El gobierno cubano está ejecutando una reestructuración del conglomerado empresarial militar GAESA, impulsando una falsa descentralización que permitirá a la élite castrense formalizar la privatización de activos que ya controlaba, todo mientras intensifica la represión social para evitar un estallido durante la transición. La maniobra busca presentar una fachada de apertura económica frente a la presión internacional, especialmente ante posibles escenarios políticos adversos en Washington.
La salida o simulación de ruptura de las grandes corporaciones extranjeras vinculadas históricamente a la cúpula de poder marca el inicio de un nuevo modelo de gestión. Las autoridades de la isla pretenden dar paso a una supuesta apertura que incluye la entrada de capitales de emigrados cubanos. Sin embargo, lejos de ser una concesión democrática, esta estrategia representa una oportunidad para que los militares y altos dirigentes aceleren la privatización de empresas que durante décadas han operado bajo su control efectivo, pasando de simples administradores a propietarios formales.
Para la ortodoxia del Partido Comunista, este desmontaje supone un debilitamiento político interno, pero para la facción castrense que opera bajo licencia estatal como capitalistas, es la consolidación de un viejo anhelo. Casos como el de la Hacienda El Patrón o los negocios asociados a Flora y Fauna, gestionados por familiares de figuras como Guillermo García Frías, ilustran cómo el régimen de La Habana ya ha probado esquemas de transferencia patrimonial hacia la élite. La crisis económica extrema y la bancarrota del Estado han forzado una puerta que la jerarquía militar se negaba a abrir públicamente hace una década.
Represión como escudo para el cambio patrimonial
La transformación de GAESA y la mutación de sus empresas en entidades aparentemente civiles no implicarán un alivio para la ciudadanía. La dictadura cubana mantiene e incrementará la represión política como mecanismo indispensable para garantizar que el traspaso de la riqueza pública a manos privadas militares no desate una revuelta social. Este proceso de \»cambio\» llega en medio de una crisis estructural profunda, caracterizada por una inflación galopante, el desabastecimiento crónico y un éxodo migratorio masivo, factores que se verán agravados por el ensanchamiento de la brecha social y el aumento de la pobreza.
El objetivo de esta élite económica es asegurar su supervivencia como clase empresarial sin compartir el poder o las riquezas con el resto de la sociedad. La comunidad internacional, y particularmente Washington, enfrentan el riesgo de validar estos ajustes cosméticos como reformas genuinas. Si el ejecutivo cubano logra consolidar este traspaso de capital bajo el amparo de una falsa apertura, el país podría quedar atrapado en un modelo autoritario con rostro corporativo, donde la falta de libertades y el control militar de la economía se perpetúen bajo nuevas figuras legales.
