Las autoridades de la isla han ordenado el cierre y reubicación de decenas de centros educativos en la provincia de Holguín para el próximo curso escolar 2025-2026, en medio de una severa crisis estructural marcada por la escasez de docentes y el deterioro físico de las instalaciones. El ejecutivo cubano ha denominado esta medida \»reordenamiento\», aunque en la práctica evidencia el colapso del sistema educativo en la oriental provincia.
El director general de Educación en Holguín, Luis Felipe Batista Rodríguez, justificó la medida ante la prensa oficial como una supuesta \»optimización de recursos humanos, materiales y financieros\». Sin embargo, la realidad apunta a una matrícula menguante y a la incapacidad del Estado para mantener las escuelas en condiciones mínimas de habitabilidad. La unificación de centros, que afectará a unos 20.000 estudiantes en municipios como Gibara, Antilla, Banes y Rafael Freyre, responde directamente a la falta de profesores dispuestos a trabajar bajo los actuales salarios y condiciones de vida.
El abandono institucional ha obligado a clausurar definitivamente instituciones emblemáticas como la secundaria básica Dagoberto Sanfield, cuyo estado de ruina hace inviable cualquier reparación, según reconoció el propio funcionario. Otros centros han sido reconvertidos en instalaciones de distinto uso o han visto fusionados sus anexos, trasladando a los alumnos a instalaciones lejanas. Esta reorganización forzosa incluye la creación de centros mixtos y la integración de niveles de enseñanza, como ocurrió en el instituto técnico Manuel Isla, en Cacocum, evidenciando la improvisación burocrática ante la emergencia.
El colapso educativo como síntoma de la crisis sistémica
La situación en Holguín, la provincia con mayor cantidad de instituciones de Educación General en el país —con más de 131.000 estudiantes previstos para septiembre—, es un reflejo del desmoronamiento sistémico que atraviesa Cuba. El éxodo migratorio masivo ha privado a la nación de miles de profesionales, incluyendo a los maestros, quienes optan por emigrar o cambiar de sector ante la incapacidad del régimen de La Habana para ofrecer salarios dignos que compensen la hiperinflación y el desabastecimiento crónico de bienes básicos.
Las consecuencias de este desmantelamiento educativo recaerán directamente sobre la formación académica de las nuevas generaciones, profundizando la brecha de desigualdad y el deterioro del capital humano en la isla. Mientras la dictadura cubana continúa priorizando el control político y la represión social sobre el bienestar ciudadano, el sistema educativo, otrora orgullo del aparato propagandístico estatal, se desploma sin soluciones a la vista, dejando a la infancia y juventud cubana como las principales víctimas de esta crisis estructural.
