El gobierno cubano publicó su \»Programa Económico y Social para 2026\», un documento de 102 páginas que reconoce la profunda crisis y las distorsiones macroeconómicas de la isla, pero que responde con mayores recortes al pueblo, captación desesperada de divisas y refuerzo del aparato de control político, en lugar de aperturas reales.
El texto, estructurado en 10 objetivos generales y más de 500 acciones, actualiza la hoja de ruta del ejecutivo cubano frente a un escenario de desabastecimiento agudo. Desde su introducción, las autoridades de la isla atribuyen la crisis exclusivamente al embargo de Estados Unidos y presentan la posposición del IX Congreso del Partido Comunista como un \»llamado al combate\». De este modo, el régimen de La Habana administra la contingencia sin desmontar el modelo económico centralizado que ha llevado al país al colapso productivo.
En el frente macroeconómico, el plan proyecta un exiguo crecimiento del PIB del 1% y un déficit fiscal de 74.500 millones de pesos. Para compensar la estrechez financiera, el gobierno cubano plantea reducir gradualmente subsidios y gratuidades, actualizar los precios de los combustibles y aplicar nuevas cargas fiscales a la importación. La estrategia deja claro que el costo del ajuste recaerá directamente sobre la población y el sector privado emergente, sometidos a una mayor bancarización y a la retención automática de impuestos en un intento por asfixiar la economía informal.
Dolarización institucionalizada y búsqueda desesperada de divisas
Lejos de corregir la fragmentación monetaria creada por sus propias políticas, el régimen confirma la apuesta por una dolarización parcial de la economía. El documento detalla metas para consolidar un mecanismo paralelo de asignación de divisas, profundizar la bancarización e incluso actualizar la política sobre activos virtuales. Esta medida evidencia la incapacidad del Estado para garantizar una moneda nacional estable y su dependencia absoluta de los flujos externos para mantener la liquidez.
En la búsqueda de captar recursos a toda costa, la dictadura cubana proyecta exportaciones por casi 10.000 millones de dólares, junto a metas ambiciosas en remesas, comercio electrónico y financiamiento externo. El plan promueve negocios con residentes en el exterior y operaciones selectivas con inmuebles, evidenciando la urgencia de la cúpula por obtener oxígeno financiero. Sin embargo, estas metas chocan frontalmente con la realidad de un éxodo migratorio masivo y una base productiva nacional colapsada, donde ni siquiera la producción de alimentos básicos logra estabilizarse.
El \»Programa Económico y Social 2026\» confirma que el poder en Cuba no tiene intención de reformar el sistema ni de ceder espacios de libertad económica o política. Al trasladar el peso de la crisis a los ciudadanos mediante recortes y mayor extracción fiscal, el régimen profundiza las causas del descontento social y la expulsión de fuerza laboral hacia el extranjero. La falta de voluntad para implementar reformas estructurales reales augura un escenario de mayor empobrecimiento para la población y un agravamiento de la crisis sistémica, mientras el aparato estatal se aferra al control ideológico para garantizar su supervivencia.
