El gobierno cubano incrementó en casi un 95% el precio del cilindro de gas licuado de 10 kilogramos, elevándolo a 350 pesos cubanos, mientras avanza en la implementación de un sistema paralelo de comercialización en dólares estadounidenses. La medida, publicada en la Gaceta Oficial, profundiza la segmentación comercial en la isla y agrava la crisis de acceso a servicios básicos para la población que depende exclusivamente de la moneda nacional.
Mediante las resoluciones 155 y 156 del Ministerio de Finanzas y Precios, firmadas por el titular Vladimir Regueiro Ale, las autoridades de la isla fijaron el nuevo precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP) en 35 pesos por kilogramo. Esto representa un incremento del 94.4% respecto a los 180 pesos vigentes desde 2021. De igual forma, la tarifa del gas manufacturado, distribuido exclusivamente en La Habana para más de 280.000 clientes residenciales, pasó de 2.50 a 4.97 pesos por metro cúbico, un aumento del 98.8% que entró en vigor de manera inmediata tras su publicación oficial.
El ejecutivo cubano justificó el encarecimiento citando la \»compleja realidad de cerco energético\», la escasez de combustibles y el sostenido incremento de los costos de importación, atribuyendo la situación al embargo estadounidense. Frente a la incapacidad del Estado para seguir subsidiando la distribución para sus más de 1.7 millones de clientes de GLP, el régimen de La Habana anunció la venta escalonada de cilindros en dólares estadounidenses a través de la estatal Unión Cuba-Petróleo (CUPET). Aunque no se precisaron precios en divisa ni fechas de inicio, el gobierno presentó esta estrategia como un mecanismo para financiar las entregas en moneda nacional.
Segmentación comercial y crisis estructural
La implementación de circuitos diferenciados de venta —uno en pesos cubanos con severas limitaciones de suministro y otro en divisas— refleja la profundidad de la crisis económica que atraviesa el país. La incapacidad del sistema para garantizar servicios básicos ha obligado a un creciente sector de la población a recurrir al mercado negro y a la dolarización forzada para acceder a combustibles esenciales para la cocción de alimentos. Esta medida se suma a una larga lista de incrementos tarifarios y fallidas políticas económicas que han mermado drásticamente el poder adquisitivo de los cubanos y exacerbado el éxodo migratorio.
La dolarización del acceso a recursos tan básicos como el gas de cocina evidencia el colapso del modelo económico estatal y la rendición de las autoridades ante la imposibilidad de sostener la cobertura universal. Mientras la ciudadanía enfrenta salarios devaluados frente a una inflación galopante, las medidas dictadas por la dictadura cubana imponen una carga adicional a los hogares, sin que existan indicios de soluciones estructurales que reviertan la dependencia externa y la ineficiencia productiva de la isla.
