El intento del régimen de La Habana para equilibrar los cortes eléctricos en la capital ha fracasado tras apenas una semana de tregua. Mientras los barrios periféricos vuelven a sufrir apagones de hasta 15 horas diarias, la cúpula gubernamental y sectores afines al poder mantienen un suministro casi ininterrumpido, evidenciando una profunda desigualdad en el acceso a servicios básicos.
Ante el creciente descontento social por el colapso del Sistema Electroenergético Nacional, las autoridades de la isla presentaron al ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, en una intervención televisiva con el objetivo de calmar los ánimos. El funcionario anunció un estudio para rotar los circuitos y revisar la lista de los denominados \»circuitos protegidos\». Durante aproximadamente siete días, los residentes experimentaron un leve alivio con cortes de seis a siete horas. Sin embargo, la medida colapsó rápidamente y los apagones maratónicos regresaron con fuerza, dejando a amplias zonas de la capital con apenas tres o cuatro horas de servicio eléctrico al día.
De la O Levy justificó la existencia de circuitos blindados argumentando que abastecen a hospitales, casas de abuelos, sucursales bancarias y fuentes de agua. No obstante, la ciudadanía constata que esta protección se extiende de facto a los barrios donde reside la élite militar y partidista. A esta brecha se suma la reciente instalación de paneles solares en viviendas de personas con probada afinidad al gobierno cubano, como los condecorados como \»héroes nacionales del trabajo\», consolidando un sistema de privilegios que agrava la indignación popular frente a los llamados oficiales a la \»resistencia\».
Una crisis que trasciende la generación eléctrica
La fallida distribución energética no es un fenómeno aislado, sino un síntoma más del colapso estructural que atraviesa la isla. La incapacidad del ejecutivo cubano para garantizar el suministro se entrelaza con la escasez crónica de combustible, la inflación galopante y el deterioro de la infraestructura. Para el cubano común, los apagones prolongados significan no solo la falta de iluminación, sino la parálisis de las bombas de agua potable y la descomposición de los escasos alimentos disponibles en los hogares, profundizando la crisis humanitaria y empujando a más ciudadanos hacia el exodo migratorio.
La consolidación de dos estamentos sociales —uno con acceso garantizado a la energía y otro sumido en la oscuridad— socava cualquier intento oficial de cohesión social. Esta evidente discriminación en la prestación de servicios públicos aumenta la tensión en las calles, ante la cual la dictadura cubana suele responder con un endurecimiento de la represión y el silenciamiento de las protestas. La falta de soluciones reales y la perpetuación de privilegios para la cúpula de poder anticipan un escenario de mayor inestabilidad política y social en el corto plazo.
