Ante la incapacidad para garantizar el suministro básico a la población, las autoridades de la isla extendieron nuevamente la exención de aranceles para la importación no comercial de alimentos, artículos de aseo, medicamentos y plantas eléctricas. La medida busca paliar la profunda escasez y el colapso energético que mantiene a Cuba en una crisis sistémica, trasladando al ciudadano la responsabilidad de abastecerse.
El Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) emitió recientemente nuevas resoluciones que amplían este beneficio aduanero hasta el mes de enero de 2026. La disposición permite a los pasajeros ingresar estos productos de primera necesidad, así como generadores eléctricos, sin el pago de impuestos aduaneros. Para hacer efectiva la exención, la Aduana exige que los artículos sean presentados en bultos separados del resto del equipaje, una condición burocrática que evidencia la total dependencia del flujo migratorio y de las remesas para sostener el consumo interno de la nación.
La decisión del gobierno cubano llega en un contexto de agudización de la crisis estructural que atraviesa el país. La prensa oficial se ha visto obligada a reconocer la persistencia de altos déficits energéticos, a pesar de los supuestos esfuerzos del ejecutivo cubano por implementar un programa de recuperación. Los apagones prolongados y la inflación galopante han convertido la importación de plantas eléctricas y alimentos en la única vía de supervivencia para muchas familias, demostrando el fracaso del modelo económico centralizado.
Una política nacida de la presión social y el colapso
Estas exenciones arancelarias no son una concesión altruista, sino una respuesta tardía del poder ante el descontento popular. La dictadura cubana implementó por primera vez esta medida en 2021, apenas días después de las históricas protestas del 11 de julio, cuando la indignación ciudadana estalló ante la falta de libertades y el desabastecimiento extremo. Posteriormente, en 2023, el régimen de La Habana se vio forzado a incluir insumos médicos y plantas eléctricas, adaptando la norma a un deterioro socioeconómico que no ha hecho más que profundizarse con el paso de los años.
La constante necesidad de prorrogar estas exenciones demuestra la ineficacia del sistema y su dependencia absoluta del éxodo migratorio para mantener una precaria estabilidad social. Mientras la ciudadanía se ve obligada a depender de familiares en el extranjero y viajeros para acceder a bienes esenciales, el colapso institucional avanza sin una solución real a la vista. La extensión de este beneficio es, más que un alivio económico, un reconocimiento implícito de la incapacidad estatal para garantizar la subsistencia básica de la población cubana en el corto y mediano plazo.
