300 por ciento entre enero y febrero. Los ingresos por conceptos de sistemas fotovoltaicos superaron los 20,2 millones de dólares en ese breve período, triplicando las ventas de plantas eléctricas a combustible registradas durante todo el año 2024 y el primer trimestre de 2025. El régimen de La Habana, a través de sus holding militares, capitaliza la desesperación ciudadana frente a los apagones.
Las proyecciones estatales apuntan a un crecimiento exponencial. El mismo documento detalla contratos de importación con ocho empresas estatales y 26 privadas, con cálculos conservadores que estiman ingresos cercanos a los 170 millones de dólares para el cierre de diciembre. Los proveedores principales son firmas chinas establecidas en Panamá, junto a empresas en México, Canadá, España y Reino Unido, garantizando el flujo de mercancía hacia comercializadoras como COPEXTEL y otros proyectos estatales.
Esta dinámica comercial refleja la profunda crisis estructural que atraviesa la isla. Mientras el Estado se beneficia de la dolarización forzosa y el colapso del Sistema Electroenergético Nacional, la población se ve obligada a buscar alternativas individuales a un problema de gestión pública. La dictadura cubana no solo ha fracasado en garantizar un servicio básico, sino que ahora extrae plusvalía de la emergencia, consolidando un modelo donde el acceso a la electricidad se convierte en un privilegio al alcance solo de quienes reciben remesas del exterior, profundizando de manera irreversible la desigualdad social.
