El Banco Central de Cuba (BCC) emitió la Resolución 4/2026, mediante la cual autoriza de forma exclusiva a diez micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y a una empresa mixta a emplear criptomonedas en transacciones internacionales. La medida, publicada en la Gaceta Oficial, no liberaliza el mercado digital, sino que responde a solicitudes puntuales evaluadas y aprobadas por las autoridades monetarias de la isla, manteniendo el estricto control estatal sobre las operaciones financieras del sector privado.
De acuerdo con el documento oficial, las entidades beneficiadas con este permiso incluyen firmas de diversos sectores como Ingenius Tecnologías, Dofleini, La Calesa Real, La Meknica, Cema SOLTEC, El Asadito, Pasareladigital SURL, ARA, DQ DASQOM SURL, así como la Empresa Mixta de Productos Sanitarios S.A. (PROSA). El gobierno cubano justificó la concesión alegando que las operaciones propuestas por estas empresas poseen un \»interés socioeconómico\» y se ajustan a la normativa vigente, lo que les permitió obtener una autorización individual bajo un esquema altamente restrictivo.
La disposición se ampara en la Resolución 215 de 2021, que ya contemplaba el uso de activos virtuales en transacciones entre personas jurídicas y naturales, siempre bajo el visto bueno del banco emisor. Sin embargo, el ejecutivo cubano ha establecido candados estrictos para estas operaciones: las mipymes autorizadas deberán canalizar la compra, venta, transferencia y custodia de los criptoactivos únicamente a través de proveedores de servicios con licencia oficial en el país. Cualquier transacción fuera de estas plataformas queda estrictamente prohibida, limitando además el uso de estas monedas exclusivamente a pagos transfronterizos.
Control estatal en medio del colapso financiero
Esta apertura mínima y vigilada hacia las criptomonedas ocurre en un contexto de profunda crisis estructural y aislamiento financiero de la isla. El régimen de La Habana enfrenta severas dificultades para acceder al sistema bancario internacional, complicando la importación de insumos básicos y el funcionamiento del incipiente sector privado. Al permitir el uso de activos virtuales a un grupo reducido de empresas, las autoridades buscan aliviar la asfixia comercial sin perder el monopolio del control económico. No obstante, la obligación de presentar informes trimestrales detallados al Banco Central y la vigencia limitada a un año, con posibilidad de revocación inmediata ante cualquier desviación, evidencian la desconfianza del aparato burocrático hacia la liberalización económica real.
El impacto de esta medida en la economía nacional dependerá de la capacidad de estas empresas para sortear las trabas burocráticas y mantener sus licencias. Mientras tanto, la mayoría del sector privado continúa operando bajo las limitaciones de un sistema bancario ineficiente y una inflación galopante. La comunidad internacional y los observadores económicos mantendrán la atención sobre cómo la dictadura cubana gestiona esta excepción, en un escenario donde la supervivencia del modelo económico impuesto depende cada vez más de parches limitados frente a la imposibilidad de implementar reformas profundas que requieran transparencia y apertura democrática.
