Las autoridades de la isla salieron al paso de las declaraciones del exfuncionario venezolano Hugo \»El Pollo\» Carvajal, quien aseguró que durante dos décadas el chavismo operó redes de narcotráfico con respaldo logístico y de protección desde Cuba. En una rueda de prensa en La Habana, altos mandos del Ministerio del Interior (MININT) descartaron cualquier implicación del Estado en estos delitos, aunque evadieron mencionar directamente al exmilitar.
La respuesta institucional llegó a través de una comparecencia en el Centro de Prensa Internacional, donde el coronel Juan Carlos Poey, jefe del órgano especializado de enfrentamiento antidrogas del MININT, calificó las acusaciones de carentes de sustento. Poey afirmó que \»Cuba no es un país productor ni tampoco de tránsito de drogas\», defendiendo una supuesta política de \»tolerancia cero\». Por su parte, el primer coronel Ybey Carballo, jefe de las Tropas Guardafronteras, insistió en que el ejecutivo cubano mantiene intercambios de información operativa con diversas naciones, incluido Estados Unidos, sobre rutas y embarcaciones sospechosas.
El pronunciamiento oficial se produce tras las revelaciones de Carvajal, actualmente detenido en Estados Unidos y enfrentando cargos por narcotráfico y terrorismo. El exfuncionario, pieza clave del aparato de inteligencia del chavismo, documentó públicamente cómo La Habana habría brindado asesoría, protección y respaldo logístico a redes ilícitas vinculadas al gobierno de Nicolás Maduro. La inmediatez de la respuesta del gobierno cubano evidencia el nivel de impacto que han generado estas denuncias en la cúpula del poder.
Una alianza cuestionada por la comunidad internacional
Las declaraciones de Carvajal reavivan el escrutinio sobre la histórica alianza política, militar y de seguridad entre Cuba y Venezuela, un eje que ha sido señalado en múltiples ocasiones por gobiernos extranjeros y organismos de derechos humanos. Aunque el régimen de La Habana busca proyectar una imagen de cooperación internacional en la lucha antidrogas, su falta de transparencia y el control absoluto sobre la información interna dificultan la verificación independiente de sus afirmaciones. Esta opacidad institucional es la misma que ha permitido a la dictadura cubana ocultar durante décadas la represión sistemática, el colapso de los servicios públicos y la crisis económica que azota a la población.
Más allá de la negativa oficial, las implicaciones de estas acusaciones podrían traducirse en una mayor presión diplomática y judicial sobre la isla. Si las cortes federales estadounidenses corroboran los señalamientos de Carvajal, el aislamiento del gobierno cubano podría profundizarse, afectando no solo sus ya mermadas relaciones internacionales, sino también cualquier intento de acercamiento con Washington. Para la ciudadanía, las consecuencias recaen en un Estado que prioriza la supervivencia de su aparato de seguridad y sus alianzas geopolíticas por encima del bienestar de un pueblo sumido en la pobreza y el desabastecimiento.
